Macri concretó el sueño liberal de crear una agencia del deporte

• Por Osvaldo Jara
•   31 de Enero de 2019

Luego de un proceso de vaciamiento de las iniciativas creadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para promover el desarrollo del deporte de base y promocionar el crecimiento y la inclusión de jóvenes deportistas de todo el país, el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear la Agencia de Deporte Nacional (ADN), en reemplazo de la Secretaría de Deporte de la Nación, un organismo diseñado para abrirle la puerta a los negocios inmobiliarios.

La asunción de Diógenes de Urquiza al frente de la Secretaría, a fines del año, profundizó el perfil liberal de la gestión del pampeano Carlos Mac Allister. En sus primeras declaraciones a la prensa había dejado trascender que intentaría atraer el “aporte de privados”. Dicho y hecho. La ADN es la llave que le permite al Gobierno nacional desguazar material y conceptualmente las políticas públicas para promover y desarrollar el deporte nacional.

La ADN dependerá de Presidencia de la Nación y estará a cargo del director ejecutivo Diógenes de Urquiza, que tendrá total atribución ejecutiva sobre el organismo, a pesar del funcionamiento de un Consejo Consultivo, integrado por los titulares del área de Deportes de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un representante del Comité Olímpico Argentino (COA), un representante del Comité Paralímpico Argentino, y dos representantes del Congreso Nacional (uno de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y otro de su par de la Cámara de Senadores). Este consejo elimina el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física y el Consejo Nacional del Deporte (CONADE), ambos votados en instancias parlamentarias.

La metamorfosis
Mientras el sistema de medios oficialista explica “objetivamente” las modificaciones realizadas con el decreto presidencial, solapan uno de los puntos más alarmantes del nuevo organismo: la posibilidad de generar negocios para terceros y rematar los bienes del deporte argentino.

El artículo 6 de decreto estipula los recursos con que se va a financiar la agencia, y le abre la puerta a futuros gerenciadores y/o venta de bienes que pertenecen al patrimonio de todos los argentinos. En el punto C se establece la explotación de “bienes muebles y de los servicios arancelados”. Asimismo, se otorgan facultades para disponer de la suerte de todos los inmuebles que están bajo su órbita. En esta línea se encuentra la posibilidad de “ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios”.

Estas implementaciones se realizan bajo el argumento de que hay que generar ingresos para obtener aportes dinerarios de los privados. Sin embargo, las verdaderas razones hay que encontrarlas el usufructo de esos mismos ingresos, ya sea concesionando o comprando valiosas tierras a cargo de la ahora flamante ADN. Se trata de espacios pertenecientes el deporte argentino que pueden ser puestos a remate con la simple aprobación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Son conocidas las intenciones de la Alianza Cambiemos de vender las tierras del CENARD y el Instituto Nacional de Educación Física Romero Brest. Estos emprendimientos inmobiliarios cuentan con el apoyo decidido del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, quien está ligado a un grupo empresario que se hizo de los terrenos del Tiro Federal, por medio de una ley sancionada por el PRO en la legislatura porteña. Tanto Werthein como Diógenes de Urquiza forman parte de la conducción del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

En el catálogo inmobiliario de la Agencia también figuran otras instalaciones como el Estadio Nacional de Béisbol, la Pista Nacional de Remo de Tigre y un predio en la localidad de Esteban Echeverría. Se estima que la ADN tiene a disposición, aproximadamente, ochocientas hectáreas.

Perfil ideológico
La conformación de este nuevo organismo no se reduce únicamente a futuros negocios comerciales y/o inmobiliarios. Denota claramente una perspectiva ideológica que tiene que ver con una conducción centralista, alejada de la participación democrática de todos los sectores del arco deportivo. Esto se puede verificar en la eliminación de organismos colectivos que demandaban la participación de diversos actores, entre los cuales se encontraban las organizaciones libres del pueblo. El caso más claro tiene que ver con el ahora desechado Consejo Nacional del Deporte, constituido por asociaciones civiles de representación nacional, del deporte laboral, del deporte adaptado, del deporte de adultos mayores, del deporte universitario, entre otros. De la misma manera debemos entender la eliminación de los consejos regionales y municipales.

La creación del nuevo ente trae consigo la anulación total y parcial de algunas leyes importantes. Una de ellas es la ley 27.201 que crea el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (ENADED), quien entre otras funciones tiene a su cargo la implementación de la Asignación Universal por Deporte. Aparte, la Agencia tendrá a su cargo al ENARD, creada a en 2009 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, un organismo autárquico conformado por el Comité Olímpico Argentino (COA), y el Estado Nacional. Fue la administración Macri quien le quitó los recursos genuinos a través de la derogación de un inciso de la ley 26.573 que establecía el cobro del 1% de un impuesto a la telefonía celular.

De esta manera, todas las estructuras organizativas de la ex Secretaría de Estado son reemplazadas por la ADN, que tendrá plenos poderes para disponer de las políticas deportivas nacionales: desde los programas de deporte social, hasta el otorgamiento de becas y el alto rendimiento.

El decreto de Macri tiene un claro perfil ideológico, ya que deja a la política pública de promoción del deporte bajo una conducción lineal, lejana a cualquier instancia democrática y participativa. Denota también el desprecio que el espacio político gobernante tiene con la democracia, y las instancias institucionales de debate legislativo, como el Congreso, al apelar, de modo autoritario, a un decreto que no tiene necesidad ni urgencia. Por último, no se puede soslayar la participación de Fernando Marín en la redacción de este proyecto. Se trata nada menos que del vaciador del Programa Fútbol Para Todos y, desde hace un tiempo, asesor de Mauricio Macri en el ámbito deportivo.