Para que la justicia asome

• Por Fernando Latrille
•   16 de Agosto de 2026

Fue el jueves 6 de agosto cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió después de casi 9 años —el recurso de queja fue presentado el 11 de septiembre de 2017— revocar el sobreseimiento de los jueces y asesores de menores que intervinieron en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada y que ahora podrán ser juzgados.

Tras el rechazo del recurso por parte de Carlos Rosenkrantz y Huevo Duro (personaje de la historieta Condorito) Ricardo Lorenzetti, clara falta de consenso de la decrépita Corte, hizo que su presidente Horacio Rosatti tuviera que integrar el tribunal con los conjueces Carlos Vallefin y Richard Gallego para reabrir la investigación de lesa humanidad.

El periplo judicial para investigar la responsabilidad de jueces y asesores de menores que intervinieron en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada comenzó con la fiscalía federal de San Nicolás, por entonces a cargo de Juan Patricio Murray, quien requirió al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que citara a indagatoria a Juan Carlos Marchetti, por entonces Juez de Menores de San Nicolás durante la dictadura cívico militar que junto a los asesores de menores tramitaron la guarda y la adopción. Villafuerte Ruzo denegó el pedido y sobreseyó.  

Tanto fiscalía como querellantes apelaron su sobreseimiento ante la Cámara Federal de Rosario, que lo revocó en 2011 y dispuso una serie de medidas. La defensa de Marchetti interpuso recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). En casación revocaron esa decisión y sobreseyeron. Como fiscal de Casación, Javier de Luca interpuso recurso extraordinario federal, que no fue concedido. Fue así que Javier de Luca presentó recurso de queja ante la Corte, acompañado por el dictamen del procurador General de la Nación, Eduardo Casal y después de casi nueve años, la Corte revocó lo resuelto por Casación. El trabajo de las querellas, Abuelas de Plaza de Mayo, también del Ministerio Público Fiscal, fui importante en la búsqueda de justicia.

El caso y las responsabilidades de los funcionarios judiciales

Manuel es hijo de Gastón Roberto Gonçalves, detenido y desaparecido en Zárate en marzo de 1976 y Ana María del Carmen Granada, que tras el secuestro de su compañero huyó a San Nicolás y se alojó en la vivienda en la que estaba la familia Fettolini-Amestoy. Ana María del Carmen cambió su identidad y el apellido de Manuel de cinco meses, para resguardo de ambos.

En ese hogar de la ciudad de San Nicolás se encontraba la pareja formada por María del Carmen Fettolini y Omar Darío Amestoy, junto a sus dos hijos, María Eugenia, de cinco años, y Fernando, de tres. El 19 de noviembre de 1976 se produjo la llamada Masacre de la calle Juan B. Justo 676 de San Nicolás. Un operativo del Ejército, policía bonaerense y Federal atacaron la vivienda asesinando a María del Carmen al matrimonio Amestoy y sus hijos.

Manuel fue hallado con vida dentro de un ropero y trasladado al hospital provincial San Felipe de esa ciudad. Fue la mamá de Manuel quien lo introdujo en ropero como último acto protector de su vida. María Eugenia y Fernando estaban resguardados en el baño, lugar cerrado donde no entraban las ráfagas de metrallas, pero sí los gases lacrimógenos.

María Eugenia llegó viva al hospital de San Nicolás, pero murió allí. Manuel, único sobreviviente, estuvo cuatro meses en el hospital. Todo el barrio supo que de esa casa habían sacado un bebé con vida. El plan sistemático de robo de bebés de la dictadura era lo que le esperaba a Manuel, que como recordó el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, “permaneció internado durante tres meses con custodia policial, a disposición del entonces juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, con la intervención del asesor de menores Juan Carlos Magni”.

Una fotografía —donde no se precisa la fecha, se presume, fines de 1976, principios de 1977— muestra a un policía que sostiene en sus brazos a Manuel. Esa foto está en una de las paredes de la Casa por la Identidad de Abuelas. El policía que lo sostiene en brazos lo presenta para que en esa captura fotográfica se lo aprecie bien. Ese bebé será entregado. Mostrar al niño a quienes se lo quedaron, pareciera el objetivo de la foto.

 Manuel en brazos de un policía.

La intervención del juez de Menores Juan Carlos Marchetti para que salga rápidamente de ese escenario resultó clave. En febrero de 1977 concedió la guarda provisoria del bebé a la pareja, conformada por Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez que eran íntimos amigos del marido de la prima de Marchetti, Eduardo Ernesto Larrañaga, que ofició incluso de padrino de bautismo de Manuel.

Como bien informó Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado sobre el revocamiento del sobreseimiento de los responsables, una vez que Manuel quedó bajo guarda del juez Marchetti “se activó un engranaje de ocultamiento. A pesar de que en 1978 diversos organismos de derechos humanos acudieron al juzgado buscando a hijos de desaparecidos, Marchetti jamás informó que había tenido bajo su órbita la custodia del niño”, todo lo contrario “en un trámite exprés y sin agotar las diligencias necesarias para identificar al niño y ubicar a sus familiares, el 15 de febrero de 1977, el juez entregó la guarda provisoria de Manuel al matrimonio compuesto por Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, que tenían vínculos familiares con el propio magistrado. La maniobra estaba expresamente prohibida por la normativa vigente”. Clara irregularidad e ilegalidad. Pero Marchetti no fue el único, recuerda Abuelas de Plaza de Mayo.

Dado que, “en 1981 la pareja obtuvo la adopción plena por disposición del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Delfín Castro y con la intervención del asesor de menores Francisco García Cortina. El expediente de guarda encuentra numerosas inconsistencias e irregularidades que permiten inferir conocimiento del juez interviniente sobre la verdadera identidad de Manuel, sin embargo, hizo entrega del niño al matrimonio Novoa-Rodríguez”. De esa manera, el accionar de los funcionarios judiciales fue una maniobra de sustitución de identidad de Manuel.

“En 1995 — precisa el comunicado de Abuelas—, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a través del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas los restos de Ana María que se encontraron en el osario público del Cementerio de San Nicolás. Ese mismo año, el EAAF localizó a Manuel”. Fue así, que “en 1997, el joven se realizó los análisis inmunogenéticos que confirmaron que es hijo de María del Carmen Granada y de Gastón Roberto José Gonçalves -secuestrado, torturado y asesinado por el ex comisario Luis Abelardo Patti en 1976. Manuel restituyó su verdadera identidad y pudo reencontrarse con su familia. Desde entonces se sumó a la lucha por encontrar a otros nietos y nietas desaparecidos y hoy es el secretario de Abuelas de Plaza de Mayo”.

Es un tema terminado, decía Marchetti

“Es un tema ya terminado”, decía en 2021 Juan Carlos Marchetti cuando abordado —por quien escribe— negaba que el Poder Judicial todavía no había definido si debía ser llamado a indagatoria por su desempeñó como Juez de Menores de San Nicolás durante la dictadura cívico militar a la cual sirvió, cuando entregó la guarda del bebé, único sobreviviente de la masacre de calle Juan B. Justo de San Nicolás el 19 de noviembre de 1976, Manuel Gonçalves Granada, a una pareja amiga de su prima.

- Tengo entendido que existe un recurso federal ante la Corte - retruqué al asunto “terminado”, que Marchetti deseaba, pero que no había concluido.

- Lo único que hay es un recurso de queja  -  decía el ex juez de Menores de la dictadura, restándole importancia.

“Es un tema ya terminado”, respondía Marchetti ante la consulta. “El recurso extraordinario fue desestimado por la Cámara Federal de Casación Penal, no lo concedieron, lo único que hay es un recurso de queja”, le quitaba importancia, pero a pesar de los años transcurridos la taba a su favor se le dio vuelta.

También, en ese abordaje en 2021, le trasladaba a Marchetti que Abuelas de Plaza de Mayo había estado ante su juzgado de menores y hubo incluso contacto posterior. Ante la consulta, Marchetti dijo primero que sí y luego que no, y se disculpó para huir raudamente de la conversación, siempre llamándome “estimado amigo”, como quien pretende huir con cortesía desmesurada, para supuestamente retomar su reunión virtual.

Marchetti fue un hombre de la dictadura cívico militar y hoy es representante legal de grandes empresas contaminadoras de la zona, como ATANOR, Ternium-Siderar. También representando a la empresa prestadora de energía EDEN. Es abogado de la UOM seccional San Nicolás que conduce Brunelli.  Juan Carlos Marchetti es abogado defensor de la familia Passaglia de San Nicolás. Defiende los intereses del diario Passaglia-Ondarcuhú El Norte. Hace poco se lo vio a Marchetti activo junto al estudio Ondarcuhú, representando al director del diario —ex funcionario PRO—, Fernando Curas, demandado por injurias a un abogado especialista en derecho ambiental. 

En estos días intenté sin resultado hablar con Marchetti. Quería, pretendía, saber si le iba a restar importancia al revocamiento de su sobreseimiento y de otros funcionarios judiciales más que con su obrar en dictadura le impidieron a Manuel conocer su verdadera identidad por 20 años. No hubo respuesta de su parte. Deberá ensayar mejores argumentos. Marchetti es un hombre grande, aunque activo y con poder, aparenta menos edad que la que tiene. Se verá si el Poder Judicial se digna a brindar justicia que es lo que espera Manuel Gonçalves Granada.

La palabra de Manuel

“Sentí, entiendo yo, un alivio o algo parecido — porque esto no ha terminado — y mi vida está casi signada por estas cruzadas en búsqueda de justicia que me han llevado más de veinte años”, comienza expresando Manuel Gonçalves Granada sobre sus sentimientos al enterarse de la resolución de la Corte. “Este era un asunto pendiente. Porque la causa por mi mamá, la causa por mi papá ya son juicios terminados, con todo lo que se pudo probar y todo lo que se pudo lograr en materia de justicia, para que algunos de los responsables —que son la mayoría en esos hechos—, sean juzgados y condenados. Y esta causa era difícil —si bien todas fueron difíciles— porque tenía la particularidad por la osadía de querer que el Poder Judicial investigue a miembros de su propio seno”, analiza en profundidad Manuel con respecto a las razones de la demora.

En ese sentido, el secretario de Abuelas de Plaza de Mayo dice que “eso es lo complejo”, del caso. “Y el tiempo transcurrido, el haber tenido que llegar hasta la instancia de la Corte, demuestra lo complejo que es pretender que responsables como jueces y asesores de menores, que fueron los que tuvieron responsabilidad, sean juzgados”. Explica que “no es una opinión nuestra. Está claro lo que se hizo y lo que no se hizo. Está documentado por el propio sistema judicial y por los expedientes en que se tramitó mi adopción”, sostiene Gonçalves Granada sobre las pruebas sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales en su apropiación. “Los crímenes de la dictadura no fueron solo de personas con uniforme, vestidas de policía, de militares. Hubo mucha complicidad civil y de agentes públicos que tenían que haber obrado de otra manera”, precisa.

Manuel realiza una reflexión aguda, pertinente y con argumento demoledor sobre la responsabilidad de los jueces y asesores de menores que actuaron en su caso: “Hasta yo puedo lograr entender que, en un momento, en esa circunstancia bajo un régimen dictatorial no hayan podido [en referencia al ex titular del Juzgado de Menores del Departamento Judicial de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti; el ex magistrado Juan Delfín Castro y los ex asesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina] hacer todo como se debía. Lo puedo llegar a entender en algún punto. Pero lo que no voy a poder entender y nunca aceptar es que con la vuelta de la democracia ninguno de ellos haya querido corregir esa situación”.   

Manu es padre y, desde hace poco tiempo, abuelo.

Y su reflexión Manuel la profundiza al expresar que esa actitud de no haber dicho nada por parte de esos ex funcionarios judiciales una vez recuperada la democracia, “lo único que hace es afirmar que lo que hicieron lo sostienen. Como los genocidas sostuvieron sus crímenes. Ninguno dijo, ‘bueno, me arrepiento. Acá están sus nietos, acá están los restos de su hijo’, no. Es sostener la negación en el tiempo”. Y así evalúa fue el comportamiento “por parte de todos estos funcionarios judiciales hizo que no sólo pierda mi identidad y tenga que emprender una vida —otra — que no era la que debía haber tenido si me criaba con mi familia biológica, sino que condenó a mi familia a buscarme más de 20 años”.

Gonçalves Granada refiere que esa injusticia que padeció no solamente lo afectó a él, sus familiares que lo buscaron dos décadas, sino a su descendiente. Porque ese delito se extendió afectando la identidad de su hija. “Yo tuve después una hija que tuvo dos apellidos hasta que pudimos restituir la identidad. Con 5 años vivió con dos apellidos y después tuvo que aprenderse otro. En ese ejemplo se ve cómo se prolongó el delito en mi vida.  Porque en definitiva la sustitución de identidad de una persona, la apropiación, el ocultamiento, es delito de acción continua que se comete todo el tiempo hasta que cesa”. Esa prolongación de sustitución de identidad, subraya “no solamente llegó a mi vida sino a la de mi hija”.

Al cumplirse 50 años de la dictadura cívico militar el diálogo con Manuel no solamente es importante por la buena noticia que permite se pueda investigar el accionar de los funcionarios judiciales en la guarda y adopción ilegal, que es delito de lesa humanidad que seriamente debería juzgarse, sino que como secretario de Abuelas de Plaza de Mayo su mensaje es claro para aquellos que por ignorancia o malintencionadamente buscan situar al hablar de lo sucedido en la última dictadura cívico militar del 24 de marzo de 1976, como pasado. Manuel señala: “Todos los crímenes que la dictadura llevó adelante están vigentes porque los desaparecidos siguen desaparecidos, a los bebés robados seguimos buscándolos”.

De esa manera, sostiene y azuza: “¿Por qué hasta el día de hoy no sabemos dónde están los desaparecidos con vida, que entendemos están con vida porque en la mayoría de los casos así fue, que son esos bebés robados durante la dictadura, que son hoy hombres y mujeres cercanos a los 50 años que no saben su verdadera identidad? Porque hay gente que lo calla”. Y concluye. “Hay gente que sostiene ese robo todos los días desde hace más de 50 años. Por eso es sumamente vigente todo el daño que la dictadura nos dejó”.