La batalla por YPF

7 de Abril de 2026

Por Víctor Sudamérica

Para comprender la magnitud de lo ocurrido y sobre todo la gravedad de lo que pudo ocurrir es necesario abandonar el tiempo inmediato del insulto político y recuperar el tiempo largo de la historia argentina. El de Scalabrini Ortiz y Abelardo Ramos. El de los ferrocarriles vendidos, el petróleo concedido y la soberanía negociada. Ese tiempo, que los medios suelen despreciar, es el único que permite entender por qué YPF no es una empresa. Es una disputa civilizatoria.

La larga derrota: petróleo, dependencia y el fantasma de Scalabrini

Raúl Scalabrini Ortiz dedicó su vida a documentar una tesis que la clase dirigente argentina prefería ignorar: que la dependencia económica no es un accidente de la historia sino su producto más deliberado. En sus análisis sobre los ferrocarriles y la penetración del capital británico en la Argentina, Scalabrini mostró cómo cada concesión de recursos estratégicos al capital extranjero era, en el fondo, una renuncia a la capacidad de autodeterminación nacional, de a poco nuestra soberanía se veía cada vez más dañada.

Mientras que Jorge Abelardo Ramos completó el cuadro: Argentina no había fallado por incapacidad sino por el éxito de quienes necesitaban que fallara. La balcanización, la entrega de los recursos naturales, la aceptación de la lógica del acreedor como lógica del Estado: todo formaba parte de un patrón que se repetía con la puntualidad de un ciclo fatal.

En estos dos análisis se explica que el gobierno actual no es producto de un error histórico, es la consecuencia de representantes cipayos que se expresaron a lo largo del tiempo en nuestra revolución inconclusa.

La estatización parcial de YPF en 2012 rompía, al menos nominalmente, ese ciclo. Repsol había reducido la producción de petróleo un 50% y la de gas un 40%. Argentina pasó de exportadora a importadora neta de energía, dilapidando reservas en divisas para comprar en el exterior lo que se había dejado de producir adentro. 

El Estado recuperó el control del 51% de la compañía aplicando la Ley de Expropiación —norma soberana superior a cualquier estatuto privado— y apostó a Vaca Muerta como reserva estratégica de largo plazo. Esto sucede en ciclos de liberación que coinciden en que la política conduce la economía y pone los recursos al servicio del pueblo

Hoy, esa apuesta produce resultados que habrían parecido impensables hace una década: Argentina registra récords de exportación de petróleo y gas, provincias como Neuquén se han convertido en polos de empleo de calidad, y el sector energético es, paradójicamente, uno de los pilares del esquema de estabilización del gobierno que más ha vilipendiado aquella decisión. 

Aquella política estratégica que fue el resultado de años donde además de la visión Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Axel Kicillof se encuentra la mano de Julio De Vido.

El doble juego: la "voluntad de pago" como traición de Estado

Mientras los abogados del Estado argentino argumentaban en Manhattan que la expropiación de 2012 fue un acto soberano y legal y que la ley del Congreso prevalece sobre el estatuto privado de una empresa, según la pirámide kelseniana que finalmente convenció a la Cámara, el presidente Javier Milei emitía desde Buenos Aires señales exactamente opuestas.

Milei calificó públicamente la operación como un "robo". Manifestó una explícita 'voluntad de pago' ante el fondo Burford. Propuso la creación de la llamada "Tasa Kicillof": un bono perpetuo destinado a pagar una sentencia que aún no existía, diseñado con el único propósito de que la opinión pública asociara el costo financiero con la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, ministro de Economía durante la expropiación y principal candidato opositor de cara a 2027. Es decir, la diplomacia del buen cipayo.

La maniobra desnuda una lógica que Scalabrini habría reconocido de inmediato: la de las élites locales que encuentran más rentable alinearse con los intereses del capital externo que defender el patrimonio colectivo. Lo que en el siglo XIX era la entrega de los ferrocarriles al capital británico, en el siglo XXI es la entrega de la estrategia de defensa del Estado a un fondo de inversión anglosajón especializado en litigios. La forma cambia; la estructura, no. Los intereses de los antinacionales siguen siendo los mismos.

Según fuentes citadas en el análisis del periodista Carlos Pagni, el gobierno de Milei mantuvo reuniones directas con la cúpula de Burford y mostró disposición al pago incluso cuando la Cámara ya estaba deliberando. Especialistas en derecho constitucional advierten que tildar de 'ilegal' un acto del Congreso mientras ese acto está siendo defendido en tribunales internacionales equivale a regalarle al adversario la confesión de parte que necesitaba para reabrir la demanda en el CIADI.

El economista Emmanuel Álvarez Agis fue contundente: sin la estatización de 2012, Argentina estaría hoy "al borde de la cornisa", especialmente en un contexto de precios internacionales del petróleo elevados y de necesidad crítica de divisas. El gobierno que maldice la herramienta vive, simultáneamente, de sus rentas. Paradojas alocadas del liberalismo cipayo.

El fallo y sus arquitectos: cuando la ley argentina venció a Wall Street

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la condena de 16.000 millones de dólares con un argumento que cualquier jurista formado en la tradición continental habría considerado elemental: una ley del Estado prevalece sobre el estatuto privado de una empresa. Algo tan sencillo como comprender la realidad. La expropiación fue un acto soberano, ejercido dentro del marco de la ley argentina. Los accionistas afectados —en este caso, el grupo Eskenazi y luego el fondo Burford, que compró por 15 millones de dólares la acción judicial de una empresa en quiebra— debían haber impugnado la adquisición en la asamblea de la compañía en su momento. No lo hicieron. Un tiro para el lado de la justicia.

El argumento del jurista Rafael Manóvil fue decisivo: el Estado nacional, al estatizar el 51% de las acciones de Repsol, no actuó como un socio más dentro de la lógica societaria, sino como un agente externo que ejercía una facultad soberana. Esa distinción, entre el Estado como actor político y el Estado como accionista, fue la que convenció a los camaristas de Nueva York de abandonar la tradición de 'sacralización de los contratos privados' característica de Wall Street.

El fallo llegó facilitado, según el análisis de Pagni, por una "palanca diplomática" adicional: la presentación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como amicuscuriae a favor de la posición argentina, argumentando que Argentina es un aliado estratégico y que mantener la condena original podría perjudicar los propios intereses norteamericanos en terceros países. Robert Giuffra, uno de los socios del estudio Sullivan & Cromwell que defiende a la Argentina, es también abogado personal de Donald Trump. La geopolítica, como siempre, no es ajena al derecho.

El periodista Ernesto Tenembaum lo formuló con precisión incómoda: el fallo valida taxativamente la estrategia legal que diseñó Kicillof en 2012. Las acciones de YPF subieron. Las de Burford se desplomaron. Y el valor de la compañía en bolsa hoy es el triple de lo que el Estado pagó por ella en el momento de la expropiación. YPF es sinónimos de una Argentina grande, a pesar del que el oficialismo tenía intenciones de privatizarla.

La paradoja ideológica: vivir del Estado que se promete destruir

Abelardo Ramos describió en su obra la recurrente tragedia de las burguesías latinoamericanas: incapaces de cumplir el rol histórico que las europeas cumplieron en la construcción de los Estados nacionales, terminaban subordinando el interés nacional al interés del capital internacional al que aspiraban pertenecer. La paradoja argentina de 2025 es una variante actualizada de ese diagnóstico.

El gobierno de Milei celebra el superávit energético como uno de los pilares de su gestión. El ministro Luis Caputo destaca la producción de Vaca Muerta como motor fundamental de la economía. Las divisas que YPF genera son las que sostienen el esquema cambiario. Y, sin embargo, el mismo gobierno que administra esos beneficios mantiene un discurso en el que la estatización de 2012 fue un 'robo', una 'confiscación ilegal', un acto de irresponsabilidad que habría costado doce años de inversiones extraídas.

Milei calificó la expropiación como un robo; ahora, celebra.

La contradicción no es accidental. Responde a la misma lógica que describe Roberto Navarro en su análisis: el gobierno habría preferido perder el juicio para convertir los 16.000 millones de dólares en un misil político contra Kicillof. El interés partidario como prioridad sobre el interés del Estado. La interna electoral de 2027 como criterio de la defensa nacional.

Scalabrini Ortiz escribió alguna vez que la historia argentina es la historia de una clase dirigente que nunca aprendió a distinguir entre sus intereses y los del país. La frase tiene hoy una vigencia que incomoda. No porque el diagnóstico sea nuevo, sino porque la repetición del patrón revela que los aprendizajes institucionales son más frágiles de lo que las democracias suelen admitir.

La confianza y la transparencia: el nudo que el fallo no deshace

El analista Carlos Pagni cierra su editorial con una advertencia que va más allá del caso YPF: la confianza económica que Argentina necesita para sostener cualquier programa de estabilización depende de una transparencia institucional que los actuales manejos políticos y las designaciones de magistrados parecen poner en duda.

El fallo de Nueva York fue, en parte, un alivio extraordinario. Pero el riesgo no ha desaparecido. Las declaraciones públicas de funcionarios admitiendo "ilegalidad" en la expropiación son documentos vivos que Burford puede utilizar si decide llevar la demanda al CIADI. La victoria jurídica fue obtenida a pesar de la estrategia política del gobierno, no gracias a ella.

Y aquí emerge la pregunta que la coyuntura no suele hacerse con suficiente seriedad: ¿qué tipo de Estado es aquel que necesita que sus adversarios ganen para satisfacer sus objetivos electorales? La respuesta, si se la formula honestamente, no pertenece solo al debate sobre YPF. Pertenece al debate sobre la naturaleza del vínculo entre el poder político y el interés colectivo en Argentina.

Ese debate —el que atraviesa a Scalabrini, a Ramos, a los debates de la segunda mitad del siglo XX sobre la industrialización, la dependencia y la soberanía— sigue abierto. Y el caso YPF, con toda su carga de drama judicial, maniobra política y paradoja económica, es apenas su versión más reciente.