Milei, Bullrich y Stornelli: Delitos organizados y detenciones ilegales

• Por Eduardo Jesús
•   15 de Junio de 2024

En una escalada de autoritarismo de enorme gravedad institucional por parte del gobierno libertario -y del PRO-, amparada por los grandes medios de comunicación, durante las últimas 48 horas el Poder Judicial legitimó detenciones ilegales, con una venda en los ojos para no identificar a quienes cometieron los hechos de violencia mas graves en la tarde del miércoles pasado en los alrededores de la Plaza Congreso, mientras en el Senado se debatía la Ley Bases.

Se trató de dos caras de la misma moneda: por un lado el envío de parte de un dispositivo estatal de un grupo de encapuchados -sin pertenencia partidaria- a realizar graves disturbios a la vista de los móviles de la televisión y reporteros gráficos, y por el otro, la consecuencia lógica de este Estado ilegal. Esto es: en lugar de detener y juzgar a quienes realizaron los disturbios y afectaron la propiedad que tanto le importa al gobierno y sus voceros, aparte de la integridad física de otras personas, detuvieron a 32 personas que estaban manifestando su rechazo a la sanción de la Ley Bases, o ganándose la vida con la venta ambulante de empanadas. Incluso se vieron imágenes de la violenta detención de una persona en situación de calle. A todos ellos, aparte de imputarle los graves disturbios que cometieron “los servicios”, se les adjudicó delitos contra el orden constitucional como sedición y terrorismo.

Se trata de una serie de decisiones institucionales de un régimen fascista que pone en riesgo nuestra democracia. Los dos grandes responsables fueron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el fiscal federal, ex prófugo de la justicia, y comprobado corrputo, Carlos Stornelli. Y todo enmarcado en un plan sistemático, ya que no se trató de respuestas policiales a delitos que cometió un grupo de personas, sino que el objetivo fue generar graves desmanes a la vista de todo el mundo para justificar una represión desmesurada que, por otro lado, sirvió para seguir fidelizando al electorado propio. De esta manera, la defensora y apologista de genocidas, Victoria Villarruel, podría mencionar en su discurso que daría en el estrado del Senado, el argumento nostálgico de las fuerzas armadas represivas de la década del 70 para justificar la tortura y la desaparición forzada de personas.

El gobierno sabía desde temprano que la vicepresidenta iba a desempatar la votación. Desde temprano entonces planificaron con astucia diabólica el plan perverso. Provocación, represión, discurso de Villarruel contra los disturbios para aprobar la ley y comunicado del gobierno hablando de terrorismo y golpe de Estado.

La presión social de los organismos de ddhh y militantes de distintas agrupaciones y partidos políticos fue clave para lograr la liberación de la mitad de los detenidos.

Terrorismo es un ponerse al frente de un Estado avasallador de derechos, que propone leyes que solo benefician a los sectores dominantes de la Argentina, y hambrea al pueblo. Terrorismo es crear un falso clima destituyente que justifique violaciones de derechos a mansalva. Terrorismo es justificar la represión y el ajuste económico que se refleja en cifras desoladoras. Terrorismo es atemorizar a la población para que no se le ocurra ejercer su derecho a la protesta y defienda lo poco que le queda.

Durante toda la jornada del viernes 14 de junio circularon videos con las detenciones arbitrarias en los alrededores del Congreso. También se viralizaron los testimonios de sus familiares, que relataron los detalles de las detenciones de sus seres queridos: una profesora de Historia, un músico, una familia que vendía empanadas. Hubo concentraciones y conferencias de prensa frente a la sede del SERPAJ, y el ingreso de los tribunales federales de Comodoro Py, de las que participaron diputados nacionales, legisladores y referentes de organizaciones políticas, sociales y derechos humanos.

Durante las últimas horas de la tarde, el escándalo y la angustia de los familiares y amigos ya había ganado portales de noticias y programas de radio y streaming, y la presión social y política seguía en aumento. Finalmente, pasadas las diez de la noche, la jueza federal Servini de Cubría ordenó la liberación de la mitad de los 35 detenidos.

A partir de ahora, los integrantes de la justicia federal tienen dos obligaciones, que se deben reclamar con firmeza, a los gritos. 1: que no le achaquen a los manifestantes detenidos –o ahora liberados- delitos que no cometieron, ni tampoco delitos federales como sedición. 2: Investigar y sancionar a los responsables de organizar y ejecutor los graves desmanes que se vieron en la tarde del miércoles, con autos incendiados y dados vueltas, la quema de una estación de bicicletas del gobierno porteño o la rotura de bienes públicos, y que a esas personas, se las juzgue debidamente, con todas sus garantías procesales.

Sin la resistencia y denuncia que realizan los familiares y amigos de los detenidos, abogados, organizaciones de derechos humanos y referentes de la política, es muy probable que Bullrich y Stornelli se salgan con la suya: pisotear la Constitución y abolir el derecho a la protesta.