Del lado de la vida y del lado del veneno

• Por Fernando Latrille
•   2 de Marzo de 2026

- ¿Abuelas de Plaza de Mayo visitó el juzgado? 

- Sí, sí, sí…No, no…Perdón. Las Abuelas de Plaza de Mayo no. No, las Abuelas de Plaza de Mayo en ese momento no tenían conocimiento del tema ni yo tampoco.

No fue un interrogatorio en un llamado a indagatoria al actual abogado nicoleño Juan Carlos Marchetti, sino un abordaje por parte de quien escribe a quien fuera juez de Menores de la ciudad de San Nicolás, responsable por haber impedido durante veinte años que Manuel Gonçalves Granada conozca su verdadera identidad, luego de haberlo entregado a amigos del marido de su prima, en 1977.

El 24 de marzo se cumplen 50 años de la dictadura cívico militar y Juan Carlos Marchetti es la prueba fiel de la pata civil que ha esquivado el banquillo de acusados por su responsabilidad con aquella dictadura de Videla de la que fue funcionario y responsable de supresión de identidad.

Es abogado y representa a grandes empresas como la prestadora y cortadora de energía EDEN; la empresa contaminadora ATANOR; la empresa Ternium Siderar, de la transnacional luxemburguesa Techint, que comanda el miserable Paolo Rocca; y también abogado del clan nicoleño Passaglia.

Actualmente, Juan Carlos Marchetti es defensor de cinco acusados en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario que juzga a siete productores del agro y dos funcionarios públicos de la ciudad de Pergamino por fumigación con agrotóxicos en campos linderos a zona urbana.

Juan Carlos Marchetti siempre demostró estar del lado del veneno dictatorial. Fue juez de menores de San Nicolás durante la dictadura. También fue juez penal de San Nicolás e intervino y dispuso la prisión preventiva de Luis Abelardo Patti y los policías que asesinaron a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983, para sobreseerlos dos meses después.

Juan Carlos Marchetti: juez de Menores durante la dictadura, y en la actualidad, abogado defensor de cinco acusados en un juicio por daños con agrotoxicos.

Su accionar como juez de menores fue igual de nefasto. Impidió a Manuel Gonçalves Granada conocer su identidad. Manuel es hijo de Gastón Roberto Gonçalves, detenido y desaparecido en Zárate en marzo de 1976 y Ana María del Carmen Granada, que tras el secuestro de su compañero huyó a San Nicolás y se alojó en la vivienda en la que estaba la familia Fettolini-Amestoy. Ana María del Carmen cambió su identidad y el apellido de Manuel de cinco meses, para resguardo de ambos.

En ese hogar se encontraba la pareja formada por María del Carmen Fettolini y Omar Darío Amestoy, junto a sus dos hijos, María Eugenia, de cinco años, y Fernando, de tres. El 19 de noviembre de 1976 se produjo la llamada Masacre de la calle Juan B. Justo 676 de San Nicolás. Un operativo del Ejército, la policía bonaerense y la Federal en aquella vivienda culminaron con el asesinato de María del Carmen, del matrimonio Amestoy y sus hijos.

Manuel fue hallado con vida dentro de un ropero y trasladado al hospital provincial San Felipe de esa ciudad. Fue su mamá la que lo introdujo allí para salvar su vida. María Eugenia y Fernando, estaban en el baño, lugar cerrado, no entraban las ráfagas de metrallas, pero sí los gases lacrimógenos.

María Eugenia llegó viva al hospital de San Nicolás, pero murió allí. Manuel, único sobreviviente, estuvo cuatro meses en el hospital. En todo el barrio se supo que de esa casa habían sacado a un bebé con vida. Estaba claro que el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura era lo que le esperaba a Manuel, que estuvo custodiado con presencia policial en ese hospital todo el tiempo.

Una fotografía —donde no se precisa la fecha, se presume, fines de 1976, principios de 1977— muestra a un policía que sostiene en sus brazos a Manuel. Esa foto está en una de las paredes de la Casa por la Identidad de Abuelas. El policía que lo sostiene en brazos lo presenta para que en esa captura fotográfica se lo aprecie bien. Ese bebé será entregado. Mostrar al niño, promocionarlo, para ver quién se queda con ese botín de guerra, pareciera el objetivo de la foto.

Manuel en brazos de un policía.

La intervención del juez de Menores Juan Carlos Marchetti para que salga rápidamente de ese escenario resultó clave. En febrero de 1977 concedió la guarda provisoria del bebé a la pareja, conformada por Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez que eran íntimos amigos del marido de la prima de Marchetti, Eduardo Ernesto Larrañaga, que ofició de padrino de bautismo de Manuel.

Las actuaciones para investigar la responsabilidad de Marchetti comenzaron en la fiscalía federal de San Nicolás, por entonces a cargo de Juan Patricio Murray, quien requirió al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que lo citara a indagatoria junto a los asesores de menores que tramitaron la guarda y la adopción. Villafuerte Ruzo denegó el pedido y los sobreseyó.

Tanto fiscalía como querellantes apelaron el sobreseimiento de Marchetti y de otros responsables ante Cámara Federal de Rosario, que lo revocó en 2011 y dispuso medidas. La defensa de Marchetti interpuso recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que lo declaró inadmisible.

Pese a las directivas y los nuevos elementos, Villafuerte Ruzo rechazó el pedido de indagatoria de los imputados y los sobreseyó. Un recurso de queja interpuesto por el fiscal general Javier De Luca duerme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2017. Mientras Marchetti disfruta activamente como abogado por no ser llamado siquiera a indagatoria.

Cuando lo abordé a Juan Carlos Marchetti dijo que Abuelas de Plaza de Mayo no habían visitado su juzgado y que tanto Abuelas como él “no tenían conocimiento del tema”. Si no existiera impunidad y Marchetti fuera indagado y su respuesta fuera la que me brindó, sería acusado por falso testimonio.

Marchetti miente, dado que la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y también como solían llamarse con anterioridad, con el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, se presentaron en el año 1978 ante el entonces Juez de Menores del Departamento Judicial de San Nicolás. Prueba de ello — obra en la causa—, son los testimonios de María Isabel Chorobik de Mariani y Estela Barnes de Carlotto.

Existen motivos suficientes para citar a indagatoria a Marchetti por las irregularidades en las que incurrió en la entrega de la guarda:

• La pareja que formaban Novoa y Rodríguez eran íntimos amigos del marido de su prima, Larrañaga, y estaba prohibido por la ley provincial, no se podía entregar en guarda a un niño a un íntimo amigo de un pariente en ese grado del juez de la causa;
• la guarda provisoria del menor fue entregada a Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, el mismo día que se hicieron presentes en el Juzgado de Menores.
• Tampoco Novoa y Rodríguez estaban legalmente casados al momento de solicitar la guarda, lo que a esa fecha era requisito para ser guardadores con fines de adopción.
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• Marchetti otorgó la guarda judicial “al matrimonio” Novoa-Rodríguez cuando en realidad, dicho estado civil fue adquirido recién el 12 de abril de 1978. Es decir, no estaban casados para obtener la adopción.
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• El juez Marchetti no requirió informe alguno relativo a las condiciones en que se desarrollaba la guarda, lo cual recién fue ordenado tres años más tarde cuando se hizo cargo del tribunal de Menores Dionisio Pedro Irurtia.
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• El juez de Menores Juan Carlos Marchetti no intentó localizar a familiares del niño, recurriendo al Registro Nacional de las Personas que le hubiera permitido establecer que la documentación hallada en esa casa sobre la madre y ese bebé era apócrifa.
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• No solicitó las actuaciones instruidas en el Juzgado Federal, por entonces a cargo del juez Luis Milesi, en las que se investigaban los homicidios que resultaron del operativo en la vivienda de calle Juan B. Justo. De haberlo hecho, le hubiese permitido conocer que todas las personas que habitaban la vivienda tenían su identidad cambiada.

Gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, al Equipo Argentino de Antropología Forense, Manuel recuperó su identidad en 1997, reconstruyó la historia de militancia de sus padres, llevó adelante las causas como querellante para juzgar a responsables del asesinato de su padre y madre.

Manuel batalló con el fiscal Juan Patricio Murray, con la abogada y querellante Ana “Pipi” Oberlin, buscando justicia. Contó para ello, con el apoyo del militante nicoleño de derechos humanos y sobreviviente de la dictadura, José María “Cholo” Budassi, que siempre lo esperaba cuando Manuel llegaba para reconstruir su historia, buscar testigos, dar testimonio y pujar en búsqueda de la verdad.

Así, logró juicio y castigo. Luis Abelardo Patti fue condenado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de San Martín en 2011, junto a otros responsables por el crimen de su padre Gastón Gonçalves. En 2012, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó los crímenes de “La Masacre de la calle Juan B. Justo”. Penas de prisión perpetua para el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, principal responsable, para el coronel Antonio Federico Bossie, y para el entonces jefe de la Delegación de la Policía Federal San Nicolás, Jorge Muñoz.

Pero Juan Carlos Marchetti, que tuvo responsabilidad como juez de Menores de la dictadura al no cumplir con su labor y entregar a Manuel a amigos del marido de su prima, goza de ser un abogado que supo acumular poder representando empresas contaminadoras. Es el actual abogado defensor de cinco acusados en el juicio por agrotóxicos en Pergamino, y sigue estando del lado del veneno.

La lucha de Sabrina

La investigación judicial comenzó siendo impulsada por Sabrina del Valle Ortíz. Tres barrios con campos localizados alrededor de Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida, de Pergamino, fueron afectados. En estos campos destinados a la producción agrícola se aplicaron agrotóxicos, herbicidas y fungicidas que poseen como componente activo el glifosato o sales derivadas del mismo.

Elementos como el 2-4D, atrazina y clorpirifos fueron hallados en pequeñas muestras tomadas en suelo y agua de esos predios. Un estudio realizado como acción judicial, determinó la existencia de un amplio número de moléculas de plaguicidas en suelo y agua, que no resultaba apta para consumo.

Sabrina, una luchadora.

Sabrina comenzó a tener problemas en 2011. Al vivir en zona urbana de Pergamino frente a un campo sembrado de soja que era fumigado con agrotóxicos en forma desmedida. Estaba embarazada de cinco meses y perdió el bebé como consecuencia de una intoxicación por las fumigaciones. Su hija de diez años ya tenía problemas en la piel, y respiratorios. Y su hijo varón también había comenzado con problemas. Sabrina tuvo complicaciones severas, sufrió dos ACV (accidentes cerebrovasculares).

“No podían encontrar de qué se trataba —expresó en diálogo con quien escribe—, tenía una manifestación sintomática que me atacaba las piernas con una infección muy grande sin antecedentes, pero tampoco podían saber el origen”. En 2017, después de mucho andar, establecieron que su hijo tenía osteomielitis crónica recurrente. Después de eso derivaron a la familia del área de infectología a la de toxicología, donde finalmente comenzaron a preguntarles dónde vivían y qué comían.

“Mi hijo ya estaba bastante deteriorado en su sistema inmune y yo presentaba episodios de alteración del sistema nervioso central”. En ese momento, Sabrina Ortiz y sus hijos se hicieron estudios específicos en el laboratorio Fares Taie de Mar del Plata. Los resultados mostraban que su hijo tenía 120 veces más presencia de químicos de lo que tolera un cuerpo normal. Su hija, 100 veces más. Ella, 58 veces más. Desde el municipio de Pergamino les dijeron que los estudios eran truchos.

“Yo no sabía qué hacer. Alguien tenía que ayudarme. Tenía que mudarme. La toxicóloga me había dicho que debía irme porque lo que tenían mis hijos en el cuerpo ya no se iba, tampoco podían seguir acumulando esos valores”. Cuando dejaron de encontrar respuestas Sabrina optó por juntarse con otras mujeres del barrio y coincidir en lo que les estaba sucediendo. “No veíamos los síntomas como hechos aislados, ni a los episodios de leucemia por los que fallecieron varios chicos que vivían a metros de los lugares fumigados”.

A través de la lucha colectiva lograron organizarse. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad que el Municipio pagara los primeros análisis. “Para sorpresa nuestra, lo que nos estaba afectando era producto de la gran cantidad de agrotóxicos que teníamos en el cuerpo”, puntualizó. Tras esa constatación comenzó a realizar presentaciones judiciales, primero provincial y finalmente federal.

“Ante la falta de respuestas, decidí involucrarme un poco más”. Sabrina del Valle Ortiz siendo docente decidió estudiar Derecho y se recibió de abogada, para defender su familia y los derechos vulnerados. “Uno se siente morir una y mil veces cuando pasa esto con los hijos y no tiene respuesta”.

Una vez recibida se matriculó en la provincia de Buenos Aires e impulsó la primera denuncia en el fuero provincial. Cuando vio que la causa no prosperaba se matriculó a nivel federal y presentó la denuncia en el juzgado federal 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Al comienzo, hizo denuncia anónima. Cuando vio que el expediente avanzaba se presentó como querellante. Amplió denuncia, presentó más pruebas, pidió al juzgado amplitud para investigar, que comience a tomar otros casos para entender la causa como colectiva con la inclusión de la gente que estaba afectada en el barrio.

“Desde el gobierno (del intendente Javier Martínez) nunca fuimos escuchadas. Conformamos así el grupo de Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, porque había mucha gente que se preguntaba por qué le estaba pasando eso a su salud sin saber qué era”, expresó Sabrina ante quien escribe.

La causa penal iniciada en 2018, originaria del juzgado Federal de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, unificó expedientes, hechos y denuncias de más de una década de contaminación (2011-2020). Esos expedientes acumulados a requerimiento de la fiscalía que logró en etapa de instrucción acreditar la contaminación con prueba firme y categórica, por la que ahora afrontan el juicio oral los nueve imputados.

El juicio 

El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal n° 2 de Rosario y comenzó el miércoles 3 de febrero. Son juzgados siete productores agropecuarios y dos funcionarios municipales de la ciudad de Pergamino por contaminación y su responsabilidad en el uso de agrotóxicos en campos ubicados en el radio urbano de la ciudad. Los 2 funcionarios municipales, por no cumplir su tarea de contralor.

Los acusados son los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada y funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

Se responsabiliza a Cortese; Reinero Roses; Tiribó; Grattone; Taboada, Daniel y Hugo Sabatini, ser coautores del delito previsto artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Además, a Fernando Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra el padre y sobrino de la denunciante, víctima directa ella y su familia, Sabrina del Valle Ortiz Ortiz. En tanto, las conductas imputadas a Guillermo Naranjo y a Mario Daniel Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las cuatro causas que involucran a los imputados comenzaron a tramitarse después del 2014, a través de las denuncias de vecinas organizadas por verse afectada su salud y la de su familia por las fumigaciones.

El primer día del juicio se desarrolló el miércoles 4 de febrero. El Tribunal está integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz. El fiscal Federico Reynares Solari señaló que se demostrará que la “actividad agropecuaria no empezaba y terminaba en el terreno, en el campo, en la parcela”, sino que “tiene como consecuencia la contaminación de la superficie, del aire y del agua, deriva de pesticidas, la muerte de animales y graves problemas en la salud de los habitantes de la localidad de Pergamino con síntomas comunes, desde afecciones respiratorias hasta enfermedades terminales”, indicó.

Forman parte de la querella, los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, representantes de las denunciantes Sabrina Ortiz (Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos) y Alejandra Bianco (vecina afectada barrio Santa Julia).

Carlos González Quintana dijo que “venimos a hablar en este juicio de agrotóxicos como anclaje a la hora de definir los productos que fueron detectados en el marco de la causa Cortese, Gratone y de los funcionarios públicos”. Dijo que el eje central del debate es “que los productores avanzaban con su actividad sobre las áreas urbanizadas como si fueran extensiones de sus propias parcelas”.

Por su parte, el abogado querellante Fernando Cabaleiro sostuvo que en la “instrucción se pudo acreditar que en la orina hay presencia de agrotóxicos de todos los vecinos y vecinas que viven en los campos aledaños que se han fumigado”. De ahí, que desean plantear el término agrotóxicos por el daño a la salud comprobado y no de fitosanitarios, como ocurre expresado en ordenanzas para hablar de las bondades que tiene en la aplicación al cultivo.

Los abogados defensores hablaron de la inocencia de los acusados, dijeron que los hechos por el que son acusados no son de competencia federal y que no hubo dolo, que solamente se dedicaron a su actividad productiva. El abogado Aquilino José Giacomelli, defiende a Mario Reinero Roces, planteó la culpa y no el dolo del acusado. Juan Carlos Marchetti, abogado defensor de Cristian Taboada; Carlos Sabatini y Hugo Sabatini; Mario Daniel Tocalini y Guillermo Naranjo. Juan Ignacio Tiribó, abogado defensor de Víctor Tiribó. El abogado Alejo Maiztegui defiende a José Luis Grattone. El abogado Raúl Alberto Superti defiende a Esteban Cortese.

Marchetti expresó “que el proceso es una ficción”. Entiende se trató “de una utilización desde el punto de vista ideológico y político. Porque acá, desde el principio todas las publicaciones de los diarios de Pergamino eran diarios, medios periodísticos, adversos a la política de la municipalidad local”. Sobre la inocencia de sus defendidos funcionarios municipales Tocalini y Naranjo, dijo que “no existe ninguna prueba que hayan incumplido con sus deberes de funcionarios públicos”.

Sobre la inocencia de Cristian Taboada, Carlos Sabatini y Hugo Sabatini su abogado Marchetti sostuvo que “no hay cuerpo del delito, ni tampoco responsabilidad, ni dolo”. Ensayando una defensa a “honorabilidad” de Naranjo y Tocalini, los describió como “dedicados, trabajando la mañana y la tarde con pocos recursos que le da la municipalidad”. Dijo que su inocencia era tal, “que siguen siendo funcionarios de la municipalidad y merecen serlo”.

Con respecto a Cristian Taboada, otro de sus defendidos, Marchetti lo describió: “Un peón de campo sometido a éste proceso. Un hombre que no entiende nada, evidentemente. ¡Qué va a conocer de ordenanza! Fue a fumigar porque lo llamó el titular del predio”. Sobre Carlos Sabatini y Hugo Sabatini ensayó lo que consideró una defensa: “Dos personas de campo de esos que ya no se ven. Con las manos callosas, ya los van a ver, ya los van a escuchar. Son gente que no merecen estar acá”.

Pero si algo marcó hasta dónde podría llegar Marchetti fue cuando estaba declarando su defendido Mario Daniel Tocalini. Luego de que explicara en qué consistía la labor de funcionario, el abogado al continuar con preguntas hacia su defendido solicitó se retire la víctima e impulsora de la causa y querellante, Sabrina del Valle Ortiz. Lo justificó diciendo: “Voy a pedir el retiro para que esto sea absolutamente no contaminado”. Justamente en un juicio que sus defendidos están acusados de ese delito, Marchetti acusaba a la víctima querellante directa, que con su presencia contaminaba el proceso. Toda una aberración o hijaputez de su parte que fue rechazado por el Tribunal.

El jueves 12 de febrero se llevó adelante la segunda audiencia del juicio oral. Las declaraciones de Sabrina del Valle Ortiz y María Alejandra Bianco, fueron contundentes. Prueba fiel de que el derecho a la salud se vio seriamente afectado por la fumigación con agrotóxicos. El testimonio de Sabrina fue elocuente y estremecedor. Quien escribe editó para esta nota, quitó el silencio y pausa en su relato, para que las y los lectores de Revista Kranear escuchen los casi 30 minutos de su cruda exposición.

El 25 y 26 de febrero continuaron las audiencias que cualquier lector puede ver buscando en la cuenta en YouTube del medio La Retaguardia que transmite el juicio. Más de 100 testigos pasarán por el juicio oral y público.

Revista Kranear se comunicó con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y María José Venancio, abogada del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, dijo que, si bien el organismo no estaba participando en la causa penal, expresó que “sí el CELS está apoyando a Sabrina y la causa de su lucha”.

Sobre todo “la denuncia de pobladores de Pergamino por fumigaciones”, precisó María José Venancio. “Hicimos una denuncia internacional que hicimos a una de las empresas productoras de glifosato que se utilizaron para envenenar Pergamino, que es Bayer-Monsanto, una de las empresas más grandes. La denunciamos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de la campaña comunicacional con el documental Por la Tierra (puede verse aquí)”.

Sobre la importancia del juicio la abogada del CELS sostuvo: “Consideramos que es muy importante porque hay un cruce que tiene que ver con el derecho a la salud, el derecho al ambiente, a la alimentación, el derecho a la vida, que son derechos humanos fundamentales que los debe garantizar el Estado pero que también tienen responsabilidad las empresas”. Y remarcó que “las empresas deben respetar las vidas de las personas que viven en los territorios en los cuales desarrollan su actividad”.

Además, dijo que las empresas “deben ser responsables por los productos que liberan en el mercado”. La abogada expresó que “es muy importante que desde quienes producen estos productos —que van a impactar en la vida, en el ambiente de las comunidades— asuman la responsabilidad y, por supuesto luego, todas las cadenas de responsabilidades que tienen que ver con quienes hacen uso de ese producto que son quienes hoy han sido llevados a juicio”.

María José Venancio dijo que el juicio de Pergamino “encuentra en el banquillo a productores aplicadores, que han utilizado glifosato entre otros agrotóxicos para fumigar la producción del campo y a funcionarios de la municipalidad que no han cumplido con la función de controlar” y que esto “derivó en daños muy graves a la salud, tanto de Sabrina como de su familia y vecinos de Pergamino. Para nosotros que hemos podido evaluar la causa para hacer esta demanda a Monsanto consideramos que las pruebas son absolutamente sólidas para las acusaciones que sostienen”.

“Las empresas, el agronegocio, el extrativismo, muchas veces pretende poner en duda, que no son ellos los que causan el daño, donde se rompe esta cadena probatoria. En el caso de Pergamino no hay dudas de que ha sido el glifosato y los agrotóxicos los que han generado el daño y en algunos casos irreparable, lamentablemente”, sostuvo la abogada del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, María José Venancio. “Estamos hablando de vidas que se perdieron como el de Florencia Morales. Con respecto a las pruebas, consideramos que son irrefutables”.