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“Nos discriminan por pertenecer a otro espacio político y toman de rehenes a los vecinos y vecinas”.

Ignacio Álvarez, presidente de la Junta Comunal 4, conversó con KRANEAR sobre la denuncia judicial que realizaron contra el Gobierno de la Ciudad por un nuevo ataque en perjuicio de su autonomía y gestión comunal.

26 de Febrero de 2022

Por Kranear

El presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, y la Junta Comunal N° 4, presentaron un recurso de amparo por la violación de la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas N° 1.777, debido el ataque sistemático de parte del poder ejecutivo porteño en contra la autonomía de la comuna y la democracia participativa.

"La demanda fue presentada el día 18/02/2022 y quedó radicada bajo el N° de Expediente 17082/2022-0 en el Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°5, a cargo del Dr. Martín Converset”, cuenta “Nacho” Álvarez, y explica que “si hubiese una evolución favorable del expediente debería cumplirse la ley y restituir las competencias comunales, que deben brindar servicios a los vecinos y vecinas y tener la potestad de abrir nuevas subsedes en caso de creerlo necesario", nos cuenta Ignacio.

Ante la consulta sobre el momento en el que desde el gobierno comunal comenzaron a sentirse atacados por el gobierno de Larreta, el presidente de la Junta comentó la intromisión en sus competencias “arrancaron cuando se empezaron a sacar servicios de la Sede Comunal y se trasladaron los servicios de casamiento y registro civil a la Usina del Arte, lo cual luego derivó en la falta total de servicios desde el día uno de la pandemia. Esta situación hoy permanece así y el Gobierno de la Ciudad no responde a nuestros pedidos para que restituya esos servicios en la sede central que se encuentra en Pompeya".

En este sentido, y tal como comenta Ignacio, el pasado 19 de enero el Gobierno de la Ciudad abrió una Subsede ilegítima en el Edificio Cruz de Malta de Barracas, sin avisarle a la junta comunal, en el que ahora brinda algunos de los servicios que están bajo la órbita de la administración comunal. En paralelo a esta situación, la sede oficial de la Comuna, situada en en el barrio de Pompeya, continúa cerrada para la atención a vecinos y vecinas, y la Subsede Suárez está cerrada –por un derrumbe- desde hace más de tres años.

Desde 2019 la Subsede Súarez permanece derrumbada sin que el GCBA brinde una solución a los reiterados pedidos de reconstrucción realizados por la Junta Comunal.

Las autoridades comunales concurrieron al Edificio Cruz de Malta y comprobaron que las oficinas hoy funcionan como una comuna paralela fuera de la órbita de la Junta Comunal. El Comunicado que publicó la Junta informa que la maniobra que llevó adelante el gobierno de Larreta (de abrir una sede), “viola la autonomía de las Comunas consagrada en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la Ley de Comunas N° 1.777, ataca a la democracia participativa en la Ciudad y desconoce las competencias de las Juntas Comunales que son las únicas que pueden abrir y administrar nuevas Subsedes”.

No es la primera vez que Larreta intenta vaciar las juntas comunales con el objeto de centralizar los recursos y las decisiones en manos del poder ejecutivo de la Ciudad. Existe un largo derrotero que da cuenta de que esta acción –ahora judicializada- no es una excepción, sino una política planificada. Y con las dos comunas del sur de la Ciudad, en las que en 2019 ganó el peronismo, la discriminación es clarísima.

En este sentido, Kranear le consultó de qué manera afecta a los vecinos y vecinas de la comuna la decisión unilateral del gobierno, Ignacio contó que "primero los afecta desde la negación absoluta de la voluntad popular, que en 2019 nos votó para estar al frente de la gestión de la comuna. Esta subsede ilegítima sólo presta dos de los quince servicios que prestábamos hasta antes de la pandemia, por tanto ni siquiera resuelve la problemática de los vecinos y vecinas que siguen teniendo que realizar sus trámites en otras comunas. Nos discriminan permanentemente por pertenecer a otro espacio político y toman de rehenes a los vecinos y vecinas”.

Ignacio Álvarez contó también, que cuando asumió como presidente de la Junta, tuvo la voluntad de mantener una relación constructiva con el Gobierno de la Ciudad en favor de resolver las problemáticas de los vecinos y vecinas. “Agotamos todas las instancias institucionales de diálogo pero una y otra vez nos encontramos con el abandono al que el Jefe de Gobierno decidió someter a nuestra comuna. No nos vamos a resignar a que las diferencias políticas tomen de rehenes a los vecinos y vecinas, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darles las respuestas que necesitan de parte de un Estado Presente".

Desde el 20 de marzo de 2020 la sede comunal de Pompeya permanece sin servicios por decisión del GCBA.

Ante un escenario de notorio y creciente protagonismo por parte de Horacio Rodríguez Larreta en la construcción de su proyecto político de cara al 2023, utilizando argumentos en favor del federalismo, y embanderándose con asuntos como la coparticipación para escapar de las responsabilidades que le caben, Ignacio comenta que “resulta paradójico que Rodriguez Larreta se la pase hablando de la discriminación a la autonomía de la Ciudad cuando él mismo la ejerce a las comunas de su propio distrito, además pregona el dialogo mientras hace oidos sordos a nuestros pedidos y dice estar en contra de la grieta cuando la utiliza permanentemente para hostigar a la oposición en la Ciudad. Estaría bueno que empiece por casa".

El miércoles 23 de febrero pasado, el Consejo Consultivo de la comuna, compuesto por diferentes espacios comunitarios de los barrios de La Boca, Barracas, Pompeya y Parque Patricios, realizó una asamblea del edificio Cruz de Malta, en La Boca, para manifestar su rechazo a la iniciativa inconsulta de Larreta. Nacho Álvarez fue invitado a participar para que conteste preguntas, evacue dudas y comparta información sobre los pasos a seguir en esta disputa desigual.

Los y las integrantes del Consejo Consultivo manifestaron su rechazo a la apertura ilegal de la nueva subsede.

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