Bolivia, Ecuador y la oleada regresiva

• Por Emanuel Bonforti
•   27 de Julio de 2020

Hace tres años el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, en una pieza teórica de periodismo, indagaba sobre la dinámica política del continente a través de la pregunta: ¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?

En el artículo analizaba como los gobiernos populares que habían llegado al poder en los primeros años del siglo XXI se veían amenazados ante el avance del neoliberalismo bajo distintas estrategias de largo aliento, que involucraban en especial conspiraciones judiciales-comunicacionales. A esa altura la erosión de las oligarquías locales ya daba sus frutos electorales en Argentina y bajo estrategias desestabilizadoras imponían un proceso político irregular en el Brasil.

Con la espalda de la gestión de gobierno y la militancia, y un registro intelectual, García Linera recuperaba la mejor tradición del marxismo e invitaba a ver el proceso no de forma lineal sino por oleadas; la historia estaría sujeta a un movimiento de flujos y reflujos, y de ahí la dinámica de los procesos; no era momento para pensar en el fin de la historia. El análisis se formulaba en un contexto en que la reacción Argentina se envalentonada con la frase "no vuelven más", haciendo alusión a un eventual regreso del peronismo al gobierno.

Nadie imaginaba que Bolivia, el país del crecimiento silencioso y sostenible iba a estar atravesando dos años después por un reflujo liberal e implacable promotor de un violento golpe de Estado. En menor medida tal reflexión le cabe al caso ecuatoriano que, para el momento del análisis de Linera, asumía el poder Lenin Moreno, candidato al premio Nobel de la Paz en 2012 y hasta ese entonces hombre de confianza de Rafael Correa.

Los hechos

Durante el transcurso de la última semana, el Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia postergó por tercera vez el proceso electoral que estaba fijado para el 6 de septiembre. La nueva fecha, de acuerdo al Tribunal, será el 18 de octubre. La suspensión implica que el gobierno de facto de Jeanine Áñez extienda su irregular permanencia en el poder por casi un año, ya que de haber segunda vuelta como todo parece indicar la fecha para esta elección será el 29 de noviembre.

El panorama político es complejo y la postergación del calendario electoral no solo involucra a los cargos más altos del ejecutivo boliviano, sino también a las autoridades departamentales, municipales, alcaldías y gobernaciones. La gravedad de la situación institucional junto con la sanitaria y los recortes económicos impulsados por Áñez, hacen de Bolivia uno de los Estados más inestables de la región.

En paralelo, la medida disparó la rápida reacción del ex presidente Evo Morales, quien sostuvo en su cuenta de Twitter que el gobierno de facto utilizará este tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos del MAS. En esa línea se alzaron las voces de las organizaciones sociales, que manifestaron su repudio a la decisión del Tribunal Superior Electoral, organismo al que solicitan rever la medida, ya que de lo contrario iniciaran movilizaciones indefinidas en todo el territorio boliviano.

A este caos social se le suma el impacto del COVID19 que evidenció la debilidad del sistema de salud boliviano para atender la demanda sanitaria. Más de medio gabinete del gobierno de facto está contagiado por el virus.

Por su parte, en Ecuador el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender por irregularidades a diferentes organizaciones políticas entre las que se encuentra Fuerza y Compromiso Social, el partido de Rafael Correa. La suspensión se origina al registrarse inconsistencias en el proceso de validación de firmas, una imputación que por lo menos levanta sospechas, ya que se trata de una fuerza política con decenas de miles de seguidores y adherentes. Fuerza y Compromiso Social junto con las otras organizaciones tendrán diez días para remitir pruebas que den cuenta del error que motivó la suspensión.

Lo llamativo en esto es que en las elecciones del año pasado los candidatos de Correa obtuvieron las victorias en la provincia de Manabí y en la prefectura de Pichincha bajo el paraguas del sello Fuerza y Compromiso Social.

A la gravedad de la situación política se le suma la ratificación de la condena de ocho años contra Rafael Correa por el delito de sobornos. De esta manera, en Ecuador bajo la máscara de un gobierno legítimo, la región y el mundo asisten a una persecución judicial al estilo Lawfare de la que son víctimas los sectores opositores. En palabras de Correa, “Ecuador es una dictadura con fachada democrática”.

La medida del Consejo Nacional Electoral también generó la reacción de todo el arco popular organizado, y así, movimientos y organizaciones sociales rechazaron la medida y le exigieron al organismo electoral que revea la decisión en el plazo de diez días.

Las estrategias parecen estar unificadas a nivel continental por parte de las fuerzas de la reacción, compuestas por el poder económico, los grandes medios de comunicación, sectores del poder judicial, quienes avanzan contra los movimientos populares por medio de la judicialización de la política, intentos de proscripción, presión sobre los órganos electorales y campañas de hostigamiento en las redes sociales.

Consideraciones finales

Existe un elemento teórico y político detrás de estos sucesos que no es mencionado ni por los propios actores involucrados y perjudicados por la situación ni por los medios de comunicación: la forma en que operan los factores externos, léase el accionar del imperialismo.

En este punto la velocidad de los procesos parecen nublar en las caracterizaciones la manera en que puede operar el imperio y solo nos detenemos en el análisis de los agentes internos que al fin y al cabo son brazos ejecutores de metrópolis. Así los análisis de coyuntura están centrados en la caracterización del satélite y no en la órbita imperial que lo tutela.

A tal fin, será necesario la caracterización del fenómeno reaccionario de manera integral, para de ese modo advertir las verdaderas contradicciones que acecharon y dieron el golpe de gracia a las experiencias populares nacidas a principios de siglo.

La situación por la que atraviesan Bolivia y Ecuador es el reflejo de tareas inconclusas de carácter democrático burgueses que ni los años de gobiernos populares lograron consolidar.

Un lector apresurado podrá sostener que dentro de las tareas burguesas se encuentran la modificación de las superestructuras jurídicas; en ese caso, Bolivia y Ecuador serían un ejemplo de tareas burguesas al modificar sus respectivas constituciones. Evidentemente fue parte de la solución pero no implicó la respuesta definitiva, ya que rápidamente la reacción reedificó parte del edificio superestructural al menos desde la práctica política y puso contra las cuerdas las conquistas populares.

Rodolfo Puiggros en Historia Crítica de los Partidos Políticos a la hora de analizar el límite histórico del yrigoyenismo sostiene que en la Argentina de la modernización excluyente existía una contradicción entre liberalismo y democracia, entre el Estado Liberal y el movimiento de masas, ya que el Estado liberal fue concebido por legisladores que consagraron la Constitución del 53, la que consolidó y amparó el despliegue histórico de la oligarquía. Motivo por el cual el movimiento de masas estaba condenado a fenecer desde su origen; el límite era el Estado Liberal.

En los casos analizados observamos nuevamente la misma contradicción producto de la restauración reaccionaria, los Estados liberales bajo argumentos excluyentes prohíben o dilatan los procesos electorales bloqueando la participación popular a través de sus representantes. A continuación vale preguntarse ¿de qué legalidad hablamos cuando se prohíbe la participación de las mayorías?