Infames de esta década

• Por Mariano Unamuno
•   25 de Agosto de 2022

y Marcela Gaba

La requisitoria fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa penal conocida vulgarmente como “Vialidad” no hace otra cosa que materializar el indisimulable esfuerzo proscriptivo que los grupos de poder económicos y mediáticos encarnados como expresión política de los sectores del capital más concentrado vienen desarrollando desde hace largo tiempo.

Retoman así una práctica política a la que la oligarquía argentina ha recurrido siempre que necesitó truncar proyectos nacionales liderados por dirigentes políticos de popularidad imbatible en las urnas.  Su vocación antidemocrática es ya indiscutible. Nuestras reflexiones de hoy nacen, entonces, de nuestra experiencia histórica, nuestro conocimiento y reflexión sobre la historia argentina.

La abierta persecución a Cristina, tramitada como juicio penal, ha alcanzado en estos días uno de sus puntos culmen con la sucesión de cabriolas pseudo argumentativas del lenguaraz fiscal que solicitó condenarla a doce años de prisión con accesoria de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Sin haber precisado con qué gramos de las tres toneladas de prueba con que dijo contar acredita los delitos que imputa, ni haber descripto los roles asignados a quienes consideró miembros de una asociación ilícita, la requisitoria del fiscal viene finalmente a coincidir con las necesidades políticas del bloque de poder de la fracción dominante: Cristina debe ser proscripta.

Es que una fracción de la corporación judicial ha servido diligentemente a cuanto intento de avance por derecha se le ha puesto a consideración. Ha avalado los actos de gobierno de los dictadores del golpe contra Hipólito Yrigoyen con la Acordada de 1930, ha cohonestado la proscripción del peronismo durante 18 años, ha callado sobre los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura mientras acompañaba el comienzo de la implantación del neoliberalismo al que también justificó en los noventa en su fase de desguace del Estado, flexibilización laboral y destrucción del sistema estatal solidario de jubilaciones. Ha sostenido por años las leyes de punto final y obediencia debida y hasta se avino a dictar el fallo conocido como 2×1 para garantizar la impunidad de los genocidas. Ha operado como un engranaje más de la represión a los movimientos populares y a la limitación de derechos de los trabajadores. Ha formado parte subrepticia pero no inadvertidamente del proyecto de la oligarquía constituyéndose en un reservorio antipopular.

Sin embargo, no es solo este rol regresivo en materia de derechos lo que queremos abordar. Lo que en la actual coyuntura concita nuestra preocupación, interpela nuestras decisiones y moviliza nuestras voluntades es la experiencia histórica de violencia que ha seguido a cada proscripción: La historia nos enseña que cuando se proscribe la voluntad mayoritaria y se obtura el ejercicio de los liderazgos populares, en la Argentina, una generación vive en la violencia. Esta vez no será una excepción. Nuestros hijos serán víctimas de una nueva violencia.

La posible condena judicial a Cristina es sólo un elemento más de la embestida contra el campo popular. Detrás, están las demás herramientas de la que disponen quienes ostentan el poder real concentrado.

Como en reiteradas ocasiones y muy tempranamente -el 9 de diciembre de 2015- señalara Cristina, no es Ella el único ni principal objeto de persecución. Lo que se pretende con su exclusión del campo de la acción política institucional y electoral está a la vez dirigido a amenazar al resto de la clase política, a la que pretenden convertir en un séquito de escribas temerosos como ya han hecho con una enorme cantidad de periodistas; y a detener cualquier intento redistributivo de ingresos, acceso a derechos y poder en nuestro país.

La oligarquía supo servirse de la corporación militar de la que fue socia, cómplice, encubridora y, sin dudas, beneficiaria. El “partido militar” sirvió a sus intereses desplegando cuanta forma de violencia y represión se hiciera necesaria para la conservación de los intereses de sus mandantes. Encarcelaron, fusilaron, proscribieron, bombardearon, torturaron, desaparecieron a líderes y militantes del campo popular.

Sin embargo, el más ambicioso de sus planes, aquel construido a sangre y fuego mediante la implantación del terrorismo de Estado de la última dictadura, no logró finalmente su objetivo. Sus responsables fueron y seguirán siendo juzgados y condenados por los crímenes de lesa humanidad con que pretendieron allanar el camino a la transformación matricial de la sociedad argentina en beneficio de la clase dominante.

Fue a ese proyecto de devastación de la soberanía popular y la justicia social, y la violencia sin límites con que se lo implantó, que la sociedad argentina respondió con el Nunca Más, convirtiéndolo en el fundamento más inconmovible del pacto democrático post dictatorial.

La arbitrariedad e ilegalidad que enmarcan el proceso penal a Cristina configuran hoy el preludio del intento de poner fin a ese acuerdo democrático nacido en 1983, la derogación de las leyes de impunidad y la rica experiencia en materia de las políticas de Derechos Humanos. Son los frutos de la ampliación de derechos durante el último período democrático lo que pretenden eliminar.

Es decir, vendrán por los avances conseguidos en materia de institucionalidad democrática y el compromiso irrompible con la vigencia de los Derechos Humanos pero también por los logros cosechados durante la gestión de los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina: la implementación de la Ley de Medios que resquebrajó el monopolio mediático de la oligarquía; la inclusión en el sistema previsional de 3,2 millones de jubilados y jubiladas; la más que duplicación del salario real entre 2003 y 2015 al mismo tiempo en que se creaban más de 3 millones de puestos de trabajo privado registrado; el desendeudamiento del Estado a nivel nacional y provincial; la disminución de la brecha de ingresos entre el decil más rico y el más pobre; la notable mejora de la participación de los trabajadores en la riqueza que superó el 50% al finalizar los dos períodos presidenciales de Cristina; la AUH y muchas otras políticas para la mayor equidad social que se haya experimentado desde la vuelta a la democracia.

Tenemos claro que no se trata simplemente de castigar presuntos delitos. De lo que se trata es de coartar el despliegue del liderazgo indiscutible de Cristina y de impedir el formidable impulso redistributivo de sus iniciativas. Las consecuencias políticas de esta operación son inimaginables, pero podemos vaticinar recuperando lo que ya sabemos de nuestra historia que de lo que se trata es de la eliminación de todo liderazgo que surja de las entrañas del pueblo y pretenda representar sus intereses.

Por eso sostenemos que la acción a encarnar por los sectores nacionales y populares en defensa de sus derechos no es judicial sino política.

No resulta extraño a nuestra experiencia histórica el anudamiento entre la conculcación masiva de derechos y la violencia necesaria para imponerla. Pero tampoco nos es ajena la profunda tradición de resistencia en que se ha moldeado el movimiento nacional y popular peronista. Esa resistencia contribuyó a la restauración democrática en más de una ocasión y ha sido un límite a los aspectos más salvajes del avance neoliberal. Esa resistencia ha sido la garantía de pervivencia del reclamo por memoria, verdad y justicia que se originó en la derrota pacífica al partido militar mediante el compromiso intergeneracional del Nunca Más.

No tenemos dudas de que el actual intento de proscripción a Cristina por parte del partido judicial al servicio de los intereses del poder corporativo concentrado seguirá la misma suerte, porque no puede esperarse del campo popular otra cosa que el compromiso vital con la defensa monolítica de un futuro democrático para nuestra Patria.

Somos herederos, hijos y nietos de la Resistencia Peronista. Es por esa carga histórica que hoy decimos PRESENTE.