El precio de la dependencia

22 de Mayo de 2026

Por Víctor Sudamérica

Crisis energética y la disputa nacional-popular en Bolivia

El 1 de mayo de 2026, Bolivia amaneció diferente: la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro indefinido que sacudió los cimientos del Estado. Lo que comenzó como un reclamo salarial y el rechazo a la Ley 1720 —una normativa de tierras impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira— se transformó en una ola de movilizaciones que paralizó al país. Campesinos de la Federación 'Tupac Katari', comunidades indígenas amazónicas, el magisterio rural, mineros cooperativistas y organizaciones del Chapare bloquearon decenas de rutas estratégicas.

Para la tercera semana de mayo, más de 5.000 camiones de alto tonelaje estaban varados, La Paz y El Alto sufrían desabastecimiento de alimentos y combustible, y el movimiento ya había mutado: la exigencia de renuncia presidencial había desplazado a las demandas sectoriales como bandera común.

Pero lo que ocurre en Bolivia no es una tormenta pasajera. Los bloqueos de mayo de 2026 son el síntoma visible de una fractura más profunda: el agotamiento del modelo extractivo-rentista, la crisis del Estado Plurinacional como forma institucional y la recomposición —todavía inorgánica— de las fuerzas populares tras el desgaste del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS). Para entender esta encrucijada con la seriedad que merece, hay que recurrir a la tradición intelectual boliviana: René Zavaleta Mercado, Sergio Almaraz Paz, Andrés Soliz Rada, Guillermo Lora, Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, quienes ofrecen conceptos que iluminan lo que ningún análisis tecnocrático puede ver.

La crisis del Estado y la sociedad abigarrada

René Zavaleta Mercado acuñó una de las categorías más reveladoras para entender Bolivia: la 'formación social abigarrada'. Con ese concepto describía una sociedad donde conviven, sin fundirse, temporalidades históricas y culturas radicalmente distintas: el mundo aymara, el quechua, el mestizo urbano, el campesino cocalero, el minero, el indígena amazónico. No se trata de una pluralidad pintoresca, sino de mundos superpuestos que el Estado colonizado nunca logró integrar de manera estable. En esa sociedad abigarrada, las grandes crisis políticas no son accidentes: son momentos de verdad, instantes en que la heterogeneidad sale a la superficie y la disputa por el poder se abre como posibilidad real.

Mayo de 2026 es exactamente ese momento

El gobierno de Rodrigo Paz había promulgado en diciembre de 2025 el Decreto 5.503, que incluía aumentos del combustible de hasta un 163% para el diésel y medidas de reprivatización en sectores estratégicos. Ese decreto no era una simple política económica: era la ruptura del pacto social que había sostenido el ciclo progresista previo. La respuesta popular no fue sólo reactiva; expresó lo que Zavaleta llamaba la 'masa': esa fuerza plebeya que, en los momentos de crisis, desborda los mecanismos institucionales y reclama un reordenamiento político de fondo.

Lo que se vivió en Bolivia fue, en términos zavaleteanos, una situación de poder dual incipiente: el Estado de Paz controlaba los aparatos formales, pero había perdido legitimidad territorial en el occidente andino y los valles.

La 'Marcha por la Vida', que partió de Caracollo el 12 de mayo y llegó a El Alto el 17 con decenas de miles de personas, encarnó esa dualidad: una expresión de soberanía popular que desafió el monopolio estatal de la representación. La abrogación de la Ley 1.720, el 13 de mayo, no calmó las aguas, porque el movimiento ya había trascendido lo sectorial: quería la renuncia presidencial como condición de un cambio político profundo. Zavaleta lo había advertido: el Estado boliviano es un Estado aparente, que existe como forma pero carece de la capacidad real de penetración social. La crisis de mayo confirmó esa hipótesis.

Recursos naturales y dependencia estructural

Sergio Almaraz Paz fue uno de los primeros en advertir la trampa de la riqueza natural boliviana. En sus estudios sobre el petróleo y el estaño, demostró que el 'excedente capturado' —los ingresos generados por los recursos del subsuelo— no se reinvertía en diversificar la economía, sino que era absorbido por intereses transnacionales o distribuido en subsidios que postergaban las transformaciones estructurales. Andrés Soliz Rada profundizó esa lectura con el concepto de 'dependencia estructural': un Estado que no controla soberanamente sus hidrocarburos tampoco controla su agenda política. Ambas advertencias resuenan con inquietante actualidad en 2026.

Durante el ciclo del MAS (2006-2025), Bolivia logró convertir la renta del gas en reducción de la pobreza y expansión del mercado interno. Pero la ausencia de nuevas exploraciones energéticas, la caída de las reservas gasíferas y la falta de diversificación productiva erosionaron ese esquema progresivamente. Para 2026, Bolivia había pasado de ser exportador neto de gas a depender crecientemente de importaciones de combustible. Las reservas internacionales habían caído a 1.796 millones de dólares —con apenas 139 millones en divisas líquidas—, y la CEPAL proyectaba un crecimiento del 0,5% para el año: el más bajo en décadas.

El gobierno de Paz intentó resolver la crisis energética por la vía de la reprivatización. El Decreto 5.503 autorizó la importación privada de combustibles, abrió hidrocarburos y minería al capital extranjero y disparó los precios en porcentajes que golpearon directamente a los sectores más vulnerables.

Cuando en enero de 2026 la resistencia popular obligó al gobierno a emitir el Decreto 5.517 —que declaró la 'Emergencia Energética y Social'— quedó en evidencia la magnitud del colapso. El alza internacional del petróleo derivada del conflicto en el estrecho de Ormuz agravó aún más el cuadro. Soliz Rada tenía razón: la dependencia no es sólo económica, es política. Y la nueva ley de hidrocarburos que Paz preparaba para privatizar funciones de YPFB —reservadas constitucionalmente al Estado— no era una mera política sectorial, sino una redefinición del pacto nacional-popular inscrito en la Constitución de 2009. Esa contradicción entre el programa neoliberal y los mandatos constitucionales del Estado Plurinacional fue uno de los combustibles más potentes de la crisis.

Los mineros son un acto clave del movimiento popular boliviano. Foto AP/Freddy Barragán.

El movimiento popular en disputa

Guillermo Lora, el gran teórico del movimiento obrero boliviano, sostuvo que la clase minera era el sujeto político central de la revolución en el país. Su análisis de la Tesis de Pulacayo de 1946 mostraba que los trabajadores de las minas habían forjado, en condiciones de explotación extrema, una conciencia de clase capaz de articular demandas nacionales que ningún otro sector podía encarnar. El cierre de las minas estatales en 1985 erosionó esa 'centralidad obrera', pero no la eliminó: se transformó, se fragmentó en cooperativas y minería artesanal, y se rearticuló con el movimiento campesino y cocalero en formas organizativas nuevas y más complejas.

En mayo de 2026, esa pluralidad de actores populares es simultáneamente la fortaleza y la debilidad del movimiento. La COB, los 'Ponchos Rojos', la Federación Tupac Katari, el magisterio rural, los cooperativistas mineros y las organizaciones del Chapare compartían el rechazo al gobierno de Paz, pero mantenían agendas sectoriales propias que dificultaban la construcción de un programa común. Los mineros cooperativistas, que inicialmente se sumaron a las movilizaciones por la escasez de insumos y combustible, llegaron a un acuerdo sectorial con el gobierno el 14 de mayo y se desmovilizaron. Esa escisión ilustra la dificultad de construir lo que Lora llamaba el 'bloque histórico' del movimiento popular: la unidad orgánica entre el proletariado, el campesinado y los sectores populares urbanos.

Carlos Montenegro leía la historia boliviana como un conflicto permanente entre el 'pueblo' y la 'anti-nación' oligárquica. Esa tensión —lejos de ser anacrónica— ilumina la dimensión más profunda de los bloqueos de mayo: el movimiento popular no bloqueaba rutas sólo por el precio del combustible, sino por la disputa sobre quién controla los recursos colectivos de la nación y qué modelo de país se construye. La exigencia de renuncia presidencial no era una demanda corporativa: era la formulación plebeya de un conflicto sobre el sentido del Estado. A esa complejidad se añadía la figura de Evo Morales —procesado judicialmente por el gobierno de Paz y acusado de organizar las protestas—, cuya base de seguidores tomó el aeropuerto de Chimoré para impedir su eventual detención. Ese episodio expresó el peso todavía vivo del nacionalismo popular que Morales encarnó durante casi dos décadas, y evidenció una de las paradojas señaladas por Zavaleta: el proceso político que prometió superar el Estado colonial generó sus propias contradicciones internas, que ahora alimentan una nueva confrontación entre bloque popular y bloque dominante.

 ¿Crisis coyuntural o crisis orgánica?

Los bloqueos de mayo de 2026 son la expresión de una crisis que combina tres dimensiones que se potencian entre sí: el agotamiento del modelo extractivo-rentista, la ruptura del pacto nacional-popular que sostuvo el ciclo del MAS, y la incapacidad del gobierno de Paz para construir una hegemonía alternativa que no sea la simple restauración del neoliberalismo. En términos gramscianos —que Zavaleta habría usado con precisión—, Bolivia atraviesa los síntomas de una crisis orgánica: la clase dirigente ha perdido la capacidad de dirigir, pero las fuerzas subalternas todavía no han construido una alternativa cohesionada. El viejo mundo se resiste a morir; el nuevo no logra nacer.

El peligro más inmediato no es la inestabilidad política en sí —Bolivia tiene una notable capacidad para absorber tensiones—, sino la profundización de la crisis económica: el agotamiento de reservas energéticas, la presión cambiaria y el desabastecimiento que vivió La Paz en mayo son una advertencia urgente. Si Bolivia no resuelve la ecuación entre soberanía energética y justicia distributiva, las movilizaciones seguirán siendo el único canal de expresión de las mayorías populares.

Las categorías del pensamiento boliviano siguen siendo herramientas vivas, no reliquias académicas. La 'formación social abigarrada' de Zavaleta explica por qué las crisis bolivianas son tan profundas y tan difíciles de resolver con recetas institucionales ordinarias. El 'excedente capturado' de Almaraz y la 'dependencia estructural' de Soliz Rada muestran por qué ningún gobierno puede ignorar impunemente la soberanía sobre los recursos naturales. La 'centralidad obrera' y el 'bloque histórico' de Lora recuerdan que la unidad popular no es un dato sino una construcción, siempre difícil y siempre disputada. Y la tensión entre 'pueblo' y 'anti-nación' en Montenegro sigue describiendo con precisión el núcleo de la disputa política boliviana: no se trata sólo de gobiernos que caen o ascienden, sino de modelos de país que se enfrentan.

Bolivia en 2026 reclama, como en las crisis anteriores de su historia, la elaboración de un nuevo proyecto nacional-popular: uno que articule la soberanía sobre los recursos naturales, la redistribución del excedente y la construcción de un Estado que sea verdaderamente de las mayorías. Las calles lo están pidiendo. La tradición intelectual boliviana ofrece las herramientas conceptuales para pensarlo. Lo que falta —y es la pregunta que la coyuntura deja abierta— es el sujeto político capaz de sintetizar esa demanda en un programa y en una conducción.

El espejo argentino

La crisis boliviana de mayo de 2026 no le es ajena a la Argentina, aunque las diferencias de escala y de forma institucional sean evidentes. Ambos países comparten una misma matriz estructural: economías con fuerte dependencia de la renta de recursos naturales —el gas y los minerales en Bolivia, la soja y el petróleo en Argentina— donde el excedente, en el sentido que le daba Almaraz, tiende a ser capturado por intereses externos o distribuido de manera que aplaza las transformaciones productivas de fondo.

En ese esquema, cualquier ajuste brusco sobre los subsidios o los precios relativos —como el que implementó Paz en Bolivia con el gasolinazo de diciembre de 2025, o como el que aplicó el gobierno de Milei en Argentina desde diciembre de 2023— tiene un efecto social inmediato y explosivo sobre los sectores populares que dependen de esos precios para sobrevivir. La diferencia clave está en la respuesta organizativa: Bolivia tiene sindicatos territoriales, organizaciones campesinas e indígenas y una COB con capacidad real de bloqueo físico del territorio, mientras que la Argentina enfrenta una fragmentación del movimiento popular que hasta ahora ha dificultado la construcción de ese equivalente al 'bloque histórico' que describía Lora. Lo que el caso boliviano le advierte a la Argentina es que las fracturas estructurales no desaparecen con la estabilización macroeconómica: se acumulan, y cuando estallan, lo hacen con una velocidad que las instituciones formales raramente logran procesar.