La abogacía popular resiste: denuncia contra Crexell y elecciones en la Facultad de Derecho

24 de Junio de 2024

El pasado 12 de junio de 2024, el compañero y abogado penalista Federico Paruolo presentó una denuncia por el presunto delito de cohecho en contra de la senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, en la previa de la sesión del Senado en la que se votaría la denominada Ley Bases, imprescindible en materia económica pero también política para el gobierno y sus socios locales y extranjeros.

El motivo de la denuncia fue público: la designación de la senadora como embajadora en la UNESCO.  La sospecha inicial, con la confirmación oficial de la Cancillería, entonces, se convirtió en un hecho. O cohecho. Y Paruolo no dudó. Tanto a él, como a otras decenas de miles de compatriotas, los agobió el recuerdo de la tristemente célebre Ley Banelco, utilizada para comprar voluntades en otro momento de entrega y saqueo de la Patria: a finales de la década del 90.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py. La causa fue sorteada y recayó sobre el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, a cargo del juez Ariel Lijo. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.

Por otro lado, el compañero Paruolo forma parte del esquema de graduados y graduadas con pertenencia peronista que militan y trabajan en la facultad de Derecho de la UBA, donde esta semana hay elecciones para el claustro de graduados, que tienen tres lugares en el gobierno de la casa de estudios, dos para la mayoría, y uno por la minoría.

Kranear conversó con el abogado y militante popular sobre ambos asuntos.

¿Qué debería suceder en los próximos días con la causa penal contra la senadora Crexell?

En principio, cuando presenté la denuncia, yo pedí que se difiera la votación en el Senado, por esta sospecha, o que no le permitan votar, pero como ya se realizó la sesión, e incluso se votó, ahora deberían empezar a investigar, por ejemplo, a través de un análisis de su teléfono, entrecruzamiento de llamadas, entre otras medidas posibles.

¿Qué sucedería con el voto de esta senadora si el poder judicial comprueba que efectivamente cometió un delito?

Si la investigación avanzara con celeridad, para determinar por lo menos una responsabilidad inicial de parte de la senadora, que diera lugar a un procesamiento, por ejemplo, antes de que la ley sea promulgada, entre en vigencia, se podría hacer un intento de per saltum con la Corte Suprema, para que el máximo tribunal declare nula la votación. Ahora, si un tercero adquiere derechos con esa ley, ya resulta casi imposible que la Corte intervenga y declare su nulidad.

¿Se le puede poner un límite al gobierno por medio de la intervención del poder judicial?

No lo veo posible porque el poder judicial, y particularmente la justicia federal, siempre trabajó palmo a palmo con los intereses de quienes ostentan el poder real en la Argentina, que son los mismos que están detrás de la Ley Bases. En ese sentido, entonces, creo que no se le va a poner ningún límite al gobierno de Milei.

Por otro lado, esta semana hay elecciones en el Claustro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA. La abogacía nacional y popular va en la lista 2, con la intención de retener un representante por la minoría.

¿Cómo llegan a esta elección en términos cualitativos y organizativos?

El objetivo de esta elección es retener nuestro representante por la minoría y seguir creciendo en representatividad, después de dos años de gestión excelentes, que terminaron con la incorporación de trece profesores adjuntos de Derecho Penal, impulsados por nuestro espacio. La particularidad de esta elección es que  ciertos sectores con identidad cercana al peronismo se han escindido del frente mayoritario, el Frente de Abogados y Abogadas Populares, y van por afuera.

¿Esto a qué se debe?

A que no les significa un costo, ya que nunca participaron del sistema universitario, o nuestra facultad.  Y nos parece una decisión política equivocada, y egoísta, sobre todo en relación a algunos sectores con los que se juntaron, que eran y son muy opositores a todo lo que significa el kirchnerismo y el peronsimo. Nos referimos claramente a sectores del PRO y de las UCR que no vienen del ámbito de la Facultad de Derecho sino que son totalmente externos.

Para nosotros es fundamental que los graduados y graduadas de derecho tengan bien en claro que la lista que representa no solo al peronismo y al kirchnerismo, sino también a todos aquellos sectores que quieren tener una voz crítica y popular en el Consejo Directivo que conduce la Facultad que más cantidad de abogados y abogadas forma en nuestro país, es la Lista 2, la del Frente de Abogadxs Populares.

Vale decir que nuestro es realmente plural y amplio, que incorpora distintos actores con distintas trayectorias e identidades políticas, que van del peronismo, a la izquierda popular o a sectores más propios de la abogacía como son los gremios judiciales, o las asociaciones de abogados.

¿Qué los une hoy?

La construcción de una Facultad que este a la altura del contexto nacional y mundial y de la defensa del Estado de Derecho y de la Justicia Social frente a un Gobierno Nacional que abiertamente los desprecia.

¿Los libertarios tienen representación, o van fusionados con el PRO y los radicales?

Los radicales van en un acuerdo con Emiliano Yacobitti, los libertarios y la izquierda no tienen nada.

Eligieron la bandera de la educación pública como consigna para atraer votos. ¿Por qué?

Porque entendemos que desde la Universidad Pública, y particularmente la Facultad de Derecho, que forma funcionarios judiciales y operadores del Sistema de Justicia, es el lugar donde se torna necesario crear una matriz de pensamiento nacional y popular para que después eso tenga un efectivo ejercicio en el ámbito del Poder Judicial y no tengamos jueces como Julián Ercolini o fiscales como Carlos Stornelli, que lo único que hacen es beneficiar a determinados sectores de la sociedad para mantener el statu quo y el poder, en detrimento de otros sectores y la propia democracia.

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Algunas de las propuestas del FAP, a través de la Lista 2, son la incorporación de las representaciones de las minorías en los departamentos por orientación del Derecho, la apertura de más concursos docentes y de profesores,  el mejoramiento de la articulación de la práctica profesional con las asesorías jurídicas en barrios vulnerables, la incorporación de la perspectivas de géneros y la perspectiva ambiental en la formación jurídica de manera transversal.