“No quiero justicia, quiero justa justicia”

• Por Mariano Abrevaya Dios
•   15 de Enero de 2020

La Masacre de Wilde fue un brutal caso de gatillo fácil encabezado por una patota de once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús que dejó como saldo cuatro muertos y una causa judicial escandalosa. El operativo fue realizado a plena luz del día, y sus responsables fueron beneficiados por la impunidad que reinaba en la Argentina de mediados de la década del noventa. Se trató, por otra parte, de unos de los primeros casos del accionar de lo que más adelante se conocería como la Maldita Policía.

Los hechos de aquel caluroso mediodía de hace 26 años atrás, todavía no están aclarados, y serán materia de debate del juicio oral y público que un tribunal de Lomas de Zamora anunció para 2020. La compañera de uno de las víctimas de la masacre, Raquel Noemí Gazzanego, espera que ahora sí, por fin, se haga justicia. “Justa justicia”, aclara.

Kranear conversó con ella en un bar de Mataderos, pocas horas después de haberse cumplido un nuevo aniversario de la masacre. Llegó con una bolsa de compras rebasada de papeles. En una conversación telefónica previa había aclarado que no los podía prestar. Eran para revisar allí mismo. Venía de pasar unos días en Córdoba, junto a una prima. “Es la primera vez en estos veintiséis años que para esta fecha –el 10/1- no estoy en Buenos Aires”, reconoce.

Las arrugas del rostro de tez oscura, las canas de su pelo, la firmeza de su mirada y sus palabras y las decenas de recortes de diarios, cartas y oficios judiciales que abultan sus dos carpetas, dan cuenta de una pelea que lleva toda una vida. Con Edgardo tuvo dos hijos. En 1994 tenían 8 años y 8 meses. “Natalia tiene ahora la misma edad que el padre cuando fue fusilado, 34, y Gonzalo tiene 27. Ella trabaja es diseñadora gráfica y trabaja en una farmacia, y él es artista callejero”, cuenta, y agrega un dato previsible: su hijo descree por completo en las instituciones, se llame escuela, policía o poder judicial. Todo es parte de un Estado que le arrebató a su padre y por el que todavía nadie rindió cuentas.

 

Uno de los tantos papeles que Raquel trajo a la estación de servicio.

Lo primero que le pedimos a Raquel es que nos relate la historia no oficial de los hechos. La versión que junto a su abogado vienen sosteniendo frente al juez de turno, y que piensan sostener en el anhelado juicio oral y público anunciado para este año.

Una banda de once integrantes de la ex Brigada de Lanús salió a cazar a un grupo de delincuentes con los que tenían negocios ilegales, ya que se habían quedado con un vuelto, los habían traicionado o se querían abrir de la sociedad delictiva sin su consentimiento. Los hombres salieron desde Santos Lugares en dos autos, un Peugeot 505 con el remisero Norberto Corvo al volante, y los pasajeros Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza. En el auto de apoyo, un Dodge 1500 amarillo, viajaban tres hombres: Leguizamón, Quintana y Correa. La patota policial comenzó a perseguirlos a disparo limpio sobre la avenida Mitre, en Wilde. Se movían en cinco autos de civil, y todos ellos también estaban vestidos de civil. En cuatro cuadras descargaron más de doscientos disparos sobre el Peugeot, hasta que luego de haber tomado la avenida Franco, el coche impactó contra el frente de una parrilla. Ahí fue que los ultimaron. Más atrás, también sobre la avenida Franco, el Dodge 1500 fue detenido a punta de pistola, pero como la zona se llenó de curiosos, no hubo posibilidad de fusilarlos. El baúl de ese coche habría estado lleno de armas. También se dice que del Peugeot los policías se llevaron un maletín con cocaína, y que aparte, con los cuerpos todavía humeantes, les plantaron armas. En simultáneo, un par de policías del grupo que estaba más adelante con la persecución del Peugeot, visualizó un Dodge amarillo. Fueron a buscarlo, a los tiros. Sobre la calle Moreno, el auto no pudo andar más. Estaba en llantas. Claudio Díaz, el hombre que estaba al volante, comerciante de profesión, le dijo a Edgardo Cicutín, librero, y esposo de Raquel, que descienda. Les ordenaron que se tiren al piso. Al segundo le descargaron diez balazos. Al primero le percutieron un arma en la nuca, pero no llegaron a gatillar. Este hombre fue y sigue siendo el único sobreviviente de la masacre.

Kranear: ¿Cómo reconstruiste esta versión?

Raquel: Me la hicieron llegar por medio de una llamada que me hace un preso de Marcos Paz y que mi abogado anterior constató en persona al ir a verlo al penal.

K: ¿Y por qué te contó todo eso?

R: Era muy amigo de uno de los muertos del Peugeot y quería que se supiese la verdad.

La historia oficial, basada en los testimonios que los policías ofrecieron en aquel verano de 1994, frente la jueza de Lomas de Zamora Silvia Susana González, a cargo de la investigación de los hechos, sostiene que en la brigada recibieron una alerta por un robo a una sucursal a un banco, fueron a buscarlos, y que al interceptarlos fueron repelidos con armas de fuego. Entonces respondieron. Y acá viene lo más grotesco: todos los policías le endilgaron a un cabo la responsabilidad de los doscientos cincuenta disparos y las cuatro las muertes. Ese hombre, Marcos Ariel Rodríguez, se esfumó a pie, al otro día de la masacre, de la comisaria en la que estaba detenido junto a sus compinches, y estuvo prófugo hasta 2014, cuando lo apresaron en Córdoba.

“Rodríguez estaba exonerado de la fuerza pero ese diez de enero estaba en la brigada de Lanús ‘porque era un buen muchacho y necesitaba hacer una changuita’”, ironiza Raquel con un cambio en el tono de su voz. Comentó que lo habían desplazado de la Bonaerense por haber dejado solo a un compañero que trasladaba a dos delincuentes, quienes luego de reducirlo, lo mataron. “En sus declaraciones ellos dicen que Rodríguez no llevaba armas porque estaba exonerado, pero ante el revuelo que se armó con los disparos de los delincuentes, le sacó el arma a un compañero de la fuerza y comenzó a disparar como un loco”.

Raquel suma elementos que echan por tierra la versión policial de los hechos: “Se apuraron en mover el Peugeot 505, al igual que los cuerpos; no esperaron a que lleguen las autoridades judiciales. Cuando la jueza les preguntó por qué se habían apurado, dijeron que querían que los heridos llegasen rápido al hospital. Sin embargo con Edgardo, que sí estaba vivo luego de los disparos, y hasta le dijeron que se quedase tranquilo porque estaba en camino la ambulancia, no lo llevaron. Con esto queda claro que en el Peugeot 505 necesitaban borrar huellas”.

La impunidad atraviesa de lado al lado la masacre en la que fusilaron al compañero de Raquel.

El derrotero judicial

El 6 de febrero de 1994, los once policías fueron detenidos por orden de la jueza Silvina González. En agosto la magistrada encabezó una reconstrucción de los hechos, en base a las indagatorias que le realizó a los involucrados, en su mayoría policías. Hubo mucha prensa aquel día en Wilde. Si se indaga en los archivos de una hemeroteca (en los papeles de Raquel), se puede encontrar la cobertura a página completa de los diarios.

“Recuerdo que todo el mundo estaba a los gritos, incluso la mamá de Edgardo, y yo, por alguna razón que desconozco, cuanto más alterada estoy, más que calmo; entonces me puse en cuclillas contra un auto estacionado, hecha un bollito, para escapar del griterío. En un momento la jueza González pasó por mi lado y me toca la cabeza. Al rato fui la única familiar de las víctimas que pudo participar de la reconstrucción”, cuenta Raquel.

Por esas horas Raquel estaba representada por una abogada que “no reaccionaba ante las novedades que yo le llevaba”, subraya. Entonces el mismo día de la reconstrucción de los hechos, luego de llorar durante varias horas, se puso en contacto con la madre del poeta Sergio Schiavini, quien había sido muerto en una toma de rehenes en la confitería Dalí de Lomas de Zamora, para pedirle el teléfono del abogado que la representaba.

Ciro Annicchiarico en la actualidad trabaja en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, pero en ese momento, a mediados de los noventa, era un joven que había decidido ponerle el cuerpo a las causas de violencia policial, y que ahora sumaba un caso muy complejo, con todo el aparato estatal en contra. El vínculo sigue vigente. Se trata de un hombre que siempre remarcó que los hechos están asociados a una época de impunidad de parte del poder judicial y político. Raquel señala que su aporte y acompañamiento fue clave para evitar la prescripción de la causa, por medio de la presentación de distintos recursos judiciales.

Algunos meses después, con los policías todavía presos, la causa cambia de manos. Raquel dice que se debe a un asunto legal, porque una vez finalizada la etapa de instrucción la causa, el expediente pasa a tramitarse en el juzgado en el que ya existían causas contra los mismos procesados. Otra versión indica que el cambio de juez se debió a las presiones de la propia Bonaerense y sus aliados en el Poder Judicial y la política.

Así es que aparece el nombre Emilio Villamayor, otro juez de instrucción, que el poco tiempo no solo ordenó la liberación de los detenidos sino que los sobreseyó de la causa. El 23 de noviembre de ese mismo año, la Sala 1 de la Cámara Penal de Lomas de Zamora ratificó la decisión del juez. Y en junio de 1995, el magistrado ordenó archivar la causa a instancias del tribunal superior.

Una foto de archivo de la época publicada en medios impresos.

“Villamayor es un connivente con la policía. O como se dice en la jerga, un pro cana”, apunta Raquel, y aparte, dice, “un ciego total, no solo por su manera de hacer justicia, sino por su conocida miopía”. En relación a los tres camaristas cuenta que los hombres “tenían un estudio jurídico al lado de la comisaría de Ramos Mejía en la que habían trabajado muchos de los policías implicados en la masacre” y que en “estos abogados devenidos en camaristas eran los caranchos que trabajaban en complicidad con la policía”.

Raquel nunca bajó los brazos. Hizo investigaciones propias en la zona de la masacre. Un techista que habría visto parte de los hechos, una vecina que durante la reconstrucción dijo haber visto algo. Un taxista que habló de un inquilino de la zona que había sido testigo involuntario de los hechos. Dio decenas de notas para distintos medios de comunicación, en especial, gráficos, siempre con su relato de que se había tratado de un fusilamiento, de la connivencia entre la policía y el delito, de la necesidad de tener justicia por la muerte del padre de sus hijos. Construyó una relación de confianza con un par de periodistas, que le dieron una mano cada vez que pudieron. Se acercó a un par de espacios de participación y contención de otros familiares de víctimas de la violencia institucional y el gatillo fácil, pero no funcionó.

“Camino sola”, dice ahora en la estación de servicio, mientras le pega un par de sorbos a un café con leche. Tiene 57 años y trabaja en la industria textil. Es una de las tantas mujeres que a lo largo de las últimas décadas lucharon en contra de la injusticia y la impunidad que reinó en nuestro país.

Entre la perseverancia de Raquel y el profesionalismo de Ciro –y una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, lograron que en 2013 la Corte Suprema Bonaerense emitiese un fallo en el que instaba a “extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”. La causa quedó a cargo del juez Gabriel Vital, del juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora. En 2014 el juez dictó la elevación a juicio.

“Los abogados defensores de los policías hicieron lo imposible que cierre la causa, por medio de todos los recursos de nulidad habidos y por haber”, subraya Raquel.

En octubre de 2019, finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de Lomas de Zamora convocó a una audiencia preliminar para el 6/12/19, pero se pospuso porque según se comunicó oficialmente, el presidente del tribunal tuvo un problema de salud. La nueva fecha pautada es el 30/3/20. Ese día, entonces, se establecería una fecha para el juicio oral y público.

Los procesados que llegarían a juicio son los ex comisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, los ex oficiales Osvaldo Lorenzón, los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, todos en libertad. Dos de los acusados ya fallecieron.

Son cuatro las querellas. La esposa y los hijos de Corvo, el conductor del remise; el único sobreviviente de la masacre, Claudio Díaz; la hermana de Edgardo Cicutín; y por último, Raquel y sus hijos.

Foto de archivo.

Maldita Policía

El comisario Pedro Klodczyk estuvo a cargo de la Policía Bonaerense entre 1991 y 1996, un período en el que la fuerza de seguridad más numerosa del país, con 45 mil hombres, comenzó a ganarse la fama de corrupta, sangrienta y partícipe de todo tipo de ilícitos en complicidad con bandas delictivas que actuaban en la provincia: el robo automotor y la propiedad privada, la venta de drogas y armas, el asalto de bancos y camiones blindados, la prostitución. Son varios los casos policiales emblemáticos que se puede rastrear en la prensa de aquellos años, incluso hasta finales de la década, de los que sobresalen el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas y el asalto con toma de rehenes de la sucursal del Banco Nación en la localidad de Ramallo, televisada en directo para todo el país.

La Masacre de Wilde y la Maldita Policía tienen varios puntos de contacto. La versión de Raquel y de la propia investigación de la jueza González, dan cuenta de una emboscada de parte de los policías emboscaron. El operativo fue ilegal y tuvo fines delictivos. Por otro lado, los once policías que prestaban servicio en la Brigada de Lanús tenían como subjefe al comisario Juan José Ribelli, quien pocos meses después sería detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA, acusado de estar implicado en el armado del coche bomba, ya que el hombre tenía una estrecha relación con el negocio ilegal de las autopartes y el robo automotor en la zona sur de la provincia. Aparte, fue jefe de las brigadas de Quilmes y Almirante Brown, y de la División Sustracción de Automotores de Vicente López. “El Lobo” Ribelli se recibió de abogado en la cárcel.

Las notas periodísticas dan cuenta del laberinto judicial en el que cayó la causa.

Se termina la hora del almuerzo y hay que volver al trabajo. Raquel lo tomó entre las dos o tres pausar que hizo mientras ofrecía su relato de los hechos, la historia de su vida.

K: ¿Qué expectativa tenés en relación al juicio anunciado para este año?

R: Yo no quiero justicia, quiero justa justicia.

K: ¿Cómo es eso?

R: No sé si la voy a conseguir. Soy agnóstica y por tanto si no veo no creo. Tengo expectativa de llegar al juicio, y para eso primero tiene que llegar el 30 de marzo, para que ahí efectivamente nos den una fecha de juicio. Y después esperar la fecha del juicio para ver si realmente se realiza.

K: Supongamos que llega el juicio.

R: En ese caso quiero que los responsables paguen por lo que hicieron, pero además estaría genial que esta justa justicia determine por qué actuaron con tanta saña, por qué fusilaron de semejante forma a Corvo, a Bielsa, a Mendoza y a Edgardo. Justa justicia es que nos digan que Marcos Ariel Rodríguez es un perejil, y que la responsabilidad es de todos los policías. Ni en la causa de Luciano Arruga, Cabezas, AMIA o Nismán no dicen por qué. Queremos saber quiénes fueron y por qué, porque si no nos puede volver a pasar a vos, a mí, al de al lado.

Nos aprestamos para irnos. Guardamos el grabador, la agenda de anotaciones Ella acomoda los papeles, pero está acomodando los papales, pero se frena: “¿Si te doy los papeles me prometes que los vas a cuidar?”.

En la foto del final del encuentro, se la puede ver a ella con la bolsa de nylon vacía, sin los recortes que resumen su vida.

Veintiséis años de lucha por una "justa justicia".