Nuevas turbulencias en el gobierno de Petro a un año su asunción

• Por Jesús Ariel Rivero
•   12 de Agosto de 2023

La realidad social y política de Colombia está convulsionada por las confesiones que hizo Nicolás Petro en una audiencia junto a su ex pareja Day Vazquez, acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El fiscal del caso, Mario Burgos, reveló que Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que un condenado por narcotráfico aportó dinero para la campaña proselitista de su padre, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos.

En un evento con campesinos en Sincelejo (Sucre, norte), el presidente de Colombia no negó que su campaña haya recibido financiación ilegal, aunque si desmintió supuestas versiones de que estaba al tanto de esos movimientos.“Lo que nunca va a pasar (…) es que se afirme que el actual presidente de la República haya siquiera sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos e hijas delinca, porque eso no ha sucedido', dijo. “Si eso fuere cierto este presidente se tendría que ir el día de hoy', agregó.

El fiscal sostuvo que Nicolás “recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro' y condenado por narcotráfico en Estados Unidos.“Una parte de estos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022', reveló.

Detenido el sábado último, Petro -legislador regional, y de 37 años- había rechazado inicialmente las acusaciones que hizo en su contra el ente investigador, pero después cambió de postura y anunció que iba a “iniciar un proceso de colaboración”. Dijo que “me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia”.

Según la prensa local, durante un receso, supo de nuevas pruebas de la fiscalía en su contra, y Burgos le propuso entonces aceptar su responsabilidad para recibir una baja del 50% de la posible condena. El fiscal lo imputó por presuntamente “adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad' a dineros obtenidos de forma irregular, además de incrementar en forma injustificada” su patrimonio económico'.

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La Fiscalía sostuvo que el dinero que habría ingresado a la campaña habría superado los topes mínimos permitidos por la ley  y no habría sido reportados ante las autoridades. Burgos, aparte, reveló que el legislador aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación desconocía.

Tras una infidelidad, la ex esposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, lo acusó de recibir grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña de 2022,  pero que en realidad uso para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla.

Según el fiscal Burgos, Samuel Santander Lopesierra, quien pago 18 años de cárcel por narcotráfico de drogas en Estados Unidos, dio a Nicolás Petro unos 102.000 dólares.

Otro implicado fue el “Turco” Alfonso Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.

El proceso judicial contra Nicolás Petro tiene sus jornadas centrales casi en coincidencia con el primer aniversario de la asunción de su padre al frente del palacio Nariño.

El sábado, tras la detención de su hijo en un megaoperativo  policial, Gustavo Petro aseguró que garantizará la independencia de la justicia, ámbito en el que se deberá resolver, además, si Petro y su ex pareja siguen detenidos o gracias a sus declaraciones logran algún beneficio.

Sin duda se trata de una situación grave que tendrá sus efectos ante el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, que goza de algunos resultados positivos: la economía está mejor de lo que se esperaba, las bajas de militares y los homicidios han bajado levemente producto de sus iniciativas de paz y se les ha dado reconocimiento a comunidades y regiones históricamente excluidas.

Sin embargo, a un año de llegar a la presidencia sus grandes promesas no están del todo completas, ya que una de ellas, la más importante y de impacto global, es la de los seis procesos de paz con grupos armados que están sin resolución, junto con las sucesivas crisis en su gabinete.

Ahora llego un escándalo que, además de afectar a uno de sus seis hijos,  quizá lo obligue a concentrar la mayor parte de sus energías en defenderse y mantenerse en el cargo, porque la derecha Colombiana en esto es muy ágil.

El caso por financiamiento ilegal, además de ser investigado por la Fiscalía, va a pasar por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusaciones del Senado. Aunque Petro en 2018 llegó a decir que “un sólo voto conseguido a través del fraude anula la elección”, no tiene chance de ser sancionado, puesto que el CNE sólo puede referirse a los directivos de campaña.

En el Senado la situación es otra, tal como ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998): la Comisión de Acusaciones puede llevar al presidente a un juicio político en el que se investiga si sabía o no de la entrada de dineros ilegales. En aquella oportunidad, Samper fue absuelto por el Senado, pero su gobierno progresista, que prometía un cambio menos drástico que Petro y tenía mucha menos simbología histórica, se fue en eso.

Ahora a Petro, con promesas más ambiciosas y por ende difíciles de lograr, se le avecina algo similar, o quizás un escenario más óptimo, teniendo en cuenta las correlaciones de fuerzas.

Petro no imaginaba conmemorar sus primeros 365 días bajo semejantes circunstancias. No obstante, expresó su satisfacción por lo hecho. La inflación, dijo, se ha detenido, el salario se incrementó un 16%. Ni tuvo lugar la augurada catástrofe económica. “Estamos dejando atrás a un pasado de violencia y a un destino de que el poder sólo pertenece a las castas”, declaró públicamente. “Nos dicen que invitamos la lucha de clases cuando buscamos un acuerdo Nacional', afirmó, mientras le tendía la mano a sus adversarios en un momento de debilidad. “Juntos llegamos mucho más lejos, Colombia no necesita fracturas”, dijo, y “la paz”, remarcó, no obstante, “surge de un acceso justo a la tierra, salud, trabajó digno y una vejez segura, no sólo es desarme y movilización”.

En relación al concepto de paz tan enunciado en los discursos de los presidentes de Colombia, Petro reivindicó la hoja de ruta que debe llevar a la “paz total”, a pocos días de haber comenzando el cese al fuego como parte del acuerdo con el grupo armado ELN. Las conversaciones con todos los grupos armados, entre ellos los paramilitares, los narcotraficantes y los remanentes de las FARC se llevan a cabo en enaltecer la vida. “Los acuerdos no son un negociado sino un proyecto para terminar con la violencia que acaba con el tejido social y los sectores mas humildes”, remarcó Petro.

Como parte de esa voluntad, el gobierno trata de cumplir el acuerdo que se firmó con las FARC en 2016.

A un año de gobierno y frente a horas difíciles, el presidente de Colombia recibió el respaldo de todos sus ministros y del arco político al que pertenece.