Bernardo Arévalo inquieta a las élites guatemaltecas

• Por Jesús Ariel Rivero
•   9 de Septiembre de 2023

La victoria electoral del pasado 20 de agosto del sociólogo, diplomático y diputado progresista Bernardo Arévalo de León, ha generado incertidumbre en las élites que tradicionalmente han ostentado el poder en Guatemala. El discurso de campaña del candidato del Partido Semilla ha sido ordenado por el significante de la anticorrupción. Discurso que pone en evidencia el enriquecimiento fraudulento de las élites.

Esto ha provocado movimientos de los representantes de esa política tradicional que se aferran al poder y que en estas últimas elecciones han demostrado que la independencia de poderes es un concepto abstracto, al intervenir la Justicia y el Congreso para intentar frenar una opción cuya promesa de campaña fue ir en contra de la corrupción que ha permeado el Estado guatemalteco por años.

En un mensaje a la ciudadanía guatemalteca, el viernes 1 de septiembre, Arévalo denunció un intento de golpe de Estado para impedir que tome posesión del cargo en 2024. El presidente electo señaló directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, como la principal ejecutoria e hizo un llamado a la unidad para derrotar a los golpistas.

Arévalo tiene claro que para asumir el poder el 14 de enero y gobernar como decidieron en las urnas los guatemaltecos, necesitará del apoyo de las élites económicas, institucionales, clasistas, académicas, profesionales e indígenas.

La directora del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y Humanistas (ICESH) de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán, declaró: “que Arévalo llegue a la presidencia en estas condiciones será un logro encomiable. Para que consiga formar un gobierno fuerte será necesario un reposicionamiento de las élites, o están del lado de la democracia o mantienen sus beneficios económicos gracias a la cooptación de las instituciones”.

Desde su inesperado pase a la segunda vuelta –luego de la primera, que se realizó en junio pasado-, Arévalo y el Movimiento Semilla comenzaron a notar, a través de decisiones judiciales, que su presencia incomodaba a las élites. La Fiscalía de Rafael Curruchiche, que ha dirigido varias investigaciones contra opositores y operadores de justicia anticorrupción en el exilio, y que como la fiscal general Porras, ha sido designado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático, abrió una investigación contra su partido por la supuesta falsificación de firmas para conformar el movimiento político que surgió de las movilizaciones ciudadanas en el 2015.

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Sus máximos referentes aseguran que se trata de un caso espurio e infundado, pero la solicitud llevó la semana pasada a la suspensión temporal del partido en una decisión desactivada el domingo 3 de septiembre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero, ante la opacidad de la Fiscalía para fundamentar sus acusaciones y la oportunidad de sus acciones, muchos ciudadanos interpretan este movimiento como una reacción de las élites corruptas.

Desde el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, Mariana Rohrmoser, aseguró que “quieren matar a Arévalo, quieren matar al partido y que no crezca”.

El presidente electo no sólo está pendiente de potenciales ataques desde el ámbito judicial. La misma noche del 20 de agosto, cuando Arévalo fue declarado ganador de la segunda vuelta junto con su compañera de formula, la científica Karin Herrera Aguilar, se les alertó sobre un plan para atentar en su contra, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgarles medidas cautelares.

En el ámbito judicial, tras su victoria, se acrecentaron las acciones para debilitar la legitimidad de un partido que promete luchar contra un sistema de corrupción que, se calcula, socava el 30% del presupuesto público.

De cara al 14 de enero, los escenarios no son saludables, y en la tertulias de los medios se barajan la posibilidad de anular las elecciones o que el nuevo Congreso designe a un gobernante provisional, una medida que, aunque institucional, no suena tan descabellada ante las incontables resoluciones judiciales que han puesto  a Guatemala al borde de los que algunos analistas llaman “golpe de Estado técnico'.

Para que  Arévalo asuma el poder, “es urgente desactivar las amenazas, primero el resguardo de su vida y de sus colegas, y segundo, desactivar la cancelación del partido', declaró Úrsula Roldán del ICESH.

La semana pasada, la directiva del Congreso- integrada por aliados del actual presidente Alejandro Giammattei- desconoció a la bancada del Movimiento Semilla y declaró independientes a sus diputados tras la suspensión temporal del partido por el TSE, aunque el sábado de septiembre, el tribunal emitió una resolución que desactiva esa suspensión hasta el 31 de octubre, cuando concluya el proceso eleccionario.

El futuro del partido se podría despejar por la Corte de Constitucionalidad, donde se tramita un recurso contra la cancelación.

El diputado Mario Taracena, con cuatro décadas de trayectoria política y parlamentaria, consideró que el desconocimiento de la bancada de Semilla es una estrategia del partido oficialista y sus aliados para presionar al presidente electo y que negocie con ellos. Su consejo público fue que el presidente electo no haga alianzas con el Congreso.

El diputado ha denunciado públicamente pagos de sobornos a cambio de la aprobación de leyes o de asignaciones presupuestarias, que más tarde se convierten en billones de corrupción. La única alianza posible de Arévalo es con el pueblo, dijo Taracena.

Además del respaldo que recibió Semillas en las urnas, diferentes sectores de la población han comenzado a tomar una postura contundente de rechazo hacia quienes amenazan con impedir que Arévalo asuma la presidencia. Desde campañas en redes sociales, protestas ciudadanas y la recogida de firmas, la población también está pidiendo la renuncia de Consuelo Porras.

Diferentes actores internacionales y organismos que observaron las elecciones, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han expresado su preocupación por los intentos por frenar la voluntad popular y demandan que se asegure un proceso de transición pacífica.

El viernes 1/9, en una reunión extraordinaria, el Consejo permanente de la OEA declaró la preocupación por las acciones del Ministerio Público que intimidan a funcionarios y voluntarios electorales y por las amenazas hacia los funcionarios electos y sus familias. El concierto de los embajadores ante ese organismo se pronunció de forma unánime en defensa de la democracia e hizo un llamado a las instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales a respetar y garantizar los derechos civiles y políticos que resguarda la Convención Americana sobre Derechos humanos a fin de evitar interferencias en el proceso de transición presidencial'.

La élite económica tradicional, representada en el comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), mantiene una postura de respeto a las instituciones sin valorar la intencionalidad de sus acciones para deslegitimar al partido que venció en las urnas. En una entrevista con el diario Prensa Libre, el presidente del Cacif, Ignacio Lejárraga, hizo un llamado para lograr un consenso de gobernabilidad durante el periodo de transición, pero no entro en mayores detalles de cómo alcanzarlo.

Estos temas cobran relevancia en el contexto del necesario recomposicionamiento de las élites.

Úrsula Roldán, apuntó que “yo creo que todavía están a la espera de una negociación donde otra vez quieran quedarse con una parte importante de la cooptación, sin tener en cuenta la exigencia internacional para modernizarse, que les llama a dejar su éxito económico a costa de un estado cooptado”.

Arévalo tiene 64 años, es diplomático, sociólogo e hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó entre 1945 y 1954, y formó parte de lo que allá se conoce como “gobiernos de la primavera”, que encabezaron la inclusión de los pueblos indígenas, el acceso a la tierra para campesinos y la creación del Instituto de Seguridad Social.