Patria Grande

Qué hay detrás de la guerra económica en Venezuela

A mediados de 2015 escribíamos sobre las largas filas, desestabilización, falta de alimentos, caída del precio del petróleo, inflación y dólar paralelo, algunas de las noticias que nos llegaban segmentadas desde la República Bolivariana. Y nos preguntábamos qué escondían esos desajustes que el gobierno de Maduro definía como “guerra económica”.

6 de Septiembre de 2015

Por Ayelén Oliva (@ayelenoliva). Ilustración: Gustavo Cimadoro

Acercarse a la realidad venezolana desde otras latitudes se ha vuelto cada vez más complejo. La dureza del discurso chavista de un lado y el bombardeo mediático que busca pintar la postal de un país sumergido en guerra civil del otro, convencen a los convencidos y confunden a los más desprevenidos. Identificar y vincular los elementos que componen esta crisis económica (o al menos aquellos de mayor peso) se convierte en una tarea imperiosa para detectar la complejidad del asunto.

Dos señales de alerta antecedieron al actual desajuste económico que vive Venezuela. La primera fue la devaluación de la moneda en un 46 por ciento que dispuso el por entonces vicepresidente Nicolás Maduro, en febrero de 2013, unos meses antes de la muerte de Hugo Chávez, que convirtió al cambio oficial de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar cuando todavía el precio del petróleo superaba los 105 dólares por barril. A los dos meses, luego de la muerte de Chávez, el 14 de abril de ese año, convocaron a elecciones generales en las que el pueblo venezolano respaldó el proyecto de un “chavismo sin Chávez”, resultando electo presidente Nicolás Maduro por 5 puntos menos de lo alcanzado por su antecesor seis meses antes, y una diferencia de menos 250 mil votos con el candidato de la oposición. El segundo componente es la caída vertiginosa del precio internacional del barril de petróleo, que comienza a descender en el segundo semestre de 2014 y que en agosto de 2015 se situaba en menos de 40 dólares por barril, es decir, menos de la mitad que el mismo mes del año anterior.



Desde el momento en que la riqueza de Venezuela fue desplazada del suelo al subsuelo, esto es de la agricultura latifundista a la extracción hidrocarburífera, a comienzos del siglo pasado, la oscilación del precio de petróleo constituye una variable fundamental en su economía. Desde el 2008, la crisis financiera internacional viene reduciendo la demanda global de productos derivados del petróleo que, sumado a una mayor oferta en el mercado como efecto de la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica o fracking, ha permitido que países como Estados Unidos hayan aumentado su producción de 4 a 9 millones de barriles diarios, situación que derivó en un combo explosivo para el comercio internacional que aunó la ampliación de la oferta con una reducción del consumo.

"Todos los venezolanos deben saberlo: 38 dólares el barril, así que estamos haciendo de tripas corazón para seguir el rumbo de las misiones [programas sociales]”, dijo el presidente Nicolás Maduro por cadena nacional, el 20 de agosto pasado, en un país donde el petróleo representa el 11,6 por ciento del ingreso de su Producto Interno Bruto, y el 96 por ciento de las exportaciones, según datos del Banco Central.

Por lo tanto, son fácilmente previsibles los efectos en los que puede derivar una caída de los precios de las commodities (el petróleo para algunos, la soja para otros) en países fundamentalmente extractivitas, que no han alcanzado el objetivo enorme de diversificar su matriz productiva. Sin embargo, ¿pueden ceñirse las causas de la actual crisis económica a la caída de los precios de este recurso estratégico o existen a su vez otros componentes que agravan esta situación? Si existe “guerra económica” no es sólo porque las condiciones se hayan vuelto poco favorables sino que también existen ofensivas intencionadas que profundizan esta problemática. Revisemos.

Una de las estrategias que esconden mucho de desajuste intencionado es el crecimiento del dólar paralelo. El gobierno de Hugo Chávez adoptó en febrero del 2003 un complejo sistema de control cambiario para frenar la aceleración de fuga de capitales que se desató tras el paro en la industria petrolera, para así contener las presiones por devaluar su moneda. Actualmente el país funciona con tres tipos de cambios oficiales y uno paralelo. El dólar preferencial para las importaciones de alimentos y medicamentes se mantiene desde comienzos de 2013 a 6,3 bolívares por dólar, hecho que posibilita el acceso a estos productos a precios realmente muy bajos. También está el SICAD, en 12,8 bolívares, para otros consumos provenientes del exterior, y el SIMADI, el precio que cualquier turista puede conseguir en una casa de cambio, que ronda los 199 bolívares. Pero como hijo no reconocido de este sistema cambiario aparece el dólar paralelo, que en mayo de este año era de 280 bolívares y que a fines de agosto ya supera los 700 bolívares por dólar.



Es decir, el actual sistema cambiario en Venezuela despliega un abanico que comienza con los 6.30 y termina en 700 bolívares por dólar, algo que convierte a la economía venezolana en un sistema en el cual encontrar algún tipo de lógica se convierte en una misión imposible.

Pero ¿cómo es que rige el precio del dólar negro para dar esos saltos tan abismales? La respuesta es: como quiere. El ritmo del crecimiento lo determina un portal digital conocido por todos como Dólar Today, encargado de llevar día a día una mecánica devaluadora arbitraria a la que el mercado cambiario obedece. Según publica el periodista Franco Vielma en el portal digital Misión Verdad, “desde julio de 2014 al presente según Dólar Today el bolívar se ha ‘devaluado’ un 900 por ciento, enrareciendo de esta manera todos los sistemas y subsistemas de precios con el dólar cucuteño”.

Este “dólar cucuteño”, como lo conocen en Venezuela, es efecto de la operación de especulación que opera en la frontera colombiana, en San Antonio de Táchira, Venezuela, lindera con la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, en Colombia. Según el gobierno, desde allí se define arbitrariamente el precio del bolívar que termina operando en todo la red cambiaria ilegal venezolana.

Los bolívares son vendidos en casas de cambio en Cúcuta a cambistas colombianos que buscan día a día devaluar el bolívar para aumentar el poder adquisitivo de los pesos colombianos y  poder de este modo comprar mayor cantidad y al más bajo precio las mercancías que entran a Colombia vía contrabando. Los bidones de gasolina que ingresan a Colombia a precios subsidiados, por ejemplo. Según denuncia el gobierno, se trata de un mecanismo que tiene como único objetivo colapsar la economía local. Maduro definió el 21 de agosto pasado cerrar los pasos fronterizos con Colombia del estado de Táchira hasta garantizar el “restablecimiento del orden”.

Pero a esta burbuja cambiaria hay que sumarle el acaparamiento. Desde que se incautaron 2.500 toneladas de alimentos ocultos en los depósitos de mercados Día a Día, en La Yaguara, el 3 de febrero pasado, el gobierno denunció que había quedado en evidencia el mecanismo con el que operaban ciertas empresas privadas basadas en tácticas de desestabilización económica. La principal firma denunciada es Polar, pero la empresa asegura haber acotado su producción a causa de la falta de materia prima importada, algo que el gobierno niega. Esta situación, sumada a los desajustes en el tipo de cambio, dificulta la posibilidad de frenar la pérdida de valor real de la moneda y acentúan un proceso inflacionario sin precedentes.

Dos aclaraciones. Por un lado, los numerosos operativos en galpones y hallazgos de alimentos retenidos para su distribución han dejado en evidencia que el “desabastecimiento” de productos básicos corresponde a las irregularidades de las empresas de distribución. En segundo lugar, hay que señalar que esto no genera “hambre en el pueblo”, como sostienen la oposición y los grandes grupos de comunicación, ya que un producto puede faltar en la góndola un mes, y aparecer al mes siguiente, alternando este mecanismo entre los diferentes insumos básicos que se comercializan en las góndolas a precios regulados por el Estado.

¿Se puede vivir sin café un mes y al otro mes conseguir café pero perder la harina? Sí ¿Es fastidioso? Por supuesto, pero eso no se traduce en falta de alimentación en los sectores populares.

Ya en 2012, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoció a Venezuela por la reducción del hambre y la pobreza extrema en más del 50 por ciento en todo el país. Mientras, en 2013 celebró el logro de ubicarse en el grupo de los 15 países que realizaron progresos excepcionales por reducir la subnutrición.

A estos grandes manejos hay que sumarle pequeñas y domésticas prácticas especulativas denunciadas por el chavismo y ejecutadas por cientos de venezolanos conocidas como “bachaqueo”, práctica que puede encontrarse en cada una de las esquinas de Caracas y que se sostiene en la compra de alimentos a precios regulados y la reventa del mismo a un precio varias veces superior. Como decíamos, esto es posible porque existe una política de Estado, que aún en tiempos de dólar alto, alimenta una red mercados con productos a precios regulados como el Mercal, Pdval y Abastos del Bicentenario que aseguran la comercialización de alimentos a precios realmente muy bajos.

Señalemos otros puntos. En primer lugar, que los efectos de estos desajustes que en cualquier país capitalista podrían conducir a un alto desempleo y a una reducción de salarios, o sea hambre, marginalidad y pobreza, en la Venezuela chavista existe un Estado que decide no optar por el ajuste en momentos de crisis.

Según los datos provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas local, el índice de pobreza antes de la llegada de Hugo Chávez alcanzó un porcentaje del 61 por ciento de los venezolanos -13 millones de ciudadanos bajo la línea de pobreza-, según los datos del primer semestre de 1997, mientras que para el segundo semestre de 2013, la pobreza se redujo a un 32,1 por ciento -o sea la mitad-.

En materia de desempleo, el informe Venezuela en Cifras del 2015 señala que en 1999 la tasa de desocupación era de 14,5 por ciento, mientras para el 2014 la tasa llegó al 5,5 por ciento, o sea un millón de venezolanos sin empleo. Cuando observamos las duras crisis económicas que atraviesan países como España o Grecia, con tasas de desempleo de 22,7 por ciento y 25,4 por ciento respectivamente, rescatar que la crisis económica en Venezuela no se traduce en desocupación ni recortes de salarios, no es un dato menor.

Entre enero y julio de este año el salario mínimo se incrementó en un 52 por ciento, y pasó de 5.622 bolívares en febrero a 7.421 en julio, con los tres incrementos del año, casi duplicando los 4.251 bolívares de mayo del año pasado.

En síntesis, el panorama es mucho más complejo que la información segmentada que algunos medios de información nos acercan. Achacar todos los males a la especulación y no asumir los daños que puede causar la ausencia de una política de diversificación de la matriz productiva luego de una década y media de gobierno chavista, es un error. Pero es más peligroso asegurar que los desajustes económicos responden a una mala gestión económica sin reconocer las complejidades de una crisis internacional que golpea incluso a grandes economías.

Asegurar que estos desajustes se traducen en hambre para la población es un verdadero acto de malicia que sólo se entiende en el marco de un año electoral, que renovará el próximo 6 de diciembre la totalidad de las bancas de la Asamblea Nacional. Esta será la segunda instancia donde se mida la confianza política en la construcción de un “chavismo sin Chávez”.

Los desajustes económicos que buscan profundizar los efectos de la caída de los precios del petróleo, y propagar noticias de “hambre y desesperación”, parecen estar más enfocadas a la disputa política que tendrá lugar en los próximos meses que a los efectos forzosos de una crisis económica que golpea no sólo a Venezuela sino al mundo entero.

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