Catorce meses de impunidad

Cambiemos no solo está a cargo del Estado responsable de la desaparición seguida de muerte del artesano, sino que incidió de modo directo en la manipulación de los hechos políticos, jurídicos y mediáticos que derivaron en el escenario actual: la investigación está paralizada y todavía no hay culpables. Se trata de un caso emblema de la nueva impunidad que reina en la Argentina de Macri.

Por Mariano Abrevaya Dios

Cuando la nueva tragedia nacional haya finalmente quedado atrás, recordaremos que el caso Santiago Maldonado expresó, por sí solo, la brutalidad y el cinismo que fue capaz de pergeñar la Alianza Cambiemos a cargo del gobierno nacional. Repasaremos todas las páginas de un caso espantoso, no solo por el dolor y la indignación de una muerte evitable, en el marco de una represión, o por la persecución que sufrió la familia y todos los que se atrevieran a exigir verdad y justicia, sino también por el dispositivo de propaganda y extorsión que montaron Macri y sus funcionarios, con el apoyo del periodismo servil, para desmarcarse de la responsabilidad que les cabía por estar a cargo del Estado nacional.

Lo más grave y doloroso para nuestra democracia es que a partir del poderoso dispositivo de propaganda del Gobierno, que incluye el aporte de los grandes medios de comunicación, lograron instalar, en la subjetividad de parte de la sociedad –en su electorado- la hipótesis de que el artesano murió en el río Chubut por no saber nadar. No solo eso: Maldonado falleció por su propia irresponsabilidad, luego de haber cortado una ruta nacional y defender causas perdidas.

El primer delito que cometió el Gobierno nacional fue ingresar en territorio mapuche, sin orden de allanamiento, alzados por la adrenalina de cazar un puñado de manifestantes que los habían
desafiado con pasamontañas sobre las cabezas, boleadoras y gomeras en las manos, y una rebeldía indígena que había que poner de rodillas. Fue en el marco de aquel operativo que desapareció Maldonado, acorralado en la vera del río y rodeado de gendarmes. ¿Qué pasó? Lo tiene que determinar la Justicia Federal, a cargo de la investigación de los hechos. Ni la Gendarmería ni la ministra Bullrich. Tampoco la tropa de comunicadores serviles a los intereses de Macri. El juez a cargo de la investigación (Guido Otranto primero; Guillermo Gustavo Lleral después).

¿Resulta inverosímil que el cuerpo de Maldonado estuviese casi tres meses en el lecho del río, enganchado a la rama de un arbusto, y sin que lo haya visto ninguno de los cientos de los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de los dos rastrillajes ordenados por los jueces? Sí. ¿Resulta creíble que alguna estructura que reporta al Gobierno nacional monte semejante monstruosidad, o tenga responsabilidad en el armado de aquel escenario? Sí. ¿Hablamos de un Gobierno que a pocas horas del comienzo de la veda electoral para las elecciones legislativas llamaron a la madre del artesano para darle sus condolencias, cuando no habían tenido un solo gesto de humanidad en los tres meses previos, y mientras que casi en simultáneo, y en el marco del circo mediático de la autopsia encabezada por decenas de expertos, el juez de la causa informaba que Maldonado había muerto ahogado? Los mismos.

Recordemos también que durante la noche del 1 de septiembre, un mes después la represión en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, en la que despareció Santiago, las fuerzas de seguridad a cargo de Bullrich protagonizaron una cacería policial, cuando ya se había retirado la mayor parte de la multitud que había copado la Plaza de Mayo, en contra de periodistas, manifestantes y gente suelta que andaba por la zona. Hubo cerca de 50 detenciones, con mucha violencia, y también armado de causas judiciales, un cóctel que reeditó otros tiempos aciagos de nuestra historia, y que aparte significarían el inicio de una política de Estado que volveríamos a ver en diciembre de 2017, en la zona del Congreso, durante la discusión por la reforma previsional que impulsaba el Gobierno.

Los datos de la autopsia del cadáver de Maldonado, en las horas previas de la elección de medio término de 2017, no alcanza para contestar todos los interrogantes que hay alrededor del caso. Solo sabemos que Santiago no murió de modo violento. Que no le dispararon. Que no lo torturaron con una picana eléctrica. Nada más. El papel de los dos jueces y la fiscal de la causa, es lamentable. Los periodistas que siguen el caso desde el día uno, incluso desde allá, en la Patagonia, y no desde una redacción –Juan Alonso, Sebastián Premici, entre otros-, afirman que los tres operadores judiciales juegan de modo abierto para los intereses del Gobierno. De nuevo: ¿Es verosímil? Claro que sí. Tendrán sus razones. No importa. Pero está clarísimo que Macri y compañía vienen arrinconando con distintas metodologías a sectores del poder judicial, como no sucedía desde la dictadura genocida del 76, tanto en este caso, como en muchos otros, por ejemplo del fuero laboral. Para muestra alcanza un botón: la persecución en contra de la ex jefa de los fiscales, Gils Carbó, una funcionaria cuya idoneidad y gestión sería motivo de orgullo en cualquier país más o menos serio.

La familia Maldonado es la víctima que mayor escarnio y humillación recibió de parte del Estado. Víctimas por la pérdida de su ser querido, y doblemente víctima por haber sigo estigmatizados, perseguidos y hasta espiados por haber militado junto a los organismos de derechos humanos por el esclarecimiento del caso. ¿Se puede ser tan cruel? Sí. ¿Se puede atravesar cualquier límite y dinamitar los consensos democráticos que tanto logró conquistar? También. Hablamos de un gobierno que en estos tres años dio muestras de no tener ningún tipo de reparo moral. Otra muestra: el caso Chocobar y los 44 submarinistas del ARA San Juan.

Si como sociedad hubiésemos accedido la verdad, en la previa de las legislativas de 2017 –supongamos: los gendarmes dejaron que Maldonado muera ahogado, ya que no sabía nadar, y luego se llevaron el cuerpo, lo escondieron y finalmente lo plantaron- hubiesen tenido que renunciar el secretario Pablo Noceti y la ministra Patricia Bullrich, y el gobierno es probable que hubiese perdido las elecciones. ¿Se hubiese acelerado, de ese modo, el proceso de degradación institucional y política que está sufriendo ahora Cambiemos producto del desastre económico? Puede ser. Pero nada de eso sucedió. No se puede esperar honestidad y responsabilidad de parte una banda de delincuentes y mafiosos que hacen de la mentira, la pose y la simulación, una política de Estado.

Eso sí: antes, durante y después del caso Maldonado, lo que se mantuvo imperturbable fue el programa económico del Gobierno. La transferencia de recursos está hecha. El megaendeudamiento y la brutal fuga de capitales, también. El recorte de los salarios y la suba del desempleo, lo mismo. Hasta nos metieron por la ventana un nuevo acuerdo con el FMI.

Para el Gobierno, a partir de aquel 1 de agosto de 2017, Maldonado se convirtió -por omnipotencia y desidia- en un problema con resultados impredecibles. Tambalearon, pero terminaron sorteando con la ayuda de las empresas de medios masivos de comunicación y dos jueces corruptos, aparte de una fiscal, pero los que no formamos parte del electorado envenenado de odio de Cambiemos, tenemos por lo menos sospechas y en la mayoría de los casos, certezas: Maldonado fue asesinado por el Estado a cargo de Macri y Bullrich, y ese mismo aparato estatal fue utilizado para garantizarle impunidad a los responsables. Pero la justicia llega. Habrá que seguir luchando, como lo hicimos siempre.

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