Bolivia: represión y farsa institucional

21 de Noviembre de 2019

Por María Constanza Costa

En Bolivia no hay un gobierno interino, ni de transición. Ya no se puede negar la existencia de un gobierno usurpador, de facto, que destituyó a un presidente elegido en 2014 por el 61% de los votos, y cuyo mandato culmina el 20 de enero del próximo año.

Los sectores medios profesionales y empresariales agrupados en los Comités Cívicos comenzaron las protestas y lograron ampliar sus bases en sectores de la sociedad que estaban descontentos con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). El respaldo de la policía y la exigencia de las fuerzas armadas para que el presidente Evo Morales presente su renuncia, horas después que había convocado a nuevas elecciones, completaron el cuadro. Estos hechos sucedieron bajo la mirada de una comunidad internacional que se negó a reaccionar a tiempo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), liderada por Luis Almagro, no sólo no condenó el golpe de Estado, sino que fue un actor clave en el conflicto, ya que tomó partido por uno de los sectores involucrados y sembró sospechas sobre el recuento de votos, y aparte aportó a la convulsión social al insistir sobre el “inexplicable cambio de tendencia” en el recuento de votos.

El informe del organismo internacional con sede en Washington  fue una pieza fundamental sobre el que se construyó el relato para legitimar el golpe. Pero las conclusiones del informe fueron cuestionadas por varios organismos, entre ellos, el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), “Thinktank” norteamericano, que desmintió la existencia de irregularidades en el proceso electoral. Acá se puede leer el documento: http://cepr.net/images//stories/reports/bolivia-elections-2019-11-spanish.pdf

Con el golpe ya consumado, Almagro se dedicó a justificarlo. Dijo en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo permanente de la OEA: “En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia, frente a una asamblea casi vacía, sin la presencia de los parlamentarios del MAS que tiene más de 2/3 en ambas Cámaras. Añez asumió con un discurso “evangelizador”, al grito de “la Biblia vuelve al palacio presidencial”, lo cual marca el carácter radical y ultraconservador de su ideología. De esta manera, se intentó otorgarle una fachada institucional, a un proceso en el que confluyeron varios actores para forzar la salida anticipada de Morales del gobierno, desde la derecha “moderada” hasta la extrema derecha racista y separatista.

La autoproclamada presidenta de Bolivia designó un gabinete de políticos con un discurso violento y revanchista. Apenas asumió el ministro de gobierno Arturo Murillo lanzó una amenaza contra Juan Ramón Quintana, ministro de la presidencia de Evo Morales y Raúl García Linera, hermano del vicepresidente. Murillo les “recomendó, que “empiecen a correr porque los iban a agarrar”. Todo un gesto de pacificación y concordia.

Pero los gestos de revanchismo no se agotaron ahí. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, realizó una puesta en escena con una visita guiada a la Casa del pueblo, donde también se encuentra la residencia presidencial, como parte del show, y  acusó a Morales de vivir como un “jeque árabe”; las imágenes de la suite presidencial recorrieron el mundo.

La condición de “indio” de Evo siempre fue un factor de rechazo entre las clases medias tradicionales y sobre esa discriminación opera un discurso de odio con operaciones mediáticas como la que realizó Lizárraga. Además, acusó a los periodistas que cubrían la represión en Bolivia de “hacer sedición”.

La fachada institucional sólo puede sostenerse acallando toda oposición interna, y para eso es imprescindible fortalecer la represión. Para garantizar la impunidad de las fuerzas armadas, Añez emitió una serie de decretos que, entre otras cosas, libera de toda responsabilidad penal a las fuerzas armadas involucradas en la represión contra los manifestantes que se movilizaron a favor de la democracia.

Desde que se produjo el golpe, la cantidad de muertos y heridos va en aumento (ya son 32 desde que comenzó el conflicto). Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que las muertes son consecuencia de la represión combinada entre la policía y las FFAA. Desde el gobierno intentaron instalar el discurso de que los campesinos “se matan entre ellos” una versión de los hechos de la que se hicieron eco, algunos medios de comunicación, incluso en Argentina.

Mientras continua la brutal represión en las calles, el debate acerca de cómo se llevará a cabo un nuevo proceso electoral, emerge como un foco de tensión. El papel que tendrá que desempeñar el MAS, tanto para apoyar la convocatoria como para poder participar en ellas presentando candidatos, -sin proscripción de ningún tipo-, será la cuestión más importante que se deberá definir.