Chubut, el aliado inviable de Alberto

16 de Marzo de 2021

Por Santiago Costa

El apedreado Alberto Fernández se hartó de Chubut, su dirigencia política en general y su gobernador en particular. El estado de caos social y político permanente de la provincia sureña solo trae dolores de cabeza a la Casa Rosada, que ya percibe más costos que beneficios en sostener al protegido de Sergio Massa.

Durante todo 2020 la Nación debió girar adelantos de coparticipación y préstamos del Fondo Fiduciario (vía Ministerio del Interior) para garantizar un mínimo de gobernabilidad para Mariano Arcioni. El gobernador vive en estado de jaque permanente por el conflicto social desatado por el pago escalonado de salarios a los trabajadores del sector público.

La Nación también habilitó la colocación de Letras del Tesoro Nacional vía Anses para garantizar el normal inicio de clases. El también escrachado ministro de Educación Nicolás Trotta logró romper la inercia de tres años de intermitente paro docente.

El peronismo en Chubut, ampliamente mayoritario (70%), sigue partido en dos y la provincia no logra superar el vacío de liderazgo que dejó la muerte de Mario Das Neves.

No hay un claro conductor en el PJ kirchnerista, que no gana elecciones hace catorce años y se encuentra anarquizado. Enfrente, la alianza electoral de intendentes y sindicatos peronistas que llevó a Mariano Arcioni al poder se deshizo en semanas y hoy su bloque legislativo está partido.

El Gobierno nacional incluso tuvo que intervenir para evitar un juicio político al gobernador, que impulsaban sus propios aliados a solo semanas de asumir su mandato. Irónicamente, lo sostuvo la oposición.

Ya nadie recuerda que el gobernador fue reelecto con el 37% de los votos, veinticuatro mil más que el segundo, que en Chubut es mucho. Hoy Mariano Arcioni se encuentra al tope del ranking de gobernadores con peor imagen.

El escribano de Comodoro Rivadavia, que cursó el liceo militar con su polémico ministro de Seguridad Federico Massoni, y la carrera de abogacía junto a Sergio Massa, hoy no puede caminar la provincia sin ser repudiado.

Desde Casa Rosada responsabilizaron a Arcioni por la agresión a la comitiva oficial, hace unos días, en Chubut.

Campo minado

La devaluada clase política con sus débiles lealtades partidarias y los permanentes paros de los empleados públicos son el marco del conflicto social y político catalizado por la ley de zonificación minera.

La militancia ambiental lleva dieciocho años organizada y es un movimiento de masas. Su programa lo expresa la Iniciativa Popular que ingresó a la Legislatura con más de treinta mil firmas, casi el 7% del padrón.

La Iniciativa prohíbe la minería a cielo abierto en toda la provincia (sepultando la zonificación que diferencia sectores); actualiza la lista de compuestos químicos vetados y prohíbe también la minería de uranio.

Esto último contradice la política de reactivación nuclear que impulsó el kirchnerismo entre 2006 y 2015.

El gobierno del Frente de Todos impulsó la ley de zonificación articulando con los equipos técnicos de la provincia. Tanto el gobernador como su vice cambiaron su postura y pasaron de detractores a impulsores de la actividad.

Pero los líderes de la oposición justicialista también viraron su posición (salvo los cordilleranos), haciendo el recorrido inverso.

En la desértica meseta -el centro norte de la provincia-, donde se realizaría el segundo proyecto mundial de plata a cargo de Pan American Silver (PAS), surgieron esta vez voces organizadas de pobladores y líderes comunales a favor del proyecto. Esta novedad le aportó un rostro humano y complejizó el debate.

El sindicato de Camioneros (que cuenta con una legisladora) también viró su postura y ahora apoya el proyecto. El sindicato de petroleros aporta dos legisladores para una mayoría necesaria de 14. La UOCRA a su vez funciona como grupo de choque contra las movilizaciones antimineras.

La cuestión minera dinamitó todos los bloques. Hubo escisiones en el oficialismo, el Frente de Todos y Cambiemos. Surgieron tres nuevos bloques.

Minería a cielo abierto, un debate que divide a la clase política y la sociedad chubutense.

El debate que nunca se dio

En el plano de los argumentos también hubo novedades. El uso de cianuro está ahora expresamente prohibido en el proyecto de ley. Los magros tributos que las empresas dejarían, fueron aumentados en el proyecto del 3% al 7,5%.

También está claro que no se afectaría (en el proyecto de PAS) el Río Chubut, primero porque está lejos y segundo porque se utilizaría un reservorio subterráneo de agua llamado Cuenca del Sacannana.

Pero la prisa del gobernador Arcioni llevó a los legisladores a tratar a puertas cerradas (y virtuales) las modificaciones en comisión. La denuncia de una legisladora por presuntas coimas enrarecieron el ambiente. Dos veces se intentó votar y dos veces fracasó la sesión.

El miedo al sector más violento del movimiento ambiental -que primero apedreó la casa de un legislador y luego la combi del presidente- es un factor relevante.

La negativa del gobernador a realizar un plebiscito evidencia que este tema tan sensible lo definirán los representantes y no los representados.

En todo caso, donde muchos ven un problema ambiental o económico, otros ven una encrucijada democrática, para una ley bisagra que merecía un tratamiento amplio y público como la Ley de Medios que impulsó el kirchnerismo en 2009.

Saldo y liquidación

Las provincias realizan tres grandes aportes a la Nación. Dólares en retenciones a las exportaciones (petróleo, turismo internacional, pesca y, en este caso, aluminio). También diputados y senadores nacionales. En 2021 Chubut renueva tres senadores y todo indica que dos serán del Frente de Todos y uno de Cambiemos. El gobernador, con su imagen calcinada, no incide en este plano.

Hoy los interrogantes que se abren son dos.

Primero si Sergio Massa logrará recomponer (luego de algunas semanas que aplaquen la furia presidencial) la relación entre el gobernador y la Casa Rosada, clave para asegurar eventuales auxilios financieros que garanticen la gobernabilidad provincial.

La segunda es si, en caso de que se apruebe el proyecto de zonificación minera, Chubut vivirá una convulsión social similar a la de Mendoza, que logró revertir la decisión de la Legislatura.