El conflicto con Cablevisión y la regulación del mercado

• Por Roberto Scolari
•   1 de Febrero de 2021

Con el Grupo Clarín como dominante de un sector que ya no solo atañe a los contenidos sino también a las telecomunicaciones -que en la actualidad representan la posibilidad de que los jóvenes accedan al mercado laboral, que los niños y niñas se inserten en la comunidad virtual global y que empresas produzcan, entre otros asuntos estratégicos-, parece inevitable la confrontación con todo Gobierno nacional que apueste a la inclusión de las mayorías.

Cuando se anunció la designación de Claudio Ambrosini al frente de ENACOM, el directorio de Grupo Clarín respiró con alivio. Se esperaba que Cristina Fernández de Kirchner pidiera ese lugar para un camporista que rápidamente iniciara el proceso de beligerancia contra el multimedio. La presencia de un representante del Frente Renovador generó alivio, sabiendo a Massa un hombre de diálogo con todo el sector empresarial. Sin embargo, la firmeza que viene mostrando Ambrosini, tanto en la decisión de designar a las TICS como servicios esenciales como así también la implementación de la Prestación Básica Universal (nota en Kranear: https://kranear.com.ar/2021/01/19/apuntes-acerca-de-la-prestacion-basica-universal/) puso en alerta al directorio del Grupo Clarín, que ya activó la red de jueces y magistrados amigos, siempre atentos a sacar medidas cautelares a su favor.

Sucede que la estrategia del ENACOM responde a intereses superiores a los de la mera comunicación, caminos trazados por Alberto Fernández y Santiago Cafiero en línea con lo que desde la jefatura de Gabinete denoninan la “modernización” del Estado, que no solo apunta a democratizar el acceso a la comunicación para mejorar el nivel de educación media y aumentar la productividad de las empresas, entre otros objetivos, sino también disminuir la presión sobre el circulante de dinero que genera efectos inflacionarios.

En este sentido crecen día a día los desarrollos de las “billeteras virtuales” y la digitalización del dinero. Cada día más trabajadores y trabajadoras pagan en verdulerías y almacenes con MercadoPago o Ualá sin pasar por la intermediación del cajero y el billete. El Gobierno nacional ve en ello un pilar del progreso hacia una sociedad moderna y para resolverlo necesita que todo ciudadano pueda tener datos en el teléfono e internet en su computadora.

Con este marco, el aumento del 20% de las tarifas de servicios de telecomunicaciones por parte del Grupo Clarín, muy por encima del tope del 5% dispuesto por el Estado nacional, abre otra vez la vieja pregunta sobre la regulación de la comunicación, el rol del Estado y las empresas.

En primer lugar es preciso destacar que el “estado actual del arte” no es alentador. Toda época, desde el desarrollo de la fase monopólica del capitalismo, con la fusión de bancos y empresas a fines del siglo XIX, tuvo su fracción dominante del capital mundial que se expresa en la monopolización de los sistemas de producción y distribución.

Ahora transitamos la época de la comunicación y los niveles de concentración mundial de las comunicaciones en muy poquitas empresas produce que los estados nacionales - organizaciones económicamente inferiores a las empresas trasnacionales - entren a la discusión con el partido 3-0 abajo y jugando de visitante. El último movimiento de gran importancia fue la adquisición del Grupo Viacom por parte de la Corporación Disney - motivo por el cual ahora Fox, ESPN, Nickelodeon, Pixar y muchas otras empresas responden al mismo directorio - produce la máxima concentración mundial jamás vista en el orden de los contenidos. Movimientos similares se advierten día a día en el universo de las telecomunicaciones.

Ante esto, la pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo enfrentar una problemática mundial, desde el orden local y en un contexto tan adverso? La disposición en nuestro país es más clara: casi la totalidad del mercado pertenece a los dos grandes operadores, Grupo Clarín y Telecentro, quedando un porcentaje mínimo para los operadores locales del interior del país, que ante tamaña concentración viven a merced de las decisiones cartelizadas de los dos grandes grupos.

Un viejo debate

El debate sobre la regulación de la comunicación no es nuevo. Durante el Siglo XX el sistema de comunicación imperante fue la radiodifusión, que explotó en la década del ‘20 con la popularización de la radio. Argentina, pionera en el mundo del desarrollo de la radiodifusión, adoptó el sistema liberal - el mismo que Estados Unidos - producto más de la incapacidad de los gobiernos radicales de la época para regular el nuevo medio masivo de comunicación que de la planificación.

El sistema, conocido como “Networking” consistió en que cada radio debía salir a buscar anunciantes (publicidad) para autosustentarse y a cambio el Gobierno autorizaba la utilización del éter sin restricciones. Bajo este mismo esquema se crearon las tres grandes cadenas estadounidenses NBC, CBS y ABC. En Europa se creó la famosa BBC inglesa, una confluencia público-privada con gran intervención del Estado británico sobre los contenidos.

Dada la masivización de la radiodifusión, las grandes empresas de telecomunicaciones como AT&T siguieron por el camino paralelo que ofrecía el teléfono, como un medio de comunicación individual, distinto de la radiodifusión. La misma suerte corrió luego la televisión, hasta que finalmente con el cambio de paradigma hacia la digitalización, las empresas de telecomunicaciones y de comunicación satelital volvieron a tomar protagonismo en el universo de la comunicación masiva.

Durante todo el siglo, la discusión principal sobre la regulación giró en torno a los contenidos: sobre la base de las filosofías frankfurtianas y la idea de la manipulación de los medios de comunicación, pero sobre todo con las experiencias fascistas y la utilización de los medios, la regulación por parte de los estados cayó en desgracia. Si el Estado nacional podía utilizar los medios de comunicación para sostener un sistema de exterminación como el nazismo, entonces era mejor dejar la expresión en manos de los privados. Este fue sin dudas el gran triunfo del liberalismo y signó el camino de los años venideros.

La historia que vino después es la misma que propició el liberalismo económico en todos los otros aspectos del capitalismo: frente a la ya casi utópica idea del liberalismo democrático, las empresas de comunicación se fueron concentrando año tras año, generando grandes monopolios de comunicación, con la misma fuerza para operar simbólicamente que cualquier Estado totalitario y con una capacidad de reproducción del capital que fue creciendo con el correr del tiempo y que se cristalizó durante el proceso mundial de digitalización.

Saltamos al 2009: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularizada por el gran perdedor de la sanción de esa ley - Grupo Clarín - como Ley de Medios K. ¿Saltamos de época? La discusiones que subyacían a la ley son las mismas que que se mencionan en el párrafo anterior, todas entremezcladas, porque fue justamente la época de transición del mundo de la radiodifusión al mundo digital.

Por un lado la ley atacaba el universo de los contenidos al tratar de evitar que los dueños de los canales de televisión fueran al mismo tiempo los dueños de las productoras de contenido, pero al mismo tiempo regulaba la utilización de la televisión satelital, florecida en los años 90 pero que ahora pasaba a ser paradigma del nuevo universo.

Lo sucedido con la ley ya es conocido: el Grupo Clarín utilizó al aparato judicial - el brazo armado del grupo - para evadir a toda costa las disposiciones de una norma aprobada por el Congreso Nacional y lo logró a fuerza de medidas cautelares. Luego el kirchnerismo perdió las elecciones y con la llegada de Macri al poder se profundizó la concentración mediática.

Atento al nuevo mundo, el Grupo Clarín aceptó quedar fuera del acuerdo para la transmisión del fútbol por televisión con tal de acceder a otros beneficios mucho más jugosos: la dominación del mercado de las TICS, esto es, de la banda ancha para el hogar y los servicios de datos para celulares. La adquisición primero de Nextel y luego la alianza con el socio mayoritario de Telecom terminaron de dar forma a un Grupo que actualmente gobierna en todos los aspectos del 5G.

Posibles soluciones para enfrentar la concentración

Una primera llega desde el campo de la ética, aunque los sucesivos fracasos empujan a abandonar de una vez por todas ese camino. Esto es, esperar que Grupo Clarín - como otras empresas en otros rubros - tengan un mínimo de compasión por un pueblo que está sufriendo una pandemia y los coletazos de la recesión económica macrista; que tengan una ética empresarial que les impida desatenderse de la situación económica que atraviesa el país.

A esto apunta la solicitada firmada por 550 personas representativas de una parte de los intelectuales y la cultura, denominada “Cablevisión pará la mano”, iniciativa que promueve un debate quizás sobreideologizado, que puede resultar expulsivo para gran parte de la población que demanda mayor profundización y menor propagandización de las discusiones.

Una segunda opción la aportan el liberalismo y la democracia europea: generar un sistema de competencia en donde muchas empresas participen del mismo mercado, provocando una disminución en los precios finales por medio de la igualación de la competencia. Esto sería generar las condiciones que soñaba Adam Smith cuando pregonaba la “mano invisible del mercado”: un sistema parecido a una feria, en donde múltiples oferentes permitan al usuario una libre elección y en el que, por el mismo motivo, la cartelización de los precios resulte imposible. El problema de esta propuesta es la situación de concentración mundial, que excede brutalmente a los intereses nacionales.

Una tercera solución, que es la aplicada por el gobierno, tiene más que ver con un plan de contingencia que con una estrategia de desarrollo: la intimación a los grupos concentrados por medio de multas y judicialización, iniciando una nueva batalla en salas y juzgados que, según demuestra la experiencia, resulta cómoda para los grupos concentrados de la comunicación.

Una última solución se vislumbra, poco épica, pero en la situación mundial actual, más probable: la creación de estrategias estatales a corto, mediano y largo plazo que den las discusiones adecuadas en el momento necesario. Lo primero sería el reconocimiento a la imposibilidad de la destrucción de la concentración mundial en el corto plazo y por ende la generación de mecanismos alternos para llegar a acuerdos público-privados que permitan una convivencia armónica y una mayor apuesta empresarial al desarrollo nacional.

Entre estos se encuentran la creación de organismos públicos que operen sobre la distribución, acuerdos para favorecer la inversión privada dentro de las propias empresas nacionales, acceder a mercados de deuda para el crecimiento de las empresas y la exportación de los servicios de telecomunicaciones a otros países y, por supuesto, la creación de sistemas más aceitados de multas y castigos para quienes excedan los decretos gubernamentales; pero, al mismo tiempo, el desarrollo de una estrategia a mediano y largo plazo con mayor apoyo estatal a los nuevos medios digitales comunitarios, la creación de un nuevo sistema de distribución de la pauta para favorecer a la diversificación de contenidos, la creación de programas nacionales para apoyar a las organizaciones libres del pueblo y sus proyectos de comunicación y el desarrollo - muy consciente desde las épocas kirchneristas hasta el gobierno de Alberto Fernández - de tecnología local para el lanzamiento de satélites que le permitan al Estado nacional, en el largo plazo, seguir ganando casilleros en la lucha por la soberanía comunicacional.

Para que esto suceda, los estados nacionales con perspectivas de inclusión deben fortalecerse, ganar elecciones y mantenerse en el poder, porque las estrategias son a largo plazo, la estructura internacional muy rígida y la arquitectura política tan fina, que pueden destruirse con uno o dos decretos de un gobierno pro-concentración, como pasó en el año 2016.