Debatir la lucha armada

• Por Sebastián 'Rinconet' Fernández
•   9 de Agosto de 2022

Foto: Archivo de Roberto Baschetti.

Hace unos días, el periodista Tomás Rebord entrevistó en su programa El Método a Fernando Vaca Narvaja (se puede ver acá), ex miembro de la conducción nacional de Montoneros, una de las organizaciones armadas más importantes de los años ’70.

Como era de esperar, la entrevista causó un gran revuelo, sobre todo entre quienes consideran que Vaca Narvaja no hizo la autocrítica que esperan de parte de la organización Montoneros y, de forma genérica, de quienes tomaron las armas en aquellos años. Exigirle autocrítica al peronismo es un viejo hábito nacional.

En realidad, Vaca Narvaja sí hizo autocríticas, como la de haber exagerado la importancia de las internas del Movimiento en lugar de concentrar la atención en el enemigo externo (una crítica que hizo extensiva al actual Frente de Todos) o la de haberse retirado de la Plaza de Mayo el Día de los Trabajadores de 1974, dos meses antes de la muerte de Juan Domingo Perón. Lo que no hizo fue la tan esperada autocrítica sobre la lucha armada en sí, el eterno reclamo de sus opositores.

El análisis sobre la lucha armada en la Argentina suele prescindir tanto de la historia como del contexto. Esa mirada más acorde con el enunciado de absolutos morales que con el análisis político describe a los líderes de las organizaciones como criminales sanguinarios que en connivencia con la dictadura enviaron a una muerte segura a miles de jóvenes ingenuos que ignoraban los peligros que los acechaban.

Ese análisis indignado no sólo descontextualiza los 18 años de proscripción del partido mayoritario sino que omite un dato fundamental: a partir del golpe de 1955, la política argentina se dirimió a través de las armas. El Partido Militar fue el brazo armado de un poder civil que prescindió de la democracia electoral, más allá de períodos formalmente presididos por civiles luego de elecciones con el peronismo proscripto.

La resistencia armada, por otra parte, no fue un invento de la “juventud maravillosa”, para retomar la expresión de Juan D. Perón, sino la continuación de una tradición plebeya argentina. Sesenta y cinco años antes del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu por los todavía desconocidos Montoneros, los radicales que respondían a Hipólito Yrigoyen tomaron prisionero al vicepresidente José Figueroa Alcorta durante la revolución de 1905 y lo obligaron a tener una conferencia telegráfica con el presidente Manuel Quintana, exigiéndole la renuncia a cambio de su vida, lo que finalmente no ocurrió. Más allá de las críticas que generaron los levantamientos radicales, desde la Revolución del Parque en adelante, debemos a esa impaciencia armada el sufragio universal establecido por la Ley Sáenz Peña (era un universo limitado: sólo votaban algunos varones).

Cualquier decisión tomada en la resistencia tiene consecuencias que pueden por supuesto ser criticadas. Lo peculiar del análisis de la lucha armada de los ‘70 es que reduce a los militantes al rol de víctimas de un liderazgo violento que mira desde lejos. Ese relato contradice la realidad de la conducción montonera, diezmada durante aquellos años.

Nadie consideraría que el general Charles De Gaulle fue un líder sanguinario por haber ordenado a Jean Moulin, miembro de la Resistencia francesa, que se infiltrara en Francia durante la ocupación alemana, lo que le valió ser capturado y torturado hasta la muerte por la Gestapo. Para las autoridades de Vichy, el gobierno “legal” francés que colaboraba con los nazis, los resistentes eran terroristas que debían ser ajusticiados.

La resistencia armada de los grupos sionistas que impulsaron el fin del mandato británico en Palestina en los ’40 o la de los grupos independentistas argelinos contra la autoridad francesa iniciada diez años después, tampoco suelen ser analizadas desde absolutos morales sino desde el contexto de un conflicto político. Eso no implica que estén desprovistos de horrores y violencia, pero la explicación es política y política fue la solución en cada caso. Terminados los conflictos, muchos de esos “terroristas” se transformaron en jefes de Estado.

Sin contexto histórico, sin entender cual era la realidad de un país en el que la política se dirimía a través de las armas, en el que los partidos políticos opuestos al peronismo daban legitimidad a los golpistas acercando funcionarios, en el que Perón estaba exilado, es imposible debatir sobre la lucha armada sin caer en la indignación moral. Lo mismo ocurre con la dictadura cívico militar en sí. No se trató de un grupo de alienígenas asesinos venidos de otra galaxia.

Como escribió Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar antes de ser abatido por un grupo de tareas: “Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”. No fue sólo una masacre, fue sobre todo un plan de negocios.

En ese sentido, la Carta es de una gran actualidad: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales (…)”.