Denuncia penal contra Julio Garro: miles de contratos fantasmas en el municipio de La Plata.

12 de Febrero de 2024

Pareciera que la agenda anticorrupción fuera propiedad de la derecha. Al igual que el discurso de la eficiencia del Estado, la República, o por estos tiempos, la libertad. Todo intento de transparentar o monitorear los mecanismos de contratación o las funciones de empleados estatales, es en general entendido desde nuestro campo, o desde un sentido común progresista, como demandas liberales, o como una forma de restringir y controlar a los trabajadores, o de ir en contra de las organizaciones sindicales. 

Pero el peronismo, o aquellos sectores que se identifican con los proyectos nacionales y populares no pueden permitir quedar por fuera de esas banderas. La transparencia del Estado o la búsqueda de eficiencia también tiene que ver con el bienestar del pueblo, y de que los recursos comunes sean puestos al servicio de ese bienestar. El problema es cuando la derecha se apropia falsamente de un discurso que pregona y que capitaliza, mientras que nosotros no nos animamos a tocar ciertos terrenos porque configuran un tabú impenetrable. Pero hay que dar todas las peleas, incluso las incómodas y disputar también esos sentidos.

Hace unos días, el intendente de La Plata Julio Alak presentó una denuncia penal por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante la gestión de su antecesor en el cargo, Julio Garro, figura del PRO y alfil de Maria Eugenia Vidal y a Mauricio Macri.

La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal de Investigaciones 16, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta.

En una auditoría en la administración pública impulsada por el flamante intendente (encargada a la Asociación de Auditores Internos del Estado) se relevaron gravísimas irregularidades vinculadas a un sobredimensionamiento de la planta de trabajadores y trabajadoras del municipio, que ronda los doce mil empleados -un empleado cada 61 habitantes-, con un ausentismo del 56%: una de cada dos personas cobra un sueldo pero no va a trabajar. El crecimiento es desproporcionado: en 2007, tras cuatro mandatos al frente del municipio, Alak se fue con una planta de 3.800 trabajadores, con el salario municipal más alto de la provincia.

¿Se trata de acoplarse a la famosa estigmatización del empleado público o existió un uso político por parte de la gestión anterior?

Además de la denuncia, el gobierno municipal decidió dar de baja los contratos fantasmas e implementar un sistema de control biométrico. De esos contratos señalados pudieron relevar que el 35% caen bajo la figura de ausentismo, y el 20% cuenta con carpeta médica: eso arroja un número de siete mil empleados que no se presentan a trabajar, y casi 1.500 empleados cobraban sueldos del municipio a pesar de no existir el decreto de nombramiento y que algunos revestían cargos en otros organismos.

Desde el municipio aseguran que esta situación irregular incide en la ineficiencia que el municipio sufrió en el último tiempo en la prestación de sus servicios.

La denuncia también incluye otra serie de situaciones que implican una gravedad escandalosa: ex funcionarios que siguen cobrando sueldos, personas en situación de privación de libertad que perciben salarios, y personas fallecidas que figuraban como contratadas por el municipio y cuyo sueldo era percibido por terceros.

Con la voluntad de volver transparente los mecanismos de contratación así como la gestión de gobierno, funcionarios cercanos al intendente Alak sostuvieron que “nuestro compromiso es trabajar sin descanso para reconstruir una administración municipal seria, eficiente, transparente, que le dé a los vecinos las respuestas que necesitan. En ese sentido, reordenar esta situación de extrema irregularidad constituye una prioridad por la que están dispuestos a avanzar con toda firmeza.