El problema no es saber, sino abandonar la educación pública

20 de Junio de 2026

Por Jorge Gamal

La reciente columna publicada en Ámbito Financiero bajo el título 'La Ley de Libertad Educativa y el derecho de los padres a saber ' por Edgardo Zablotsky  sostiene que la difusión pública de los resultados de las evaluaciones escolares constituye una herramienta de transparencia destinada a fortalecer la capacidad de elección de las familias. El argumento parece simple: los padres tienen derecho a conocer cómo les va a las escuelas para tomar mejores decisiones. Sin embargo, detrás de esa aparente defensa de la transparencia se esconde una concepción de la educación que ya fue ensayada en distintos lugares del mundo y cuyos resultados son conocidos: transformar un derecho social en un mercado donde las instituciones compiten por prestigio y las familias por acceder a aquellas que aparecen mejor posicionadas.

El autor es rector de la UCEMA, un académico del campo de la educación que ingresó desde la economía a la discusión al igual que Juan José Llach y quien desde UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society  viene agitando las ideas de la libertad en el campo de la educación promovidas por el gobierno liberal-libertario.

La discusión no es menor. Este año se cumplen veinte años de la sanción de la Ley de Educación Nacional, una norma que representó un punto de inflexión en la organización del sistema educativo argentino. La ley estableció que la educación es un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Esa definición no fue casual. Fue la respuesta a las consecuencias de las reformas de los años noventa, que promovieron una creciente fragmentación educativa y una retirada del Estado nacional de sus responsabilidades centrales. Particularme Néstor Kirchner junto a su entonces ministro Daniel Filmus en una etapa de profusión normativa, buscaron recentrar y ordenar un sistema educativo altamente fragmentario y escasamente federal. Por eso resulta llamativo que, dos décadas después, resurjan propuestas que vuelven a colocar el eje en la competencia entre escuelas y en la lógica de mercado como mecanismo para mejorar la calidad educativa.

La nota de Ámbito presenta la publicación de resultados como una herramienta de mejora. Sin embargo, la evidencia internacional disponible muestra que la difusión de rankings escolares no produjo mejoras significativas y sostenidas en los aprendizajes. Lo que sí produjo fue una profundización de la segregación educativa y social. Cuando los resultados se publican sin contexto, las escuelas que trabajan con estudiantes provenientes de sectores más favorecidos aparecen sistemáticamente mejor posicionadas, mientras que aquellas que reciben poblaciones más vulnerables quedan estigmatizadas por problemas que exceden ampliamente a la tarea escolar. La consecuencia es conocida: las familias con mayores recursos concentran sus elecciones en determinados establecimientos, mientras otras instituciones pierden matrícula, prestigio y capacidad de atraer estudiantes. Lejos de fortalecer el sistema, los rankings terminan fragmentándolo aún más.

Esta discusión tampoco es nueva. Ya en los años noventa, Helena Munin advertía en La autonomía de la escuela: ¿libertad y equidad? sobre los riesgos que implicaban las reformas educativas inspiradas en la descentralización, la autonomía institucional y la competencia entre establecimientos. Analizando particularmente la experiencia alemana y los debates europeos de la época, la autora señalaba que la promesa de una mayor libertad para las escuelas podía derivar en efectos contrarios a los proclamados. Cuando la autonomía se desarrolla en contextos de desigualdad social y con una retirada progresiva del Estado de sus funciones compensadoras, las diferencias entre instituciones tienden a profundizarse. Las escuelas con mayores recursos materiales, culturales y simbólicos fortalecen sus posiciones, mientras que aquellas que atienden a los sectores más vulnerables quedan cada vez más rezagadas.

Munin manifestaba preocupación además sobre la aparición de mecanismos de cuasi mercado educativo en los cuales las escuelas comienzan a competir por matrícula, prestigio y reconocimiento público. En ese contexto, la difusión de resultados y la construcción de rankings funcionan como señales para orientar las elecciones familiares, generando procesos de selección social que incrementan la segregación escolar. Lejos de promover la equidad, la autonomía desprovista de políticas públicas robustas termina produciendo una distribución cada vez más desigual de las oportunidades educativas.

Tres décadas después, la propuesta de publicar los resultados de las evaluaciones escolares parece reeditar muchos de aquellos problemas. La libertad de elección de algunos puede convertirse en una restricción para muchos otros. Cuando el Estado renuncia a su función de garantizar condiciones equivalentes para todas las escuelas y se limita a exhibir resultados, las desigualdades dejan de ser un problema a resolver para convertirse en una realidad que simplemente se administra y se legitima.

Más preocupante aún resulta que esta discusión se produzca en medio de uno de los mayores procesos de desfinanciamiento educativo de las últimas décadas. Según datos recientes de Argentinos por la Educación, durante 2024 y bajo la presidencia de Javier Milei,  la inversión educativa nacional registró una caída real superior al 40% respecto del año anterior. La participación de la inversión educativa nacional en el Producto Bruto Interno se encuentra en niveles históricamente bajos y muy alejados de los compromisos asumidos por el Estado argentino durante las últimas décadas.

El ajuste no es una abstracción. Se traduce en menos becas para estudiantes, menos inversión en infraestructura escolar, menos recursos para formación docente, la reducción de programas de acompañamiento de trayectorias y el debilitamiento de las capacidades estatales para sostener a las escuelas que enfrentan mayores desafíos. También se expresa en la eliminación del FONID, en la paralización de obras escolares y en el progresivo retiro del Estado nacional de funciones históricas de financiamiento y compensación de desigualdades.

La paradoja es evidente: mientras se desfinancia el sistema educativo y se abandonan herramientas fundamentales para mejorar los aprendizajes, se exige a las escuelas que obtengan mejores resultados y se pretende exhibir públicamente cuáles son las que alcanzan los desempeños más altos. Se recortan recursos pero se multiplican las exigencias. Se debilitan las condiciones de enseñanza y al mismo tiempo se responsabiliza a las instituciones por los resultados obtenidos.

La lógica parece invertir el orden de los factores. Antes que preguntarse por qué algunas escuelas obtienen mejores resultados que otras, sería necesario analizar cuáles son las condiciones materiales, institucionales y pedagógicas que permiten que esos resultados ocurran. Ninguna escuela mejora porque se publique su posición en un ranking.

¿Un derecho social o un bien de mercado?

Las escuelas mejoran cuando cuentan con recursos, equipos de orientación, supervisión pedagógica, docentes formados, infraestructura adecuada y estudiantes cuyas trayectorias pueden ser acompañadas. Además, la publicación de resultados genera movimientos que tampoco son sustentables para el sistema educativo. Cuando las familias buscan concentrarse en las escuelas mejor posicionadas, se produce una presión creciente sobre un conjunto reducido de instituciones mientras otras quedan estigmatizadas por atender a poblaciones más vulnerables.

Algunas escuelas acumulan demanda y prestigio; otras acumulan dificultades y estigmas. Lejos de mejorar la calidad general del sistema, este mecanismo profundiza la segmentación social y educativa, concentra la demanda en determinadas escuelas y debilita a aquellas que más apoyo necesitan. La consecuencia es un sistema más desigual, no uno mejor.

En definitiva, resulta difícil aceptar que quienes recortan recursos, eliminan programas y reducen la inversión educativa pretendan luego evaluar a las escuelas como si todas compitieran en igualdad de condiciones. La evaluación sin inversión no es una política de mejora; es apenas una forma de trasladar la responsabilidad de los problemas estructurales del sistema hacia las instituciones que deben enfrentarlos cotidianamente.

La evaluación, por supuesto, es necesaria. Conocer qué aprenden los estudiantes constituye una obligación de cualquier sistema educativo serio. Pero la evaluación debe ser una herramienta para mejorar las políticas públicas, no un mecanismo para construir ganadores y perdedores. Los resultados tienen sentido cuando permiten identificar problemas, orientar recursos y fortalecer a las escuelas que más apoyo necesitan. Convertirlos en un ranking destinado al consumo público implica desnaturalizar su función pedagógica y transformarlos en un instrumento de competencia.

Además, la propuesta se sostiene sobre una simplificación que tampoco resiste el análisis empírico. Los buenos y malos resultados no son patrimonio exclusivo de las escuelas públicas o privadas. Existen instituciones estatales con desempeños sobresalientes y establecimientos privados con resultados modestos. Del mismo modo, hay escuelas de ambos sectores que enfrentan enormes dificultades. La evidencia muestra que buena parte de las diferencias observadas se explican por las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y las comunidades que cada institución atiende, más que por la naturaleza jurídica de la gestión.

Por eso el debate educativo argentino no debería centrarse en confeccionar tablas de posiciones. Debería concentrarse en discutir cómo garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender. Cómo recuperar la inversión educativa perdida. Cómo fortalecer la supervisión pedagógica. Cómo ampliar las becas estudiantiles. Cómo sostener la formación docente continua. Cómo reactivar las obras de infraestructura paralizadas. Cómo acompañar a las escuelas que trabajan en contextos de mayor complejidad social.

A veinte años de la Ley de Educación Nacional, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿queremos un sistema educativo organizado alrededor de la competencia o alrededor del derecho a la educación?  Helena Munin advertía que la autonomía sin igualdad de condiciones no amplía la libertad: amplía las diferencias. Veinte años después de la Ley de Educación Nacional y en un contexto de fuerte retracción de la inversión educativa, la publicación de rankings escolares parece avanzar precisamente en esa dirección. Menos Estado, más competencia y mayores desigualdades. Las familias tienen derecho a saber. Pero tienen también un derecho mucho más importante: exigir que el Estado deje de abandonar a las escuelas y asuma la responsabilidad de construir las condiciones para que todas puedan enseñar mejor.