La primera infancia como cimiento de la política educativa

12 de Junio de 2026

Por Gamal Jorge ( Especialista en Política Educativa)

"La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado”.  

Constitución 1949.

Durante la última década Argentina logró expandir significativamente la escolarización temprana, particularmente en las salas de tres y cuatro años. Sin embargo, el informe también revela una realidad preocupante. Mientras la asistencia a los cinco años es prácticamente universal, las desigualdades sociales continúan manifestándose con fuerza entre los más pequeños. Apenas el 41% de los niños de tres años pertenecientes a los sectores más vulnerables asiste al nivel inicial, una cifra que expone las dificultades que aún persisten para garantizar igualdad de oportunidades desde edades tempranas.

La comparación regional aporta además un dato relevante. Aunque Argentina presenta niveles generales de cobertura similares a los de Chile y Perú, las brechas sociales continúan siendo significativas. El acceso al jardín sigue dependiendo en gran medida del origen social de los niños, precisamente en la etapa donde la intervención pública puede generar mayores impactos sobre las trayectorias futuras.

Lejos de constituir un problema sectorial o exclusivamente educativo, estos datos deberían ser leídos como una invitación a repensar las políticas destinadas a la primera infancia. Porque las desigualdades educativas no comienzan en la escuela secundaria ni en la primaria. Comienzan mucho antes, cuando algunos niños acceden tempranamente a experiencias educativas, culturales y de socialización mientras otros quedan excluidos de ellas.

Durante mucho tiempo las discusiones educativas estuvieron concentradas en la escuela secundaria, en los resultados de aprendizaje o en las dificultades que atraviesan los estudiantes para finalizar sus estudios. Sin embargo, cada vez existe mayor consenso acerca de que muchas de esas dificultades tienen su origen varios años antes. Las diferencias en el acceso al lenguaje, a las experiencias culturales, a los vínculos de cuidado, a los espacios de socialización y a los entornos estimulantes comienzan a configurarse desde los primeros años de vida y tienden a profundizarse con el paso del tiempo.

Por eso la primera infancia ocupa un lugar estratégico en cualquier proyecto que aspire a reducir desigualdades. Las brechas que aparecen durante los primeros años son también las más difíciles de revertir posteriormente. Cuando esas diferencias se consolidan, el sistema educativo suele verse obligado a desplegar enormes esfuerzos para compensarlas, muchas veces con resultados parciales. En cambio, cuando las políticas públicas logran intervenir tempranamente, las posibilidades de construir trayectorias educativas más sólidas y equitativas aumentan significativamente.

La lucha contra la desigualdad comienza mucho antes de que un estudiante enfrente una prueba estandarizada, repita un año o abandone la escuela. Comienza cuando una sociedad decide garantizar que todos los niños, independientemente de su origen social, accedan a experiencias educativas, culturales y de cuidado de calidad desde sus primeros años de vida. En este sentido, el nivel inicial puede convertirse en uno de los grandes organizadores de la política educativa argentina para las próximas décadas. No solamente porque constituye el primer tramo de la escolaridad obligatoria, sino porque ofrece una plataforma privilegiada para acompañar el desarrollo infantil y articular políticas públicas que sostengan las trayectorias a lo largo del tiempo.

Sin embargo, pensar la expansión del nivel inicial exige superar una mirada exclusivamente escolar. La realidad de las familias contemporáneas muestra que educación y cuidado forman parte de un mismo desafío. La organización social del cuidado se ha convertido en una de las cuestiones centrales de nuestro tiempo. La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral, las transformaciones en las estructuras familiares y las nuevas dinámicas económicas obligan a repensar las responsabilidades colectivas vinculadas a la crianza.

Por esta razón, la ampliación de la cobertura educativa debe formar parte de una estrategia más amplia orientada a construir un sistema integral de cuidados. Los jardines de infantes cumplen un papel central, pero no pueden asumir en soledad la totalidad de las demandas que atraviesan las familias. Los centros de primera infancia, los servicios de salud, las organizaciones comunitarias, los espacios culturales, los clubes y los distintos dispositivos territoriales deben formar parte de una red articulada capaz de acompañar el desarrollo de niños y niñas desde una perspectiva integral.

Sin embargo, cualquier agenda de fortalecimiento de la primera infancia debe partir de una realidad ineludible. Los primeros años de vida de millones de niños argentinos transcurren hoy en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones materiales de existencia.

Las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, junto con los recortes implementados por el Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, han configurado un escenario marcado por la caída del poder adquisitivo de los hogares, el aumento de la pobreza y la retracción de diversas políticas de protección social. En este contexto, los niños y niñas constituyen uno de los sectores más afectados. Cuando los ingresos familiares resultan insuficientes para garantizar una alimentación adecuada, acceder a bienes culturales, sostener actividades recreativas o afrontar gastos vinculados al cuidado, las desigualdades no solo persisten sino que tienden a profundizarse desde edades cada vez más tempranas.

Los efectos de estas decisiones exceden largamente el plano económico. La evidencia acumulada muestra que las privaciones durante la primera infancia afectan las oportunidades de desarrollo integral, condicionan los procesos de socialización y reducen las posibilidades de acceder a experiencias educativas enriquecedoras.

Con Milei y Petovello, emperó de modo notable el poder adquisitivo en los hogares argentinos.

En un contexto donde el gobierno nacional ha reducido su intervención en distintas áreas vinculadas al cuidado y la protección social, numerosos niños enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios, espacios culturales y propuestas comunitarias que contribuyen a su desarrollo. Por esta razón, las políticas destinadas a la primera infancia adquieren hoy un carácter aún más estratégico: no solo amplían derechos, sino que también funcionan como un dique de contención frente a los efectos regresivos que las políticas de ajuste producen sobre las condiciones de vida de las infancias.

La construcción de esa red requiere acuerdos institucionales sostenidos y una mirada que trascienda las fronteras sectoriales. En este contexto, la Mesa de Articulación de Niñez adquiere una relevancia estratégica. Allí se abre la posibilidad de construir una agenda común entre las áreas de educación, salud, desarrollo humano, cultura, deporte, infraestructura y gobiernos locales, superando la fragmentación que históricamente caracterizó a muchas de las políticas destinadas a la infancia.

La complejidad de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas aisladas. Ninguna política educativa podrá resolver por sí sola problemas vinculados al cuidado, la salud, la alimentación, la recreación o el desarrollo infantil. Del mismo modo, ninguna política social logrará garantizar igualdad de oportunidades sin fortalecer las experiencias educativas tempranas. La construcción de acuerdos intersectoriales constituye una condición necesaria para avanzar hacia políticas integrales de infancia con capacidad real de transformar las condiciones de vida de los niños.

La discusión sobre la primera infancia ofrece además una ventaja singular: permite desplazar el foco desde las consecuencias hacia las causas de la desigualdad. Con frecuencia el Estado invierte enormes recursos para reparar problemas que comenzaron a gestarse durante los primeros años de vida. Intervenir tempranamente implica actuar antes de que las brechas se consoliden, ampliando oportunidades allí donde las políticas públicas poseen mayor capacidad de incidencia. Una agenda integral para las infancias tampoco puede agotarse en las instituciones educativas o en los dispositivos de cuidado. También exige repensar las ciudades.

Durante décadas gran parte de los espacios urbanos fueron diseñados desde una lógica centrada en el automóvil y en las necesidades de la población adulta. Como consecuencia, los niños fueron perdiendo autonomía, acceso al espacio público y oportunidades de encuentro con sus pares. Cada vez resulta más frecuente que dependan permanentemente de un adulto para desplazarse, jugar o participar de actividades recreativas. La construcción de ciudades amigables para las infancias debería formar parte de cualquier estrategia de desarrollo integral. Esto supone garantizar espacios verdes accesibles, infraestructura deportiva de proximidad, entornos seguros para la movilidad peatonal, propuestas culturales distribuidas territorialmente y condiciones que permitan a los niños apropiarse progresivamente del espacio público.

La posibilidad de caminar al club, ir a una plaza cercana, encontrarse con amigos o trasladarse de manera autónoma constituye una experiencia formativa de enorme valor. Favorece la construcción de vínculos comunitarios, fortalece la autonomía personal y promueve hábitos saludables. Al mismo tiempo, las ciudades que resultan adecuadas para los niños suelen ser también mejores ciudades para los adultos. Espacios públicos seguros, calles caminables, parques accesibles y servicios de cercanía mejoran la calidad de vida del conjunto de la comunidad.

Finalmente, existe una oportunidad histórica que obliga a revisar las prioridades de las políticas educativas. Argentina atraviesa un proceso sostenido de descenso de la natalidad que ya comienza a impactar sobre la matrícula escolar. Por primera vez en muchas décadas, la discusión educativa deja de estar dominada exclusivamente por la necesidad de expandir la capacidad del sistema para absorber cohortes cada vez más numerosas. Este escenario abre la posibilidad de pensar una nueva etapa para el nivel inicial.

Durante gran parte de las últimas décadas el desafío estuvo asociado a la expansión cuantitativa: construir jardines, abrir salas y crear vacantes. Esa tarea sigue siendo necesaria en algunos territorios, pero la disminución de los nacimientos permite imaginar una agenda diferente, orientada a fortalecer la calidad de las propuestas pedagógicas, mejorar las condiciones institucionales, ampliar los sistemas de cuidado y universalizar efectivamente el acceso para los niños más pequeños. La baja de la natalidad puede ser interpretada como un desafío demográfico. Pero también puede convertirse en una oportunidad para invertir mejor, planificar con mayor inteligencia y fortalecer las políticas destinadas a la primera infancia. Menos nacimientos no deberían traducirse simplemente en menos alumnos. Deberían permitir más cuidado, más acompañamiento, más articulación institucional y una mayor capacidad estatal para llegar allí donde las desigualdades todavía persisten.

Si durante buena parte del siglo XX el gran desafío consistió en garantizar el acceso masivo a la educación obligatoria, uno de los desafíos centrales del siglo XXI parece ser otro: asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de su origen social, accedan desde los primeros años de vida a experiencias educativas, culturales, deportivas y de cuidado capaces de ampliar sus oportunidades de desarrollo. Porque la construcción de una sociedad más igualitaria no comienza en la escuela secundaria. Tampoco en la primaria. Comienza mucho antes. Comienza en la primera infancia, allí donde se juegan las oportunidades más decisivas y donde las políticas públicas poseen la mayor capacidad para transformar el futuro.