Los abogados y abogadas del campo nacional llaman a recuperar el Estado de Derecho

25 de Octubre de 2019

Por Kranear

La ofensiva encabezada por la Alianza Cambiemos sobre el Poder Judicial para poder avanzar con la implementación de su programa de gobierno, será recordado por muchos años como uno de los más feroces de la historia. Nombramientos a dedo, “forum shopping”, persecución de jueces, camaristas y fiscales, uso discrecional de la prisión preventiva y apriete de testigos, entre otras prácticas mafiosas, que tuvieron siempre el blindaje de los medios hegemónicos de comunicación.

Justo ellos, la derecha moderna e inmaculada, que provenía del sector privado, y que se presentó ante la sociedad –y lo siguen haciendo- como los fiscales morales de la Nación y los representantes genuinos de los valores republicanos.

Pero varios sectores de la vida pública nacional le opusieron resistencia al embate neoliberal. También en el ámbito del sistema de administración de justicia argentino. En este caso, de parte de los abogados y abogadas de un frente que se conformó, justamente, para enfrentar a un gobierno que desde el primer día de su gestión pisoteó las garantías constitucionales y el Estado de Derecho. Son el Frente de Abogados y Abogadas Populares del Colegio de Abogados de la Capital Federal, y hace unos días publicaron una carta de cara a las elecciones.

Los y las abogadas del FAP participan de varias de las comisiones de trabajo del Colegio Público.

“A partir del 10 de diciembre de 2015 con el inicio del gobierno de Cambiemos, las abogadas y abogados venimos asistiendo al derrumbe del Estado de Derecho, cuyo continuo retroceso no encuentra antecedentes salvo que nos remontemos a la Dictadura Cívico-Militar de 1976”, plantean en el comienzo del texto.

“Desde el DNU que quiso imponer dos jueces de la Corte Suprema, quedó claro que el gobierno de Macri iba a manejase de manera autocrática, como lo demuestra el ‘festival’, no solo de DNU sino de decretos simples, incluso para abordar materias taxativamente prohibidas por la Constitución Nacional (penal; procesal penal; tributario; régimen de partidos políticos y régimen electoral), con el único objetivo de evitar la discusión parlamentaria.

Y enumeran:
“El decreto de emergencia de la seguridad pública 228/16, que modifica figuras y procedimientos penales e instala la pena de muerte a través de la “Ley de Derribo; el DNU llamado ‘Megadecreto 27/18’ de 192 artículos que pretendió derogar y modificar leyes vigentes; el Decreto 669/19, ya declarado inconstitucional por dos Jueces del Trabajo, que pretende modificar el cálculo de los intereses para las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades, en perjuicio del trabajador y con alcance retroactivo, dictado a días de la muerte de un trabajador y graves lesiones causadas a otros, en la obra del aeropuerto de Ezeiza, con el objetivo engrosar las ganancias de las ART”.

El FAP tiene una consejera dentro del Consejo Directivo del Colegio Público.

En 2017, todas las agrupaciones de abogadas y abogados del campo nacional y popular confluyeron en el FAP, para disputar espacios de poder en los ámbitos de abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La primera prueba la tuvieron en el Claustro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, y la pasaron con éxito, al retener el lugar del consejero que se había conquistado, en un hecho histórico, en 2011. Se trató también de una clara señal de que el camino de la unidad era posible. A partir de ahí, el FAP también armó listas para disputar espacios en el Colegio Público de la CABA, la Asociación de Abogados, el Consejo de la Magistratura de la CABA y también el de Nación.

En 2018 se presentaron en elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y lograron imponer una consejera, María Inés Fadel, que en la actualidad ocupa dicho cargo en el Consejo Directivo del Colegio. Otros colegas de agrupación integran muchas de las comisiones que asesoran al Consejo en temas como DDHH, Defensa del abogado/a y Justicia.

Volante de la campaña del FAP, en 2017, para el claustro de Graduados de Derecho de la UBA,

A las ilegalidades punteadas más arriba, desde el FAP del Colegio suman en su carta “la persecución desatada por el gobierno no solo contra la oposición sino contra aquellos jueces y magistrados que ajustaron su conducta a la Constitución y los Tratados Internacionales, y se negaron a ser sometidos por el PEN”, y citan los nombres de Ballestero, Freiler, Farah, Rozanski, Carzoglio, Forns, Arias, Gils Carbó, Ramos Padilla, Temis, Arias Gibert, Ferdman, Cañal, Raffaghelli, Gonzalez, a quienes se persiguió por medio de pedidos de juicio político y denuncias mediáticas.

También mencionan la persecución que Cambiemos realizó contra “los abogados que se animaron a defender o representar a quienes resultan perseguidos o agredidos por las políticas gubernamentales, recurriendo incluso a la escucha de las conversaciones con sus defendidos, violentado el libre ejercicio de la profesión y la garantía de defensa en juicio, lo que pone de manifiesto la afectación a la división de poderes y al propio Poder Judicial, como lo confesara el presidente Mauricio Macri al decir que ‘necesitamos jueces que nos representen’”.

En relación al rol Colegio Público durante la gestión de gobierno de la Alianza Cambiemos, los y las profesionales consideraron que la institución “no estuvo a la altura de las circunstancias”, y detallaron “en un principio, con la integración de Daniel Angelici como su vicepresidente y la continuidad de una alianza de casi una década entre el pro y el oficialismo, el colegio no representó un polo de opinión crítica a los desmanes que desde el inicio llevó adelante Cambiemos en el ámbito del derecho”, pero que a partir “de un quiebre de aquella alianza, que empieza a producirse a fines de 2017, y con el cambio de la integración del Consejo Directivo en 2018, y más que nada a partir de los ataques a la figura de los abogados y abogadas, a partir de la afectación del ejercicio de la defensa y la creación de listas negras de abogados, el Colegio comienza a tener un rol más significativo en la defensa de los derechos de sus matriculados.

En 2017 se celebró fuerte y hasta muy tarde el resultado de las elecciones para el claustro de Graduados de Derecho de la UBA.

En la carta que hicieron circular por las redes sociales, los y las abogadas del campo nacional y popular denuncian que el oficialismo promovió “prácticas mafiosas” en el ámbito del poder judicial “consistentes en la desnaturalización de la prisión preventiva y la aplicación de la ‘delación premiada’, en contra de lo que dispone la propia ley, y su utilización como método de extorsión para la obtención ilegal de acusaciones a cambio de la libertad”.

En el epílogo del texto, desde el FAP del Colegio advierten que el retroceso de estos años en calidad institucional, independencia de poderes y la vigencia del el Estado de Derecho, “acompaña lo que ya no se puede ocultar”, y puntean: “el fracaso económico, el empobrecimiento general de la población, la falta de crecimiento, el endeudamiento en una cifra superior al 50% del PBI, contrayendo deuda en condiciones ruinosas con entrega de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional; y el abandono de toda forma de reclamo de nuestros derechos territoriales soberanos”.

Héctor Recalde es uno de los padrinos del FAP.

El texto cierra con un llamado de conciencia para sus colegas de adentro y fuera del colegio: “¿Nos merecemos vivir de esta manera a más de 36 años de haber recuperado la democracia? Creemos firmemente que NO, no sólo por nuestra condición de simple ciudadanos sino por ser mujeres y hombres de derecho”.

Las próximas elecciones dentro del Colegio son a mediados del 2020. Nuestro país, muy probablemente, ya estará dando muestras de recuperación, luego del fuertísimo daño producido por el neoliberalismo de Macri y sus socios.

En un acto, en Derecho, junto a la presidenta de las Abuelas.