Memoria, Verdad y Justicia en 2025: menos políticas de Estado y más absoluciones

6 de Enero de 2026

Por Giselle Tepper

A menos de tres meses de cumplirse los 50 años del golpe genocida, el gobierno de La Libertad Avanza sigue generando retrocesos profundos en las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia.

El 2025 cierra con 74 condenados por delitos de lesa humanidad y 62 absueltos, un número en aumento. Con más de 1.200 condenados en casi 20 años de juicios desde la reapertura de estos procesos, la participación civil en el terrorismo de Estado sigue prácticamente impune.

En los dos años que lleva de mandato el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel avanzó con el desmantelamiento de políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, afectando a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, la conservación y preservación de sitios de memoria y la búsqueda de nietas y nietos que siguen apropiados. 

La reducción de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y los despidos masivos causaron el vaciamiento de áreas destinadas a funcionar como auxiliares de justicia, el retiro del Estado de su lugar de querellante en las causas por crímenes del terrorismo de Estado y el debilitamiento del acompañamiento a testigos y sobrevivientes. También fue eliminada la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDI y fueron cerradas áreas del Ministerio de Defensa que realizaban investigaciones. Todo esto tiene un contexto ya no sólo de negacionismo, sino también de apología de los crímenes de la dictadura genocida, desconociendo permanentemente consensos de la democracia argentina.

Los juicios a genocidas en 2025

El informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó que en 2025 se dictaron 19 sentencias. Así se alcanzó un total de 1.208 condenados por delitos de lesa humanidad en 357 sentencias dictadas desde la reapertura de los juicios en 2006. También indica que hasta ahora llegaron a ser investigadas 3.875 personas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 1.565 están libres, ya sea esperando el juicio, transitándolo, con falta de confirmación de la condena, con la condena o los dos tercios cumplidos. Además, hay 515 detenidas acusadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales más del 84% (434) tiene el beneficio del arresto domiciliario. Solamente el 45% tiene aplicado un dispositivo electrónico como mecanismo de control de la prisión domiciliaria.

El 4% (19 personas) de los detenidos están en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o provinciales, mientras que el 12% (62 personas) está en la Unidad Penitenciaria N° 34 ubicada en la guarnición militar de Campo de Mayo, cuyas condiciones, señala la Procuraduría, “impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país” por “el rol del Ejército en su administración”.

Los juicios por delitos de lesa humanidad son motivo de admiración en el mundo.

Después del cierre del informe de la Procuraduría se conocieron 4 sentencias más. Al ser contabilizadas, reflejan que en 2025 los condenados por delitos de lesa humanidad fueron 74, mientras que los absueltos fueron 62. Una de las 23 sentencias de este año fue la que condenó a dos de los tres acusados por la Masacre del Pabellón Séptimo.

La Memoria en tiempos de Milei

LLA desde el principio instaló abiertamente su línea negacionista en manos de Victoria Villarruel. Ya en el gobierno omitieron los reparos y atacaron la lucha de los organismos de derechos humanos con agravios impartidos, por ejemplo, por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la entonces ministra de Seguridad y represora Patricia Bullrich. Todo esto transcurre con un contexto digital organizado para el odio, la mentira y la memoria vacía, aunque la llamen “completa”.

La Ley 26.691 para la Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado tiene vigencia sobre los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención (en algunos casos también de tortura, exterminio y robo de bebés) o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados al accionar del terrorismo de Estado. En particular, los sitios constituyen prueba judicial en las causas por delitos de lesa humanidad. Algunos de los sitios fueron reconvertidos como espacios de memoria después de haber sido desafectados de su uso.

Octavio Rampoldi, delegado de ATE Capital, le contó a Kranear que en todos los espacios de memoria que dependen de la Subsecretaría (antes Secretaría) de Derechos Humanos de la Nación “hubo reducción de personal y cuando hablamos de reducción de personal hablamos de trabajos específicos que se hacen en cada uno de esos lugares”. Como ejemplo mencionó lo que pasó en el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA):

“El Archivo tuvo una reducción de personal de casi el 40%, dentro de ese personal despidieron a archivistas, conservadores, técnicos, productores audiovisuales. Te pongo ejemplos puntuales. Despidieron a un compañero que estuvo algo más de 15 años trabajando en la Secretaría, en el Archivo, y tenía un rol muy específico. En el área audiovisual del Archivo trabajamos con material antiguo, por así decirlo, trabajamos con cintas abiertas, con VHS, con fílmico, con betacam. Para reproducir esos elementos y poder digitalizarlos necesitamos soportes que son también antiguos, que ya no se consiguen repuestos, y no hay gente que sepa mantenerlos. La persona que despidieron es la que se dedicaba a eso. Hoy se nos rompe una máquina reproductora y no vamos a tener a la persona que pueda tratar o lograr repararla”.  

También se refirió a la parte de la ley que establece que se debe promover la educación sobre la memoria de nuestra historia. “La transmisión de la memoria es fundamental porque es la pedagogía de la memoria, que es toda una línea que se ha ido creando a medida que se fueron ocupando los espacios y que se fue desarrollando a lo largo de estos últimos 20 años”, marcó Rampoldi, y sobre este tema expresó que la actual gestión de gobierno suspendió los talleres que se realizaban en las escuelas organizadas por trabajadoras y trabajadores de los espacios de memoria, afectando su tarea territorial. Además, recordó que “hubo dos espacios de memoria o futuros espacios que quedaron totalmente truncos, que son los que iban a funcionar en Campo de Mayo y del Vesubio”.  

Fin de año y vuelos de la muerte

El final del 2025 encontró que el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado por parte de La Libertad Avanza también se transmiten por YouTube. Lilia Lemoine, diputada del gobierno, sostuvo una conversación en el programa FDC del canal Anima Digital en la que Alfredo Gammariello, quien fue candidato a legislador porteño por LLA, afirmó como “deseo” que el Congreso trate proyectos para “tirar gente de aviones”, en referencia a los vuelos de la muerte. La respuesta de Lemoine fue afirmar que “si hubiéramos querido hacer eso hubiéramos adquirido más Hércules y no F16”. A continuación, Alejandro Sarubbi Benítez sostiene que “igual hay tres Hércules en funcionamiento en este momento” y Lemoine le responde “Exactamente. Y con eso nos alcanza”. Alguien que se llama Graciela Travaglini se suma a la fiesta negacionista y opina sobre la capacidad de esos aviones: “Entra bocha”, dice, en referencia a la cantidad de gente que podría entrar para ser asesinada en un vuelo. La diputada Lemoine remata: “Bueno, pero ahí 90, como 90”.

Los libertarios visitaron, en 2024, a los genocidas, en el Penal de Ezeiza, 'por razones humanitarias'.

Estas declaraciones tuvieron amplia difusión a través del repudio de organismos de derechos humanos y otros (pocos) espacios políticos. La Libertad Avanza sigue manteniendo su silencio.

Estas declaraciones por parte de alguien que ejerce la función pública dañan nuestra democracia. Los vuelos de la muerte son un delito de lesa humanidad reconocido incluso por los mismos genocidas, como Adolfo Scilingo, quien además de confesar que los vuelos existieron los equiparó con las cámaras de gas del Holocausto.

Los dichos de Lemoine no niegan que ese delito haya existido, sino que lo banalizan e invocan como posible forma de abordar a la oposición. Mientras, después de 50 años, miles de familias siguen esperando saber dónde están los cuerpos de quienes estaban detenidos-desaparecidos y fueron arrojados con vida y desde aviones al mar.