Perú al filo de la navaja

19 de Junio de 2026

Por Víctor Sudamérica

Hay elecciones que cierran ciclos y otras que, por el contrario, abren más preguntas que las que responden. La segunda vuelta peruana de 2026 pertenece sin duda al segundo tipo.

Al 12 de junio, con el 98,258% de actas procesadas, Keiko Fujimori sumaba 9.036.046 votos (50,004%) frente a los 9.034.743 de Roberto Sánchez (49,996%): una diferencia de 1.303 votos sobre más de 18 millones de sufragios válidos, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recogido por Infobae.

Horas después, nuevas actualizaciones movieron el margen primero a favor de uno, luego del otro, hasta estabilizarse en unos 12.000 votos a favor de Fujimori según El Comercio y Gestión, pero el patrón de fondo no cambia: un país partido casi exactamente en dos, con el resultado pendiente de las últimas actas de Loreto, demoradas por el clima, y del voto en el extranjero, donde Fujimori se impuso con holgura (63,4% frente a 36,6%, según TVPerú e Infobae).

Leer este empate como un mero accidente estadístico, 'faltaron contar unas actas', 'el sistema funcionó, pero fue muy parejo', “pero los votos del exterior”, sería quedarse en la superficie y no comprender el hecho social peruano. Lo que el mapa electoral expone es algo más profundo: es algo mucho más que una crisis orgánica de representación que no nació en abril de 2026 ni se resolverá en julio, sino que es la forma continua de un problema centenario de integración nacional fallida y exclusión de las mayorías populares. País balcanizado culturalmente y dependiente en lo económico, lo que genera una crisis social que supera la realidad política.

El Estado que no termina de nacer: de Boluarte a Jerí

Para entender el balotage hay que retroceder solo unos meses, aunque la sensación de vértigo institucional sea mucho más antigua. En octubre de 2025, el Congreso destituyó a Dina Boluarte tras la llamada 'Marcha nacional' del 15 de octubre, una jornada que dejó una persona muerta y 128 heridas, a menos de seis meses de las elecciones generales. José Jerí asumió la presidencia interina, y Perú sumó así su octavo presidente sin completar mandato en apenas unos años: una cifra que, lejos de ser anecdótica, constituye casi un género político propio en la región. El Perú es un caso que ningún politólogo o consultor ha logrado develar.

El descrédito no es coyuntural ni se endilga a personalidades específicas. Entre 2022 y 2025, la desaprobación del Congreso se mantuvo entre 85% y 93%, con un mínimo histórico de apenas 7% de aprobación en enero de 2023, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El mismo IEP registró que el 81% de la ciudadanía aprobó la vacancia de Boluarte, y que el 73% de los peruanos no se siente representado por las instituciones políticas vigentes. Estas cifras no describen un gobierno impopular sino que nos muestran un régimen de representación que ha perdido, para la mayoría de la población, cualquier vínculo de legitimidad. Ya no es una crisis de partidos, es una crisis de sistema.

La débil respuesta institucional fue una reforma de las reglas del juego antes que una transformación en profundidad. El 6 de marzo de 2024, el Congreso aprobó el retorno a la bicameralidad, restituyendo el Senado y la Cámara de Diputados (130 diputados y 60 senadores) por primera vez desde 1990, cerrando 33 años de unicameralismo heredado del autogolpe fujimorista de 1992. En las generaciones actuales el legado de Fujimori ha pasado a perder trascendencia. A esto se sumaron nuevas vallas electorales: 5% de votos a nivel nacional o un mínimo de escaños para subsistir como partido. La apuesta de quienes impulsaron estas reformas es clara: complejizar los mecanismos de censura y vacancia, dificultar que el Congreso derribe presidentes con la facilidad demostrada en el último lustro, dar 'estabilidad' al Ejecutivo.

Pero aquí se impone una pregunta que atraviesa este momento: ¿esto es una crisis de gobierno o es una crisis del Estado peruano? ¿Es posible hablar de crisis de nacionalidad? Si fuera la primera, alcanza con ajustar los mecanismos de gobernabilidad (que en parte fue lo que se intentó) para devolver previsibilidad al sistema. Si es la segunda, ninguna ingeniería institucional sobre el Congreso va a tocar el problema de fondo: un aparato estatal que, en su relación cotidiana con vastos sectores del territorio y de la población, simplemente no es percibido como propio, el Estado peruano carece de representación. Pero existe todavía una tercera lectura, más radical: tal vez no se trate solo de un Estado que administra mal su relación con la sociedad, sino de una nacionalidad que nunca terminó de constituirse como tal lo que la llevó a un desencuentro con la estatalidad. Mariátegui ya señalaba que el 'problema del indio' no era un problema racial sino económico y social (una manera de romper con el positivismo imperante) ligado a la cuestión de la tierra. En esa misma línea, podría sostenerse que el Perú republicano construyó un Estado antes de que existiera una nación que lo sustentara, o que construyó una nación oficial (criolla, costeña, hispanohablante) que excluyó de su definición a las mayorías indígenas y andinas (quizás el resultado electoral explique un poco esta situación).

Si esto es así, la crisis actual no sería solo de representación política mucho menos electoral, sino que sería una crisis propia de la comunidad nacional: un país que jurídicamente sigue funcionando como una superposición de mundos (el 'abigarramiento' a la Zavaleta Mercado) que comparten territorio pero no necesariamente un proyecto histórico común. Bajo esta lectura, la fractura geográfica del balotaje (sur y centro andino para Sánchez, Lima y costa para Fujimori) no sería un mapa de preferencias electorales coyunturales, sino el contorno mismo de esa nacionalidad inconclusa, que reaparece cada vez que el sistema político se ve forzado a sumar los votos de todo el territorio en un solo número. Y lo peor de todo es que a ese desencuentro entre dos mundos ya le conocemos el final.

La primera vuelta: radiografía de la fragmentación

Si algo demostró la primera vuelta fue la magnitud la multiplicidad de la oferta electoral. Más de 35 candidatos se presentaron ante la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, ninguna opción logró superar el 20% de los votos válidos. Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con 17,18% (2.877.678 votos); Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quedó segundo con 12,03% (2.015.114 votos), desplazando por apenas unos 21.000 votos a Rafael López Aliaga, que se había perfilado como favorito en encuestas previas con cifras cercanas al 11,2%.

Dos fenómenos merecen atención especial. El primero es el ausentismo: más de siete millones de peruanos no acudieron a votar a pesar de la obligatoriedad del voto, una cifra que habla de un 'desencanto estructural' que ya no se expresa como abstención pasiva sino como rechazo activo al ritual electoral mismo, rechazo que viene creciendo elección a elección. El segundo fenómeno es la variable del voto en blanco e indeciso, que las encuestas de marzo situaban en torno al 41%, concentrado precisamente en los sectores socioeconómicos más bajos: aquellos para quienes, en palabras que retoman la tradición de los 'desencantados', las elecciones resultan 'poco o nada importantes', pero que terminan votando 'a la contra', para impedir que gane quien les genera mayor rechazo, antes que por adhesión positiva a alguna propuesta. Habrá que seguir este número para próximos procesos electorales en la región. Quizás los próximos estudios sociológicos en comportamiento electoral deberán dar cuenta de las motivaciones en los comportamientos de este electorado.

El tercer fenómeno, quizás el más revelador, es lo que podríamos llamar el voto oculto rural. La ausencia de Sánchez entre los primeros lugares de casi todas las encuestas previas a abril, que ubicaban a López Aliaga, Fujimori y López-Chau como punteros, con Sánchez disputando apenas el tercer puesto junto a Carlos Álvarez, y su irrupción final al segundo lugar confirmó que existía un electorado que los instrumentos de medición simplemente no estaban capturando. No es un detalle metodológico menor, sino que es la prueba de que buena parte del país sigue siendo, para el sistema político y para quienes lo estudian desde Lima, un territorio invisible hasta que vota. Esta mayoría silenciosa es la que se debate entre la esperanza y el rechazo al sistema. Las ciencias sociales desde su desdén eurocéntrico no tienen interés por comprender a este sujeto.

El balotaje: la geografía de una fractura histórica

El 7 de junio, más de 27 millones de peruanos y más de 1,2 millones en el extranjero, según TVPerú fueron convocados a definir entre Fujimori y Sánchez. El resultado, ya descrito, es un empate técnico que ninguna proclamación apresurada podría legitimar. Pero más allá del número final, lo que el mapa del voto expone es una geografía que Perú conoce desde hace siglos: Sánchez se impuso en 17 de las 25 circunscripciones, concentradas en el sur y el centro andino, mientras Fujimori dominó Lima, la costa norte y la selva baja. Costa y capital frente a sierra e interior; el eje litoral-criollo frente al eje andino-popular: la vieja partición que Aníbal Quijano describiría como la persistencia de un orden colonial nunca completamente desmontado, y que José María Arguedas o el propio Mariátegui situarían en el corazón del 'problema del indio' como problema no resuelto de la nación peruana.

En ese mapa, la performance de Sánchez no puede leerse de manera aislada. Es, en gran medida, la persistencia del espacio social que en 2021 llevó a Pedro Castillo a la presidencia que en su momento cubrimos para Kranear: un electorado rural, andino, históricamente desatendido por el Estado central, que encuentra en candidaturas outsider, más allá de sus contenidos programáticos específicos, con una tradición de lucha guerrillera silenciada por las voces de la política correcta un vehículo de protesta contra un orden que percibe como ajeno. René Zavaleta hablaría aquí de una 'sociedad abigarrada' donde distintas temporalidades históricas y formas de vida coexisten sin integrarse plenamente en un Estado nacional común; el resultado de 2026 vuelve a hacer visible esa heterogeneidad estructural, esta vez con el peso suficiente para llevar a un balotaje a una fuerza que las encuestas no veían venir.

En el otro extremo, la persistencia del fujimorismo que llega a una nueva segunda vuelta más de tres décadas después del autogolpe de 1992 que reconfiguró el propio sistema político, que funcionamiento particular el de la memoria colectiva peruana que no deja de ser un espejo de otros lugares de Nuestra América, como un apellido como Fujimori se convierte casi treinta años después en una escudería con capacidad electorial. Lo que confirma que sigue siendo, pese a sus techos electorales recurrentes y su incapacidad histórica para ganar una presidencia en primera instancia, la identidad electoral más estable a escala nacional. No es popularidad arrolladora: es organización, anclaje territorial y una base que, elección tras elección, no desaparece aunque tampoco crezca lo suficiente para gobernar con holgura. Aunque está vez puede que salga bien, o mal, depende como se mire.

De las urnas a los tribunales: el fraudismo y la batalla de los abogados

El margen mínimo no solo deja un resultado en suspenso: activa un terreno político paralelo, el de la disputa legal y narrativa, mientras que en paralelo cabalga la desgracia del pueblo peruano. Rafael López Aliaga, desplazado por escaso margen en primera vuelta, impulsó desde entonces una narrativa de fraude electoral que se entrelaza, con el anticomunismo y la práctica del 'terruqueo': la descalificación de adversarios políticos mediante su asociación, explícita o velada, con el terrorismo.

Esta narrativa encuentra terreno fértil en una desconfianza institucional que los propios datos del IEP confirman: un incremento de diez puntos porcentuales en la desaprobación del JNE, y en el sur del país, una cifra que merece subrayarse, el 86% de la población considera posible un fraude electoral. Es decir: en las regiones donde Sánchez obtuvo sus mayores respaldos, la desconfianza hacia el árbitro electoral es prácticamente unánime, lo que anticipa que cualquier resultado es que gane quien gane enfrentará un problema de aceptación social en, como mínimo, media geografía del país. A lo que seguramente se le sume un elemento clasista que establezca claras distinciones en las regiones fujimoristas y las de su adversario.

En este contexto, como señaló el medio Resumen Latinoamericano, la definición de la presidencia peruana ha dejado de disputarse, en los hechos, en las urnas, y se ha trasladado a una 'batalla entre abogados': impugnaciones, recursos y procesos ante el JNE que, según advirtió su propio presidente, Roberto Burneo, suelen demandar al menos un mes desde la fecha de la elección. La proclamación oficial está prevista recién para mediados de julio, y la toma de juramento para el 28 de julio. Entre el 7 de junio y esa fecha, Perú vivirá semanas de incertidumbre institucional añadidas a una incertidumbre que, como hemos visto, es de larga data.

Conclusión: la elección no cierra nada

¿Qué hilo conductor enhebra la fragmentación de abril, el ausentismo de siete millones, el desencanto de los sectores populares, la irrupción del voto rural oculto y, ahora, la narrativa del fraude? Se podría decir que el concepto que mejor lo nombra es el de crisis orgánica de representación: no una crisis de tal o cual gobierno, sino la constatación repetida, elección tras elección, de que el sistema de partidos y el aparato estatal peruanos no logran traducir en instituciones estables la pluralidad social, territorial y cultural del país. De lo que se desprende la falta de tarea nacionales en un territorio arrasado.

Esta lectura conecta con un debate de larga data sobre las llamadas tareas democrático-burguesas pendientes: la noción de que ciertas tareas que en Europa occidental resolvió la revolución burguesa clásica (unificación nacional efectiva, reforma agraria, integración del campesinado a la ciudadanía, construcción de un mercado interno articulado) quedaron incumplidas en buena parte de América Latina y más en países como el Perú, donde las clases dominantes locales optaron por pactar con el orden oligárquico-exportador antes que completar esa revolución. En este contexto pensando en Perú nos sumergimos en una 'nacionalidad inconclusa' lo cual no es un rasgo cultural abstracto, sino que es el resultado concreto de que el Estado republicano nunca completó su propia agenda fundacional producto de sus propias incompetencias y alcances: nunca integró plenamente al campesinado andino como ciudadanía política y económica, nunca resolvió la cuestión de la tierra de modo que articulara sierra y costa en un mismo proyecto nacional, y nunca construyó las bases materiales de una nación homogénea que pudiera sostener, sin sobresaltos, un sistema representativo estable.

Hasta la próxima danza marinera.

Por eso esta nota no puede ni tampoco debe cerrar con certezas. El resultado del 7 de junio, sea cual sea su desenlace final en julio, no clausura la larga lucha histórica del pueblo peruano por una integración real, por justicia social y por una emancipación que excede largamente los márgenes de cualquier proceso institucional. Gane quien gane por un puñado de votos, esa lucha que es, en el fondo, la pregunta por qué Estado y para quién sigue abierta. Pero se tendrá que resolver el problema de la nacionalidad peruana.