Por una Corte al servicio del pueblo

• Por Mariano Abrevaya Dios
•   26 de Enero de 2022

Las novelescas declaraciones de la dirigencia de Juntos por el Cambio y el espacio en la agenda informativa que le vienen dando desde el sistema de medios opositor, no deja dudas: la convocatoria del #1F, frente a los tribunales porteños, donde tiene su sede la Corte Suprema de Justicia de la Nación, despertó inquietud y preocupación entre los representantes del poder real.

Se trata de un buen indicador, porque pone en evidencia que la manifestación convocada en la Plaza Lavalle, para las 18 horas, más allá de su posible masividad, viene ganando aceptación y volumen, en especial, de parte de diversos integrantes del propio poder judicial, aparte de la política, organizaciones gremiales y otras expresiones de la vida pública nacional.

El puntapié inicial de la convocatoria lo dio antes de que termine el 2021, el juez de 69 años Juan María Ramos Padilla, actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre de una larga carrera en el poder judicial y militancia en el radicalismo, que subió su perfil mediático luego de que el entonces gobierno de Macri y sus terminales mediáticas y judiciales, atacaran sin piedad a su hijo también juez, Alejo Ramos Padilla, en aquel momento a cargo del juzgado de Dolores que tramitaba un par de causas de mucha relevancia y sensibilidad política, por haberse convertido, en la mitad del mandato de Macri, en la punta del iceberg de lo que hoy es de conocimiento público: la Alianza Cambiemos montó durante su gobierno una Mesa Judicial para perseguir opositores, realizar espionaje ilegal y armar causas judiciales.

La Corte Suprema sufre hoy una deslegitimadad comparable a la que tuvo en su momento la corte menemista, la de la mayoría automática, y esto tiene que ver con varios factores que alimentan el rechazo social: sus designaciones por decreto, su perfil empresarial y antipueblo, y en especial, la complicidad que vienen mostrando, desde el 2016 a la fecha, con el plan sistemático de persecución del macrismo y sus aliados. No han firmado ni siquiera una resolución para explayarse sobre la total vulneración del Estado de Derecho y las garantías constitucionales cometido durante los últimos años, o los partidos de paddle que camaristas del máximo tribunal penal de la Nación jugaron con Macri en la Quinta de Olivos.

Desde hace unos días, con la irrupción de un video encontrado en un computadora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hay que sumar el escándalo de dimensiones espaciales que se desató con el caso conocido como Gestapo, una reunión oficial con presencia de por lo menos dos de ministros del gabinete de la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, directivos de la Agencia Federal de Inteligencia, el intendente de la Ciudad de La Plata (Garro, macrista) y empresarios del sector de la construcción, en el Banco Provincia, en la que con toda claridad se planifica el armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales, una operatoria diagramada bajo el tutelaje y coordinación del todavía procurador en funciones del distrito bonaerense, Julio Conte Grand, reconocido funcionario del macrismo durante los mandatos de Macri en CABA y Vidal en Provincia.

Aparte, el pésimo funcionamiento del poder judicial en su conjunto, y la Corte Suprema y los Tribunales de Comodoro Py en particular, figuran entre las mayores preocupaciones de una gran parte de la sociedad. No se trata solo de espionaje ilegal, detenciones arbitrarias, operaciones de prensa y la fuga de Pepín Rodríguez, el principal operador judicial de Macri. El servicio de administración de justicia es lento, burocrático y sus fallos muchas veces sesgados, injusto, clasista o patriarcal. Se trata del poder del Estado con peor imagen de los tres. Falta acceso a la justicia y también que sus funcionarios y funcionarias actualicen su mirada del mundo con los contenidos que impone la Ley Micaela.

Es bastante improbable que el poder judicial se depure solo, como se dijo por ahí. Si bien la gran mayoría de los jueces, fiscales y defensores probablemente sean honrados, se ajusten a Derecho, y hasta muchos tengan la sensibilidad social necesaria para ejercer su trabajo con un ojo puesto en la realidad que viven y sufren la mayoría de los argentinos y argentinas, no tienen la fuerza, ni siquiera a través de sus organizaciones profesionales, para avanzar con una reforma judicial.

El Poder Ejecutivo a cargo del gobierno popular, por su parte, tampoco tiene la fuerza parlamentaria para avanzar con una reforma, porque el Congreso, lo sabemos, está polarizado, y no alcanzan los votos ni para nombrar un nuevo procurador general, en lugar del transitorio Casal, designado por Macri luego de que se cargasen a la impecable profesional Alejandra Gils Carbó.

Una de las consignas que conforman la convocatoria tiene que ver con el aniversario y recordatorio de la otra movilización que se realizó contra una corte, la menemista, que fue masiva y abrió el camino para la destitución de los jueces corruptos que respondían a los intereses del gobierno neoliberal del riojano.

La calle, como en otras tantas ocasiones, es fundamental para darle carnadura a las grandes demandas sociales de la historia. Participarán organizaciones profesionales, gremiales, políticas y sociales, aparte de una enorme cantidad de ciudadanía movilizada a pie.