“El atraso excesivo es denegación de servicio”

En una entrevista exclusiva, la ex jueza, camarista y referente de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós, habló sobre los desafíos en materia judicial que tendrá el próximo gobierno, la causa de Dolores que instruye Ramos Padilla, el feminismo y la rebeldía del fiscal federal Stornelli; aparte repasó su carrera judicial y confió cuál fue y sigue siendo la mayor de sus obsesiones: El buen funcionamiento del Poder Judicial.

Por Mariano Abrevaya Dios y Mariano Quiroga

María Laura Garrigós coordina la Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria. Allí la fuimos a buscar para realizar la entrevista. Luego de algunas vueltas, nos sentamos en una punta de la larga mesa de reuniones de la sala Juana Azurduy, en el primer piso del edificio, a pocos metros de la oficina en la que Cristina Kirchner pergeñó el armado del actual Frente de Todos con el que el peronismo junto a otros sectores políticos y sindicales, aparte de movimientos sociales y la cultura, competirá en las elecciones de agosto y octubre.

¿Qué tareas están realizando con la comisión?

“Estamos focalizados en el funcionamiento del Poder Judicial y en el control de lo que la política criminal o la política judicial del Gobierno que decanta en el Congreso de la Nación”, como así también “en lo que podríamos hacer para mejorar el sistema judicial”, cuenta frente al grabador.

“El sistema judicial es una burocracia que no está funcionando bien. Y los más perjudicados, siempre que una burocracia funciona mal, son los que más necesitan esa burocracia”, dice la ex magistrada y camarista del fuero penal. “Tenemos que tomar el discurso de la eficiencia del Poder Judicial, que en general viene de la derecha, y reconvertirlo en una eficiencia democrática”, dice, y agrega que por un lado “hay que promover que la gente tenga acceso a la justicia” y por el otro, “pensar en cómo acompañamos a los poderes judiciales para que puedan dar cumplimiento a la tarea que se les encomienda”.

María Laura apunta que desde 1983 a la fecha la población argentina se duplicó. Pasamos de ser unos 20 millones, a 44. Y va al gano: “Las estructuras judiciales son idénticas”, cuenta, y advierte que “la conflictividad, por el aumento de la población, no aumenta de modo aritmético, sino geométricamente”. Lo grafica así: “Si tenés un vecino, te peleas con un vecino, pero si tenés diez, te peleas veinte veces”.

Ningún gobierno atacó públicamente al poder judicial como el de Cambiemos, y la corporación judicial no tuvo la reacción que uno hubiese esperado. ¿Por qué?

“El Poder Judicial no reacciona ante esos embates por su propia composición. Hay que tener en cuenta que en su mayoría asumen sus trabajos de manera vitalicia, incluidos sus empleados, y que no hay un recambio como puede haber en otras rubros. El empleado judicial sigue la carrera judicial y va ascendiendo de modo gradual hasta el cargo más alto, y luego procura ser funcionario, y después se presenta a concursos y busca ser juez. La carrera judicial culmina con el cargo vitalicio de juez”, dice.

Y agrega: “Como además no existe un ‘para qué hacemos esto’ sino un ‘cómo hacemos esto’, porque no hay una Escuela Judicial en la que se instruya a la gente en relación a que la justicia es un servicio y que debe ser prestado para solucionar los conflictos de la gente, el sistema de trabajo se clona tal cual te lo enseñaron”. De esta manera, “el empleado judicial toma su modelo de su cargo superior, un juez por ejemplo, y cuando tiene la posibilidad de acceder a ese cargo, repite esa conducta, y esto hace que se trate de una estructura muy conservadora”.

“Tenemos que tomar el discurso de la eficiencia del Poder Judicial, que en general viene de la derecha, y reconvertirlo en una eficiencia democrática”, dice Garrigós.

¿Los cambios sociales y culturales que está produciendo el movimiento de mujeres impactan de alguna manera hacia el interior del Poder Judicial?

Sonríe con escepticismo, y cuenta: “El 56 por ciento del poder judicial, a nivel nacional, somos mujeres, pero sin embargo a los cargos altos solo acceden los hombres. El mayor problema que tenemos las mujeres para acceder a los cargos es el asunto del cuidado de los hijos. El poder judicial tiene una sola guardería que es del gremio de los judiciales a nivel nacional, en Comodoro Py, y acceder a una vacante es muy difícil. En los cargos más bajos te pagan un subsidio para que puedas sostener un jardín privado. Esto que hace que las mujeres que son buenas trabajando, cuando llega el momento de concursar, tengan baches en sus currículums, porque cuando son madres no pueden hacer posgrados, dejaron de dar clases en la facultad o de encabezar cursos. No da la vida para criar un hijo, estudiar y trabajar. Ahí tenés el patriarcado, y por eso son menos las mujeres que llegan a los cargos superiores.

Recorrido profesional
María Laura ingresó al Poder Judicial por medio de su novio de aquel entonces, el señor Ríbori, quien a su vez era sobrino del entonces presidente de la Cámara Penal. Se trataba de una época en la que casi no se nombraban mujeres en el fuero penal. Corría el mes de enero de 1976 y le faltaban solo cuatro materias para recibirse. Cuarenta y dos años después, se jubiló. Fue el 1 de abril de 2018. Durante esas cuatro décadas, puso todo su esfuerzo para que el Poder Judicial funcione según lo esperado y le brinde respuestas a la sociedad, con una vocación de servicio que todavía siente y la empuja a seguir militando en espacios políticos como Justicia Legítima o el Instituto Patria.

¿Por qué decidiste ingresar al fuero penal?

“Porque entré ahí, no lo elegí”, asume. “La facultad de Derecho no prepara penalistas, sino abogados empresariales, privativistas”, apunta. “Fue el tío de su marido, un juez penal, el que me consiguió una vacante en el fuero. Yo entré pensando bueno, después veré”, agrega.

¿No te costó?

“Si sobrevivís los dos primeros años, ya está. Y en mi caso, fueron los dos primeros años y la dictadura, a la vez. Fueron tiempos muy duros, con una úlcera y una internación de por medio, pero resistí”, cuenta.

María Laura fue nombrada jueza correccional en la reforma que instauró el código de procedimientos orales en el sistema federal, el 5 de septiembre de 1992. Fue una conmoción hacia el interior del poder judicial porque hubo que nombrar, de un momento a otro, cuatrocientos cargos. “Disfruté mucho de ese cargo porque el juez correccional podía realizar la instrucción y el juicio oral”.

Ejerció funciones en el juzgado correccional número 7 durante doce años. Fue una época de mucho trabajo. Tres juicios y sentencias por semana, por delitos que tenían como pena hasta tres años de prisión: hurto, usurpación, encubrimientos, lesiones culposas, homicidios culposos y mala praxis, delitos de divorcio y daños. Ella aporta: “Se trata del 66 por ciento de las competencias, ya que por supuesto hay más hurtos que homicidios, o más accidentes de tránsito que estafas”.

En el 2000, María Laura concursó para ser formar parte de la Cámara del Crimen, lo logró, y el nombramiento salió en 2004. Cuatro años después se postuló para ser miembro en la Cámara de Casación. Y tuvo éxito. “Se trató de una cámara de lujo”, subraya, ya que asumió el mayor de los conflictos que atraviesa desde hace décadas del poder judicial: “Cómo enfrentamos esta excesiva carga de trabajo, para no constituirnos en una etapa de estacionamiento de expedientes, que es lo que pasa en la Corte, o en otras cámaras”, define.

Y suma: “Nos pusimos al frente del control de admisibilidad, para cortar desde el vamos lo que no tenía sentido tratar después, y tratar sí lo que debía ser tratado, que tiene que ver con las libertades urgentes y las condenas. Si hay gente que tiene la voluntad de trabajar con miras a prestar el servicio por el que estamos acá, se puede. Podemos hacerlo. Del otro modo, la bola de nieve nos iba a dejar debajo de los expedientes. El atraso excesivo es denegación de servicio”.

En 2013 nació la agrupación Justicia Legítima, compuesta por jueces, fiscales, defensores y trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Su objetivo: acompañar la iniciativa de democratizar la justicia que impulsó el gobierno de CFK.

Del pasado al presente
¿Qué significó la renovación de la Corte que promovió Néstor Kirchner?

“Una corte de lujo, y de nueve miembros, a diferencia de lo que pasa hoy. No era una corte populista, sino más bien liberal, y significó la restitución del Estado de Derecho, con un sesgo que no fuera favorecer los intereses del capital, que era lo que había hecho la corte anterior, con su aval a todas las privatizaciones”, contesta.

¿En caso de que gane la fórmula presidencial del Frente de Todos, con Alberto y Cristina, qué medidas deberían tomar en materia judicial?

“Hoy la Corte tiene el 93% de imagen negativa y el Poder Judicial, por su parte, un 87 en general. Hay un clamor en ese sentido, ya que la gente no está harta solamente de lo que pasa en Comodoro Py, sino también, y en especial, en el daño y perjuicio que no salen, en la sentencia del cobro de la indemnización por un despido. Eso necesita reformas urgentes y estamos trabajando en ese sentido para llevarles algunas propuestas a nuestros candidatos”, detalla.

Y cuenta que “a partir de un sistema costosísimo que instaló la Corte Suprema, llamado Lex 100 –malo y difícil de adecuar, subraya- “todos los expedientes, en su carátula, llevan un código de barras, que permiten la trazabilidad del expediente. De esa manera uno puede saber en qué escritorio está un expediente, en cualquier momento. “Lo que se puede hacer, entonces”, dice ella, “por medio de un programa informático que podría elaborar la UTN, por ejemplo, es realizar un diagnóstico de la cantidad de trabajo que hay y dónde se nos acumulan los expedientes. Una vez hecho eso, que podría lograrse en cuatro meses, se podría trabajar de modo reglamentario, sin hacer grandes modificaciones en las leyes”.

Garrigós habla de otra propuesta.

“El código federal penal habría que aplicarlo en todo el país y no solamente en Salta y Jujuy” para que de esta manera “se traslade la facultad de la investigación a los fiscales, y no a los jueces, que son solo doce”. Recuerda que es muy difícil la creación de los juzgados y no así las fiscalías, y que “se podría avanzar con algún sistema legal, ya previsto, para poder trasladar de jurisdicción y hasta de fuero, en caso de que así se lo necesite”.

María Laura menciona los despidos masivos, por las privatizaciones, que sucedieron durante el gobierno de Menem. “La justicia laboral estaba colapsada, y entonces todo lo referido a despidos se trasladó a las quiebras, porque las empresas quebraban. Fue el foro comercial tuvo que asumir todos los expedientes por despidos, pero no tenían con qué afrontar esa situación”, detalla, y recuerda que era tal la cantidad de expedientes acumulados en los pasillos de los juzgados, que las pilas eran más altas que una persona.

La ex jueza advierte que si bien el Poder Judicial no tiene la facultad de crear juzgados, lo que sí puede hacer es “flexibilizar otro tipo de estructura”. Cuando llovieron los amparos por el corralito, en el 2001, también se vieron sobrepasados, y la Corte Suprema lo que hizo fue habilitar a todos los jueces a tomar los recursos, ya que un solo fuero no hubiese podido hacerse cargo de semejante tarea.

¿Cómo crees que va a terminar el avance contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura?

“El oficialismo la tiene complicada. Tienen ocho de los nueve votos que necesitan. Aun con el voto de Picheto. Es importante, otra vez, la movilización, ya que los consejeros están atentos a ese clamor, y más todavía si tenemos en cuenta lo ejemplar que es la investigación que está realizando el juez de Dolores. Es impecable. Lo mismo con sus resoluciones. Toda la prueba detallada, los razonamientos, las conclusiones y las decisiones que toma en base a todo lo demás.

María Laura afirma que la cultura del patriarcado, en el Poder Judicial, se sufre muchísimo.

¿Qué opinás del rol que está jugando el jefe interino de los fiscales, Casal?

“Lo de él es estrictamente reglamentario. No se ha movido un ápice del reglamento”, dice.

¿No creés que responde a los intereses del Poder Ejecutivo?

“No estoy segura. Creo que Casal responde a Casal y cuida su propio cargo. Es un funcionario de carrera que está en condiciones de jubilarse, cosa que hará, probablemente, cuando termine su mandato. Ha sido un gran funcionario y el manejo político, para él, es una novedad”, agrega.

¿Qué te pareció la presencia de Stornelli en el acto por el Día del Ejército?

“Si el presidente de la Nación se exhibe en un acto oficial con el fiscal que se está negando a comparecer a una citación indagatoria en una causa de un juez federal, lo cierto es que por más que proclamen respetar los fallos judiciales, no lo están haciendo. A Cambiemos no le importa la institucionalidad porque son los más fuertes”.

¿Y cómo se responde a eso?

“Con más institucionalidad y movilización en las calles. Por otro lado, no alcanza con que lo jueces sepan Derecho. También tienen que poder ser independientes, como Alejo Ramos Padilla. Para que esta sea la regla, el Poder Judicial tiene que dotar a los jueces de mecanismos que les permitan cubrirse ante las presiones”.

La ex jueza vuelve al caso del fiscal federal Carlos Stornelli.

“A lo menor hay que pensar en otros tipos de interpelaciones, otros tipos de cuestionamientos sobre la tarea de un fiscal”, sugiere. “Ninguno de nosotros sabe cuántas causas hay en la oficina de Stornelli, por ejemplo, o cuántas están pendientes de ser trabajadas, o cuantos expedientes que fueron elevadas a juicio durante su carrera tienen sentencia condenatoria. En definitiva: ¿Cuál es la performance de Stornelli? Me parece que un fiscal tiene que rendir cuentas ante la sociedad. Los fiscales federales no son muy exitosos al momento de obtener resoluciones favorables a sus dictámenes. Son mucho más exitosos los fiscales ordinarios.

Organizarse y luchar contra el poder corporativo. También desde las filas del Poder Judicial.

¿Cómo ves el rol de los medios de comunicación en todo este asunto del espionaje ilegal y el armado de causas?

“Claramente es un caso del llamado Lafware, y el caso de lo que acaba de suceder en Brasil vuelve a poner blanco sobre negro sobre este asunto, y las estribaciones de que lo vaya a suceder con el caso Oderdretch van a llegar a nuestro país, y se va a conmover más de una causa”.

¿Cómo ves el uso excesivo de la prisión preventiva?

“Es un retroceso de treinta años, porque más o menos hace ese tiempo, la Cámara de Casación, en la causa ‘Díaz Bessone’, estableció cuáles eran los parámetros básicos para mantener a una persona con prisión preventiva. Todo eso, se hizo tabla rasa, y se volvió a las presunciones más absurdas en contra de los imputados para justificar prisiones preventivas que no tienen el menor sentido, ya que ninguna de las personas que hoy están detenidas de modo preventivo tienen la posibilidad de fugarse. ¿Por dónde se fugaría Amado Boudou? ¿Por qué frontera se podría fugar sin que nadie lo reconociera?”.

Sin embargo siguen presos.

“Sí, y el transcurso del tiempo es importantísimo para terminar con esto ya que la prisión preventiva se puede justificar, desde lo legal, hasta por dos años y prorrogable por uno más, por circunstancias muy específicas. Los tiempos se están cumpliendo y esta gente no tiene sentencia firme, y van a tener que darles la libertad”.

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