Ecuador: neoliberalismo y conflictividad social

• Por Celeste Abrevaya
•   10 de Julio de 2022

Por Juan Rousseau. Foto: Conaie.

Las crisis sociales, en general, son procesos largos en los cuales se van encadenando una serie de hechos o acontecimientos y que, efectivamente, tienen un detonante. La pandemia y la guerra han ido agudizando las tensiones sociales en la mayor parte del continente americano y, en el caso de Ecuador, funcionó como un claro desencadenante.

Si se mira la historia reciente de este país, puede comprobarse fácilmente lo que estamos planteando. Sin ir más lejos, previo a la pandemia, tenemos el antecedente del levantamiento indígena y popular en octubre de 2019. Para ese momento, Lenin Moreno anunció en octubre un paquete de reformas económicas, laborales y tributarias para cumplir con las exigencias del FMI. Paradójicamente, o no, la huelga actual tiene características similares. Una de las medidas más polémicas de aquel acuerdo fue la liberalización del precio del combustible que generó un 123% de aumento. Por otro lado, ante las crecientes protestas de la población, la respuesta del gobierno fue decretar el estado de excepción para “precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos”, y también militarizar las calles. Al mismo tiempo, se esgrimió la acusación a Rafael Correa de estar detrás de las protestas con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Por último, el argumento de Lenin Moreno giraba en torno a que estas reformas traerían bienestar económico y social para Ecuador.

No debe sorprendernos la presencia del FMI en este tipo de procesos. Se podrían discutir muchas cosas acerca de los acuerdos que propone el organismo y la efectividad que tienen la hora de combatir las crisis. Pero vayamos a lo más simple, y sobre lo que hay cierto consenso: el FMI propone el mismo programa para todos los países sea cual sea la estructura de su economía y el contexto político que esté atravesando. No es imposible, pero es muy difícil que un programa estándar se ajuste a las particularidades de cada economía. Esto implica dejar de lado, o más directamente, ignorar por completo las particularidades y necesidades de cada sociedad y cultura que, podemos asegurar, no son pocas. Estas últimas, tienen una incidencia directa en las formas de producción, circulación y consumo de todos los bienes y servicios de una economía. Es allí donde podemos cuestionar si el verdadero objetivo de estos acuerdos están destinados a resolver las diferentes crisis.

Más allá de algunos aspectos estructurales comunes, nada tienen que ver, por ejemplo, los problemas de la economía argentina con los de la ecuatoriana. Sin embargo, las exigencias del Fondo son practicante las mismas, algo que carece de total sentido.

El paro nacional que empezó el 13 de junio duró 18 días y fue impulsado por la CONAIE (Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador), pero también acompañada por otras organizaciones políticas como la FEINE (organización de los indígenas evangélicos de Ecuador) y FENOCIN (Federación nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador). También habían llamado a un paro el Frente Popular para el 16 de Junio y el Frente Unitario de Trabajadores, con movilización para el 22 de junio. En este sentido, se podría decir que la gravedad de la crisis es tal que pudo más que la discrepancia de los sectores en torno a qué medidas de lucha tomar. Particularmente en este capítulo de la crisis, el líder indígena y presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, pide el cumplimiento de diez puntos, entre los que se encuentran: reducción del precio de los combustibles, renegociación de las deudas de las familias con reducción de las tasas de interés, precios justos en los productos de campesinos, pequeños y medianos productores, empleo y derechos laborales, el freno de la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, el respeto a los 21 derechos colectivos, el alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios, salud y educación (presupuesto para el abastecimiento de los hospitales e infraestructura en el sistema educativo), y políticas públicas de seguridad para frenar la ola de violencia.

La respuesta fue básicamente la misma que en 2019: represión, militarización del espacio público y decretar el estado de excepción en algunas provincias. Sumado a esto, el gobierno sostuvo que las manifestaciones están compuestas exclusivamente por actos vandálicos que buscan la desestabilización institucional y que amenazan la democracia ecuatoriana. La represión militar y policial incluyó la violación a todo tipo de derechos de la población y la propia detención de Leónidas Iza Salazar en Cotopaxi. La gravedad de los hechos llegó también al ámbito institucional con el pedido de destitución del propio presidente por parte de la Asamblea Nacional y renuncia de muchos de sus ministros.

Toda protesta social es inherentemente conflictiva y tiene componentes de violencia de diferentes tipos, pero las causas y demandas del paro son claras: oposición a las políticas neoliberales que atentan contra de los intereses de las grandes mayorías. De hecho, ello se comprobó con las medidas que el gobierno se vio forzado a tomar. De esta forma, lo que explica la crisis es el proceso de degradación de las condiciones de vida de los sectores más postergados de la sociedad desde el comienzo del gobierno de Lenin Moreno.

Las políticas no cambiaron sustancialmente con la administración de Guillermo Lasso, de manera que no podemos esperar resultados muy distintos.

Otra de las respuestas del gobierno fue la culpabilización a los manifestantes de frenar la recuperación económica, afectando así la producción de los bienes y servicios de la economía. En primer lugar, las necesidades de las personas tampoco paran y necesitan de respuestas inmediatas. En segundo lugar, existe otro problema, la recuperación económica no siempre se traduce necesariamente en mejoras para todos los sectores de la población. El crecimiento puede estar concentrado en algunas actividades particulares. Mientras, otros quedan rezagados esperando que en algún momento esa prosperidad “derrame”. Allí es donde se encuentra la discusión central y la incomprensión de muchas protestas sociales. La consistencias de las variables macroeconómicas son de vital importancia para cualquier Estado. Ahora bien, siempre hay que preguntarse por los costos sociales, e incluso económicos, de que las cuentas y variables solo cierren para unos pocos.

Por último, y como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación y el gobierno intentaron establecer una relación de causalidad entre los actos de violencia y el correísmo. En ese sentido, todo lo que huela a revolución ciudadana fue perseguido y culpabilizado por ser promotor de la crisis. Principalmente, a la prefecta de Pichincha, Paola Benerse Pabon quien viene cuestionando, en sus palabras, “el modelo neoliberal - autoritario” impulsado primero por Moreno y ahora por Lasso.

Las movilizaciones han dejado en evidencia las profundas desigualdades que caracterizan a la sociedad ecuatoriana actual y la inacción del estado para intervenir en esa situación. Más allá de que la lucha del pueblo efectivamente dio sus frutos y se tradujo materialmente en un aumento del presupuesto de mil millones de dólares, el rumbo del gobierno muy probablemente siga en la misma línea. Actualmente, el paro nacional está suspendido y el movimiento indígena fijó un plazo de 90 días para evaluar los avances. Al respecto, Leónidas Iza Salazar resaltó cuatro enseñanzas que deja la movilización: fortalecer la capacidad organizativa de la comunidades, trasladar la moral a la población, la relación del movimiento indígena con los sectores populares en Quito, y por último ampliar la visión del movimiento indígena hacia otros sectores. Su relevancia es insoslayable pero más importante aún es que el líder planteó líneas de acción a futuro más allá de la coyuntura. En este punto, será un desafío para todas las fuerzas del campo popular delinear una estrategia que lleve nuevamente a la revolución ciudadana al poder.