“Espert usaba una cédula azul de un auto involucrado en delitos gravísimos y la justicia federal nunca lo fue a buscar”

5 de Julio de 2025

Corren tiempos de persecución política en la Argentina, una vez más, contra el peronismo, y no satisfechos con proscribir a Cristina, líder de la oposición, en las últimas horas detuvieron e incomunicaron a cinco militantes populares –cuatro de ellas mujeres-, los acusaron de delitos federales, y los encerraron en el penal de de máxima seguridad, en el partido de Ezeiza.

Los responsables políticos de tal decisión son el presidente Milei, la ministra Bullrich, y la ejecutora, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El denunciante: José Luis Espert, un hombre que cada vez que abre la boca ejerce una violencia inusitada, en sintonía con la etapa política que inauguró Milei, en alianza con el PRO.

Cristina, en las últimas horas, habló de un terrorismo de Estado de baja intensidad.

En este marco de libertad condicional y degradación del Estado de Derecho, Mariano Recalde y Vanesa Sily, militantes del campo nacional y popular con responsabilidades institucionales, jugaron una carta: denuncia contra la jueza Arroyo Salgado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo creado para controlar el desempeño de los jueces. Lo hicieron en calidad de consejeros: Recalde en representación del Senado, y Siley, por Diputados.

Kranear conversó con Recalde sobre la denuncia.  

¿Qué acusaciones le hacen a Salgado en la presentación que hicieron en el Consejo?

Entendemos que la magistrada incurrió en un mal desempeño, en abuso de poder, en exceso de sus funciones, y en una actuación desproporcionada, malintencionada, que no se corresponde para los hechos que supuestamente se investigan y que, por el contrario, demuestran una clara intencionalidad política, un sesgo muy fuerte, hechos inadmisibles para un poder judicial independiente, serio, responsable, como debería ser.

¿Cuáles son los próximos pasos dentro del Consejo a partir de la denuncia?

Esperamos que esta semana se activen las actuaciones, se corra traslado de la denuncia y los consejeros podamos evaluar su desempeño, que deja mucho que desear, sobre todo en este caso, donde para graficar el grado de desproporción con el que actuó la jueza por un hecho que de ninguna manera puede considerarse un delito, y menos un delito federal, se dictaron allanamientos por doquier y detenciones sin ningún tipo de cuidado. Aparte, se detuvo gente que no tenía nada que ver con los hechos, se los tuvo varios días incomunicados, como es el caso de la madre y un ex novio de Alesia, por el solo hecho de tener una cédula azul del auto de su propiedad, que además no sabemos qué tiene que ver eso con los hechos que se le imputan.

¿Y el bocón de Espert?

Paradójicamente, el denunciante de todo esto es José Luis Spert, sí, un violento que fue denunciado muchas veces, y nunca se accionó frente a las agresiones verbales y las amenazas de este señor. Y fíjense este dato, qué loco: Espert también poseía una cédula azul, y utilizaba un auto con esa cédula azul, que es propiedad de un narcotraficante que fue detenido en Neuquén y que fue extraditado a los Estados Unidos. Espert usaba una cédula azul de un auto involucrado en delitos gravísimos y sin embargo la justicia federal nunca lo fue a buscar, ni lo detuvo, ni nada, a pesar de todo esto.

¿Qué expectativas tienen en relación a la denuncia?

Esperemos que esto termine pronto, que le den la libertad a estas personas que no cometieron ningún delito y que la jueza Arroyo Salgado reciba la pena que merece.

Las militantes detenidas e incomunicadas por Arroyo Salgado, acusadas de poner un pasacalles y bosta frente al domicilio del diputado nacional Espert, son Eva Mieri, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. En la misma situación está Iván Díaz Bianchi. A Alesia Abaigar, la primera detenida por la misma causa –su madre también estuvo detenida-, le otorgaron la detención domiciliaria y le pusieron una tobillera electrónica, una media que la justicia federal no toma ni siquiera con los condenados por delitos de genocidio durante la última dictadura cívico-militar.

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación está integrado por veinte consejeros/as:

– El/la presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

– Cuatro jueces/zas del Poder Judicial de la Nación.

– Ocho legisladores/as nacionales. Cuatro en representación de la Cámara de Senadores y cuatro de la Cámara de Diputados.

– Cuatro representantes de los/as abogados/as de la matrícula federal.

– Un/a representante del Poder Ejecutivo Nacional.

– Dos representantes del ámbito científico y académico.

Mariano Recalde, aparte de ser consejero, es senador nacional por Unión por la Patria, y referente de La Cámpora en la Ciudad de Buenos Aires. Vanesa Siley, por su parte, es diputada nacional, y secretaria general de los judiciales de CABA, Sitraju.