La batalla de una nación inconclusa

• Por Emanuel Bonforti
•   12 de Septiembre de 2024

Aproximadamente a partir de 1880 los países de la región atraviesan un proceso de dependencia consentida que posibilitó la conformación de los Estados Nación Modernos. Este proceso coincide con la elaboración de códigos y reglamentos jurídicos que fueron los garantes de la dominación y el respaldo legal que tuvieron las oligarquías locales en su alianza con los imperios.

México, el claro ejemplo de una nación inconclusa

Cuando analizamos en nuestramérica los procesos que se abren luego de las guerras de la independencia, advertimos que lejos de conseguir una independencia total se obtuvo en la mayoría de los países un cambio de tutela. El caso mexicano es la representación exacerbada de un mero cambio de collar. Su ubicación y destino histórico hicieron que fuera el país que más sufrió la presencia y el accionar imperial desde mediados de siglo XIX, situación que le costó haber perdido más de la mitad de su territorio. Este destino llevó a inmortalizar la frase “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. De este proceso de colonización se desprende el desarrollo de su cuerpo jurídico, ya que en definitiva los proyectos jurídicos de la región crecieron al calor de las derrotas populares. Estás propuestas jurídicas estuvieron influenciadas por el positivismo y fueron esencialmente desiguales y racistas, y favorencieron el negocio de una minoría especuladora que gracias al aparato jurídico blindó sus negocios.

Podríamos identificar una periodización de tres momentos de la conformación del sistema jurídico mexicano: el inicial, luego de la sanción de su primera constitución en 1824, la creación del segundo imperio en 1857, y por último, la etapa más interesante para este artículo, que tiene que ver con la creación de los códigos de 1870 y 1884, elaboración que coincide también con la escritura del Código Civil argentino a través del mitrista Vélez Sarsfield.

Para ese momento México se encontraba gobernado por Porfirio Díaz, quien conformó una estructura de gobierno que tuvo el nombre de los “científicos”. Bajo el impulso de un falso modernismo se constituyó un país que se caracterizaba por un desarrollo desigual y combinado de acuerdo a la región, situación que se explicaba por el ingreso sin control del capital extranjero que doblegó la soberanía azteca. De a poco los ferrocarriles, los puertos, los servicios públicos, los caminos estaban en manos del imperialismo norteamericano, para esto era necesario una fortificación legal que imposibilite cualquier reclamo y naturalice la relación de dependencia.

La estratificación social mexicana reproducía los parámetros clásicos donde el viejo imperio español desarrolló una política extractivista de montaña, campesinos subyugados por minorías blancas, de fondo el drama de la tierra y su injusta distribución. El reverso de esta situación recién se dará con el inicio de la Revolución Mexicana, el primer grito de los silenciados en América Latina, y tendrá un correlato de transformación judicial inconcluso en la figura de Plutarco Elías Calles, quien pretendió ordenar judicialmente el país a través de un corpus que intentara representar el espíritu de la Constitución de 1917.

MORENA, entre la tradición del 17 y los desafíos del siglo XXI

Claro está que este artículo no se propone realizar un recorrido por el siglo XX mexicano, pero sí remontarnos en el tiempo corto y señalar algunos puntos que propuso MORENA antes de finalizar el gobierno de Lopez Obrador y dar inicio al de Claudia Sheinbaum. Esos puntos intentan recuperar el espíritu de la reforma constitucional del 17 que institucionalizó los avances del período revolucionario. Se cae de maduro que cualquier iniciativa que contemple un regreso al espíritu de la constituyente del 17 es progresiva, inclusiva y garante de derechos en un país que históricamente ha tenido un proceso constitutivo desigual.

Así advertimos que las reformas constitucionales de la era MORENA proponen un punto que reconoce a poblaciones indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho político y centrales en la organización de alcaldías y comunidades. En esa línea las mujeres indígenas aparecen como agentes activos en la toma de decisiones comunitarias, así también como transmisoras de la educación y la cultura local y como promotoras de una economía agroecológica e involucrada en el óptimo uso de la tierra.

Las reformas ahora institucionalizadas por MORENA dan cuenta un período previo de una gran desigualdad estructural, por lo cual se debe repensar un abordaje en políticas públicas que resulta un tanto iniciático, como por ejemplo la necesidad de institucionalizar la pensión por invalidez para personas menores de 65 años. Interesante es la propuesta que involucra que las becas estudiantiles ya formen parte incluso de la futura carta orgánica. Dentro de los ejes de cuidado figura la posibilidad de extender la universalidad de la atención médica gratuita incorporando medicamentos y tratamientos complejos que hasta el momento no estaban contemplados.

La cultura de las comunidades aztecas siempre estuvo orientada a un vínculo de respeto ambiental que forma parte de una filosofía del buen vivir ajena a la lógica occidental. En esa línea, la reforma constitucional declara a México libre de maíz transgénico, tanto para la siembra como para el consumo, esta decisión involucra a la fuente de alimento más popular en suelo azteca. Este punto de la reforma demuestra una decisión de soberanía y reformula el carácter de cierto ecologismo globalista. Al prohibir la minería a cielo abierto y tomar control sobre el suelo como también fomentar la actividad agropecuaria a través de la utilización libre de semillas estamos ante un acto de emancipación que enfrenta directamente los designios enquistados de la política imperial que sufrió México durante años. Siguiendo la línea de cuidado ambiental, que en el caso de esta reforma está asociado a la ampliación de derechos, el proyecto estipula el aprovechamiento del uso del agua, bloqueando los intentos que involucren el despilfarro del recurso y el acceso a los sectores históricamente vulnerados. 

Atento a nuevas demandas y siguiendo la lógica del buen vivir y el respeto a la naturaleza, reforma también tiene en cuenta el bienestar animal: a partir de ahora el Estado prohibirá el maltrato animal y tendrá responsabilidades en la protección y conservación de especies. Siguiendo la línea de cuidado y demandas de nueva generación y a través de una lógica que da señales de soberanía, el Estado prohibe del uso de vapeadores y drogas sintéticas como fentanilo. De esta manera la decisión desnuda una lógica imperial histórica la de inundar de drogas a países periféricos y avanzar en proceso de criminalización y construcción de narco estado, bajo esta excusa proponer un falso auxilio en políticas de seguridad.

Por último mencionaremos algunas reformas que modifican materialmente la vida de la población mexicana como la reforma de la vivienda que promueve el acceso a créditos y viene discutir una de las lógicas de dominación claves en la estratificación social azteca que fue la tenencia de grandes extensiones de tierras en pocas manos. En un contexto global de falta de acceso a la vivienda, es interesante destacar la propuesta de que aquellos ciudadanos que alquilaron una vivienda por diez años tendrán derecho a comprarla. Así las reformas materiales involucra también la instalación de un salario mínimo cuyo ajuste nunca estará por debajo de la inflación, como también la ampliación del sistema previsional, incluso para sectores que sufrieron los avatares de una economía que se desarrolló mayormente en negro, otra consecuencia del accionar imperial y del tipo de empleo que genera. En este sentido, aparece también un apoyo económico mensual para jóvenes entre 19 y 29 años que no estudien ni trabajen y que estén abordados por un programa de capacitación.

Este contexto de reformas y de espíritu democrático soberano es el que explica la propuesta de reforma judicial en México.

Acerca de la reforma

La reforma judicial se enmarca en la reforma constitucional que tiene como objeto la modificación del artículo 95 y su núcleo central es la elección de jueces por voto directo. Lo que implica que en las elecciones nacionales se agregue un cuerpo más a la boleta que involucre una nómina de candidatos para jueces. Además el texto de la reforma judicial menciona la reducción del período de permanencia en el cargo de juez que irá de quince a doce años. En esa línea la modificación implica la disminución de once a nueve ministros de la Suprema Corte y la eliminación de salas. Como toda reforma constitucional,  MORENA tuvo que pasar el proyecto por un tratamiento legislativo. En Diputados avanzó con mayoría propia, y en el Senado el partido de AMLO se vio oblighado a negociar con otras fuerzas políticas.

Obviamente que cualquier proceso de democratización implica rechazos ya que atenta contra privilegios, y más si se trata del poder más monárquico de una república como el judicial. Ante esto, la nobleza de toga encuentó un viejo aliado para su diatriba contra la reforma: los medios hegemónicos de comunicación, socios históricos de aquel poder y que suele defender los mismos intereses económicos y en que los últimos años ese vínculo posibilitó los diferentes procesos de lawfares destinado a líderes populares en la región.

Cayendo en lugares comunes, la principal impugnación por parte de la corporación judicial fue que la elección directa de jueces implicaría un proceso desmedido de politización, lo que atentaría contra la transparencia y la independencia de la justicia, una forma de proteger el carácter profesional de los jueces más allá de la política. Además de la crítica de la familia judicial mexicana, se le sumó la de organismos internacionales competentes en el tema, o mejor dicho de entidades judiciales de los Estados Unidos interesadas en mantener una agenda inmune de negocios como históricamente mantuvieron con el país azteca, por ejemplo Human Rights Watch, quien sostuvo que “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”, de fondo agitan la amenaza de la seguridad jurídica y que la reforma generaría un descenso en las inversiones privadas. El propio embajador de Estados Unidos en México manifestó su preocupación por la reforma judicial amenazando que en el caso de que se concrete podría dañar la relación bilateral entre ambos países.

Balance y perspectiva

Para el intelectual Héctor Díaz Polanco la reforma es un paso hacia la democratización del poder en México, la afirmación se sustenta en el apoyo popular que atravesó todo el proceso de la reforma, la cual estuvo sujeta previo al paso por el Congreso a una serie de instancias de negociación y debate en diferentes ámbitos comunitarios a lo largo y ancho del país, donde se contemplaron las voces de los sectores históricamente silenciados en México.

La Reforma está anclada en el proyecto de Cuarta Transformación impulsado por MORENA y tiene como objeto modificar estructuralmente desde una matriz de izquierda los cimientos de una sociedad mexicana históricamente desigual. Es lógico que para que la Cuarta Transformación cumpla su misión de independencia y soberanía se proponga avanzar en una reforma judicial, ya que los jueces actuales de la corte se formaron y fueron elegidos en los últimos 36 años por gobiernos liberales y mantuvieron una actitud servil y funcionales a los proyectos antipopulares de aquellos gobiernos.

Por último, la reforma nos invita a pensar que para avanzar con cualquier cambio de raíz en nuestros países, debe proponerse una reforma judicial que se desprenda de una reforma constitucional, lo que implica ir derribando un andamiaje jurídico liberal enquistado desde la conformación de los Estados modernos y que debe ser sustituido por Estados sociales y comunitarios amplios, democráticos y socialmente igualitarios.