La trascendencia del episodio del jefe de Gabinete Deslomado y su esposa viajera debería ser tomada como una alarma para el oficialismo, pero también para la oposición. No por su importancia real, más bien nula, ni tampoco por una improbable reacción de nuestra justicia federal; sino por el efecto simbólico que está causando en el cerco mediático que protegió durante los dos primeros años al gobierno de la motosierra. El viaje a Nueva York pagado con fondos federales para que Manuel Adorni pudiera reunirse en la Quinta Avenida con los gobernadores de Salta, Río Negro, Jujuy, Corrientes o Chubut, y el ministro Caputo -el Timbero con la Nuestra- lograra lo mismo con empresarios argentinos, ya venía escorado, pero el deslomadogate lo terminó de hundir. Ese viaje podría haber sido un zoom.
El episodio nos ofrece el asombro de ver a algunos periodistas serios pidiendo la renuncia de Adorni. En realidad, no se trata de un gesto virtuoso en defensa de la ética pública y coso, sino de un urgente control de daños. Como ocurrió antes con el narcocandidato a diputado José Luis Espert, le piden al gobierno que se desprenda de lo que consideran un lastre para la imagen presidencial.
Adorni subió a su mujer al avión presidencial.
Por supuesto, un hecho tan nimio sólo pudo cobrar importancia por factores externos. Y no hace falta contar con un doctorado apócrifo en la universidad que Alberto Benegas Lynch (hijo) instaló en su garaje para intuir que esos factores se encuentran entre los más de doscientos cincuenta mil empleos formales destruidos, las treinta empresas que cierran cada día, los salarios que no permiten llegar a fin de mes, el consumo por el piso y la recaudación hundida. Pero también en la inflación que persiste en bajar hacia arriba. Lo que en un momento de fortaleza hubiera sido ninguneado por el propio Adorni con una sonrisa socarrona, obligó hace unos días al mismo Adorni a padecer el tormento de las preguntas melosas de Luis Majul; las cuales, inesperadamente, lograron incomodarlo.
Varios antiguos aliados de LLA, como los gobernadores opositores con peluca -entre los cuales brillan varios peronistas posta post, libres de gluten y de kirchnerismo-, perciben un mediano plazo mucho más complejo de lo esperado. Los gobiernos provinciales están atrapados en el efecto pinza de los recursos retenidos por el gobierno nacional y la inflación que no baja, pese a las promesas del experto en crecimiento con y sin gente. Como botón de muestra, deberían prestar atención a lo ocurrido en Santa Cruz. Los legisladores provinciales, incluyendo a los oficialistas, devolvieron al Ejecutivo el proyecto de emergencia económica enviado por el gobernador Claudio Vidal, luego de las masivas protestas y un acampe sindical frente a la Legislatura. La iniciativa, que proponía un ajuste fiscal y congelamiento de sueldos -a imagen del ajuste eterno propiciado por Milei- será revisada en una vaporosa “mesa de diálogo”, antes de volver a tratarse. Con prudencia, los representantes de un pueblo asfixiado económicamente decidieron patear la pelota hacia adelante antes de correr el riesgo de una pueblada.
La victoria en las elecciones de medio término del año pasado parece haber ocurrido hace un siglo. Eso no significa que la oposición peronista capitalice el desgaste del oficialismo. Todavía no resuelve sus diferencias y más allá de algunos intentos de bajar los decibeles, la interna sigue a cielo abierto. La proscripción de CFK, que continúa la tenaz tradición antiperonista de intentar resolver con jueces amigos las discrepancias políticas, complica ese proceso de unidad. La convocatoria a declarar de forma presencial en la causa de los Cuadernos Quemados y Desquemados es sólo un capítulo más de la persecución que padece la líder del kirchnerismo, aunque el resultado tal vez no haya sido el esperado por quienes propiciaron esta nueva operación mediático-judicial.
En su declaración, CFK puso en contexto histórico y político la causa en la que fue incluida junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido y muchos ex funcionarios y empresarios más. La imagen de una mujer valiente enfrentando con brío al tribunal mientras los jueces y fiscales hacen lo imposible por no investigar las causas de corrupción que involucran al gobierno de la motosierra, no dejó bien parada a una runfla judicial en la que ya nadie cree.
Cristina fue acompañada por la militancia antes y después de su declaración en Comodoro Py.
El resquebrajamiento del oficialismo impulsa a antiguos compañeros de ruta del gobierno a mostrarse en la vereda de enfrente. Miguel Angel Pichetto, líder de la bancada Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, propone la unidad del peronismo para frenar el modelo industricida que hasta anteayer apoyó con sus votos en la Cámara Baja.
Algunos diputados de la Coalición Cívica, junto a otros diputados de la oposición, pidieron reactivar la comisión investigadora en el Congreso por la estafa $LIBRA, a partir de las nuevas revelaciones publicadas por varios medios. Lo peculiar es que todos, desde la Coalición Cívica a Pichetto, votaron la Ley Bases y nada hicieron para frenar el DNU 70, dos instrumentos que según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez constituyen una reforma constitucional de queruza; un hecho gravísimo que la Corte de tres miembros no ha creído necesario tratar.
Esa oposición amable le dio a Milei las herramientas para gobernar, pero hoy lamenta sus consecuencias (sin por ello lamentar habérselas dado, un detalle que tiene su importancia de cara al futuro). Los legisladores kirchneristas, en cambio, no tienen que lamentar nada: siempre rechazaron entregarle a Milei las herramientas que reclamaba a los gritos.
Frente a esos movimientos tectónicos, deberíamos preguntarnos cuál es el modelo alternativo propuesto por quienes hasta ayer votaron leyes horrendas en el Congreso: ¿Un esquema similar, pero en el que el jefe de Gabinete no suba a su esposa en el avión presidencial?, ¿un modelo con equilibrio fiscal y jubilaciones de miseria, pero sin insultos ni bravuconadas desde la Casa Rosada?, ¿un modelo con flexibilización laboral y sueldos de hambre, pero sin el Gordo Dan?, ¿uno que frene la construcción de reactores nucleares o represas hidroeléctricas a pedido de la Embajada, pero sin desbordes emocionales en foros internacionales?
Si no debatimos qué vamos a proponer corremos el riesgo de repetir el falso dilema de 1999, cuando el establishment nos propuso el manual neoliberal con campera de carpincho y fraseo radical de Fernando De la Rúa como versión superadora al manual neoliberal con Ferrari y pista de Anillaco de Carlos Menem. Al final, lo único que no cambió fue la miseria planificada; esa que volvemos a padecer hoy.
Dentro del peronismo o kirchnerismo (aparto al peronismo con peluca, más afín al oficialismo que a la oposición) existen muchas discrepancias que todavía falta debatir. Poner la unidad como un proyecto en sí mismo nos llevaría al mismo error del 2019, cuando inspirados por Leopold von Sacher-Masoch acordamos “la unidad hasta que duela” antes de establecer un programa que la justificara.
La experiencia del Frente de Todos puede ser una buena base para empezar. Por ejemplo, deberíamos acordar que la reconstrucción de lo devastado no podrá llevarse a cabo sin generar tensión con las mismas élites empresariales que hoy apoyan a Milei. La alergia al conflicto es incompatible con la agenda que debería poner en marcha un gobierno nacional y popular. Otra enseñanza del Frente de Todos es que tener más continuidades que rupturas con el gobierno anterior (al menos en lo económico y lo judicial) logró la proeza de alejar al electorado afín sin por eso seducir al opositor. En efecto, nada cambió con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (el mayor aporte de campaña de la historia): Alberto Fernández pasó del anuncio de una denuncia penal contra Mauricio Macri por ese préstamo, a la institucionalización de aquel acuerdo empobrecedor a través del Congreso de la Nación, apenas dos años más tarde. Lo mismo ocurrió con la justicia federal: rechazar el término “presos políticos” para Milagro Sala, Amado Boudou, Julio de Vido y tantos otros, fue el preludio a la aceptación de un statu quo nefasto que, más tarde, permitió el encarcelamiento de CFK.
Al asumir, Alberto Fernández prometió que terminaría con “los sótanos de la democracia”, una fórmula grandilocuente sin correlato alguno en la realidad. La correlación de fuerzas, un concepto repetido hasta el hartazgo, fue enunciada como algo pétreo, inamovible y no como una relación dinámica, susceptible de ser modificada por la propia política. No querer asustar con iniciativas disruptivas a una clase media vista como mesurada impulsó a una gran parte de esa misma clase media a apoyar a un energúmeno con una motosierra.
Es por eso que, antes de debatir con quién, nuestro espacio político debería acordar para qué quiere volver al gobierno. Algunas pistas posibles podrían ser priorizar las jubilaciones dignas y sueldos que permitan vivir, antes que focalizar en el equilibrio contable de las cuentas públicas; acordar la integración al sistema de los trabajadores de plataformas (como lo está proponiendo la Provincia de Buenos Aires); impulsar nuestro potencial energético (como hizo el kirchnerismo con Vaca Muerta) pero no sólo para transformarnos en un país exportador de hidrocarburos sino para propiciar nuestro propio desarrollo industrial; relanzar la obra pública; impulsar nuevamente la educación pública, gratuita y de calidad y reestablecer la salud pública como una prioridad.
El fiscal federal Carlos Stornelli, ariete fundamental del Partido Judicial.
Pero también reformar una justicia federal que se ha convertido en estos años en el grupo de tareas de nuestro establishment. Hace más de cuatro décadas decidimos la disolución del Partido Militar, es hora de hacer lo mismo con el Partido Judicial.
Cuando acordemos ese programa urgente será entonces el momento de pensar con quién y, sobre todo, de convocar a una ciudadanía fragmentada y empobrecida hacia otro camino posible.
Un camino que, nunca está de más recordarlo, ya transitamos durante doce años.
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