Moralmente deplorables

A comienzos de octubre, en el marco de la elección del representante de los abogados/as del interior del país para el estratégico Consejo de la Magistratura, Cambiemos volvió a encabezar una maniobra deshonesta y probablemente ilegal, que le permitió ganar la elección y asegurarse la mayoría en el organismo. Los hechos y la denuncia en el fuero electoral.

Por Mariano Abrevaya Dios

La Alianza Cambiemos opera para controlar el Consejo de la Magistratura desde que asumió el Poder Ejecutivo Nacional. La campaña –exitosa, ya que hoy lo dominan con holgura-, tuvo de todo: desde declaraciones extorsivas del presidente y funcionarios de primer nivel, presiones y aprietes de distintos operadores judiciales que juegan para el Gobierno, hasta el robo de una de las 13 bancas que tiene el organismo, aparte del aporte indispensable de los grandes medios de comunicación que con operaciones de prensa ejerció a lo largo del tiempo una presión intolerable para varios jueces y camaristas, que optaron por retirarse del juego. Creíamos que ya lo habíamos visto todo, pero faltaba la elección, hace unos días, del representante de los abogados del interior del país. El escándalo es mayúsculo, y está judicializado.

Los hechos
Según el reglamento electoral, para competir en la elección –realizada la primera semana de octubre de 2018- había que presentar las listas antes del 21 de agosto. Hubo seis presentaciones. La junta electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) las oficializó el 5 de septiembre. Dos días después de haber sido oficializadas las listas y las boletas, dos de los espacios políticos realizaron una maniobra para realizar una fusión de listas encubierta, prohibida por el reglamento, por supuesto, y en una abierta violación a todos los principios del derecho electoral.

La maniobra fue así: La lista N° 5 “Abogados por una Justicia Independiente” propuso integrar su lista con un candidato de la lista N° 4 “Cambio Republicano Federal”, que a su vez presentó el retiro de su lista bajo la condición de que la junta electoral le permita integrarse como suplente de la lista N° 5.

El detalle para nada menor, y que tuvo difusión en algunas radios y medios gráficos –y no así en los portales de noticias de grandes medios de comunicación-, fue que el candidato suplente de la lista N° 5 denunció que había sido forzado a renunciar por pedido del ex senador Ernesto Sanz y el propio Macri.

De esta manera, la lista que respondía al PRO (a través del operador judicial y presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici) y la otra ligada al radicalismo (a través de los dirigentes Ernesto Sanz y Enrique “Coti” Nosiglia), ante el crecimiento de la lista “Compromiso con la Constitución”, compuesta por el peronismo, el kirchnerismo e independientes, y encabezada por el abogado quilmeño Bienvenido Rodríguez Basalo, fusionaron sus espacios, pese a que ya estaban anotadas en forma separada y que los plazos para hacer modificaciones ya estaban vencidos.

Ante semejante atropello, la FACA puso objeciones ante la justicia electoral. La jueza interviniente, María Servini de Cubría, firmó una resolución en la que avaló la alianza entre Sanz y Angelici, encabezada por la marplatense Marina Sánchez Herrero (esposa de Maximiliano Abad, presidente del bloque de Diputados bonaerenses de Cambiemos).

Las listas cuatro listas restantes difundieron un comunicado para cuestionar el fallo de Servini en el que advierten que un aval “pondría bajo sospecha la composición futura” del Consejo y es un hecho de “gravedad institucional”. Aparte, apelaron la medida. Ahora debe resolver la Cámara Nacional Electoral.

Pero en el medio de todo ese cruce de maniobras y denuncias, se realizó la elección. Y la ganó Sánchez Herrera. Angelici y Sanz. Macri.

La denuncia
Luis Quassolo, el abogado que secundaba a Sánchez Herrero hasta antes de que le pidieran que decline su candidatura, hizo declaraciones públicas para explicar los hechos y también para resguardar su imagen y carrera, de más de treinta años de ejercicio profesional.

En el audio de WhatsApp que hizo circular, y que levantaron medios gráficos como Página 12, dice: “Quiero agradecer el apoyo de estos dos meses e informarles que las mismas personas que me pidieron que tuviera la candidatura suplente en nombre de la colegiación, entre ayer y antes de ayer me informaban que por medio de Angelici y del mismo Macri, me sorprende que el presidente se meta en estas cosas con los quilombos que ha armado, me han pedido que decline mi candidatura”. Acá se lo puede escuchar completo:

Todo muy turbio, ¿no? Sí, y en línea con los aprietes y extorsiones que el Gobierno nacional viene realizando sobre jueces, fiscales y camaristas, sin ponerse ni siquiera colorados, en detrimento de la división de poderes y la institucionalidad, para incidir en la agenda mediática y política a favor de sus intereses sectoriales. Se trata de uno de los cimientos de la guerra jurídica, o la utilización de jueces como herramienta de persecución política, que lanzaron en contra de la dirigencia del campo nacional y popular.

El 4 de octubre, el fiscal electoral Jorge Di Lello, en un escrito enviado a la jueza Servini de Cubría, en un párrafo dice: “Lo acaecido, lejos de encuadrarse en la conformación de un frente electoral, solo podría llegar a presumirse que evidencia una maniobra política ética moralmente deplorable pero no ilegal, con el objeto de concentrar toda su oferta electoral en una sola lista, lo que en principio , a criterio de esta Fiscalía, no está prohibido”.

Las elecciones se realizaron el 6 de octubre. Los números de la elección, a nivel nacional, fueron: La lista “Juntos por una justicia independiente”, con Herrero a la cabeza obtuvo el 51,80%, con 7986 votos; en segundo lugar, Rodríguez Basalo con 5225 y el tercero recibió 2224 votos. Así, la lista de Sánchez Herrero se impuso en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chaco, Corrientes, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, Misiones, La Rioja y Santiago del Estero.

El Consejo de la Magistratura fue creado por la reforma constitucional de 1994, y tiene a su cargo la responsabilidad de seleccionar a los futuros jueces y promover la destitución de los magistrados acusados de mal desempeño. El órgano tiene 13 miembros: tres diputados y tres senadores de parte del Poder Legislativo, un delegado del Poder Ejecutivo, un representante de la academia, tres jueces y dos representantes de los abogados, uno por los letrados del interior y otro por los que ejercen la profesión en la Ciudad de Buenos Aires.

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