Carcelero y candidato

• Por Mariano Abrevaya Dios
•   22 de Junio de 2023

El operador macrista Jonathan Viale confirmó en las últimas horas que el candidato a vicepresidente de Larreta será Gerardo Morales. Entenderán, en ese esquema de Juntos por el Cambio, que la crisis social que hoy atraviesa Jujuy, beneficia al gobernador, que sale bien parado, que la mano dura, en lo discursivo y en los hechos, es el camino: que hay que seguir profundizando la narrativa violenta y estigmatizante contra el kirchnerismo.

Los mismos que hablan de la paz, sí.

Luego de ser diputado nacional por el radicalismo, Gerardo Morales fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de la Alianza, hasta dos meses antes del estallido social y los 39 muertos. Luego sería senador –siempre por la UCR - durante casi quince años, y en 2015, asumiría la gobernación de su provincia, y desde el minuto uno encabezaría una feroz cacería sobre la figura de Milagro Sala y su organización barrial, la Tupac Amaru, impulsado por un profundo odio racial y la certeza de que ella era la única dirigente que podía oponerle resistencia a su gestión de gobierno. Para sacarla del juego en lo político, y quitarle hasta las ganas de vivir, avanzó con un dispositivo de poder creado a gusto: amplió la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia con legisladores del radicalismo local, para poder otorgarle así legalidad a las causas armadas que le tiraron por la cabeza a Milagro, presa desde marzo de 2016.

Esta aberración institucional y suma de poder público, que hizo trizas el principio republicano de la independencia entre los tres poderes del Estado, ameritó, ya en aquel momento, una intervención federal, que debía ser votada en el Congreso. No daban los votos. En 2019 tampoco, pero sí se podría haber enviado el proyecto al Congreso, como dice Zafaronni, para dejar en claro un posicionamiento.

Hoy Morales se jacta de haber metido presa a Sala, incluso en su spot de campaña electoral.

Por todo esto no sorprende que el carcelero ahora vuelva a ser noticia por haber desatado una feroz represión sobre docentes, médicos, empleados estatales y las comunidades originarias de la provincia, quienes encabezan una serie de protestas, masivas, desde hace tres semanas, primero por reclamos salariales y desde hace 48 horas, por la sanción a las apuradas, y a espaldas del pueblo, nada menos que de una reforma constitucional, que entre otros asuntos, pone en riesgo el derecho constitucional a la protesta, y también garantiza la entrega de los recursos naturales y la tierra ancestral de los pueblos originarios.

Con ese aire de patrón de estancia cuyo mandato divino poner orden definitivo en Jujuy, Morales pretende saltar al ámbito nacional, en el marco de una interna descarnada dentro de Juntos por el Cambio.

Si se recorre internet, al actual presidente de la Unión Cívica Radical se lo puede ver con retratos o cuadros con la figura de Alfonsín, un hombre formado con valores democráticos y progresistas, que en los últimos años de su vida había marcado una distancia muy clara con Mauricio Macri, el hombre al que el radicalismo de Morales le entregó su estructura federal para que ganase las elecciones de 2015, y el destino de nuestro país volviese a llenarse de sombras, deudas, y otra vez, represión.

Morales es un mentiroso crónico. Las barbaridades que está escupiendo desde hace dos días, con el recrudecimiento del conflicto social en su provincia, son vomitivas. No se pone ni colorado cuando denuncia, por ejemplo, que los manifestantes son golpistas llegados desde Buenos Aires.

Morales debería dar explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra por supuesta colaboración con la derecha boliviana que se cargó a Evo Morales, en 2019. O también: que Pichetto, ahora primer candidato de la lista de Larreta y Morales, sea citado por un fiscal para que explique de dónde saca que los manifestantes que fueron reprimidos en la capital jujeña, son un comando insurreccional dirigidos por el MAS boliviano.

Lo real es que en Jujuy, la represión del 20 de junio – día de la bandera-, dejó unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo –se vieron las imágenes del charco de sangre que emanaba de la cabeza de un hombre que había recibido el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno-, y casi 70 detenidos. Las cifras, las imágenes, el discurso beligerante del gobernador y todos los referentes de su espacio político, motivaron el un tirón de orejas de la CIDH y la ONU, organismos internacionales que emitieron sendos comunicados para que el gobierno cese en su actitud represiva, y convoque al diálogo.

Van solo tres ejemplos de la ferocidad con la que actuó la policía de Morales: el pibe de 17 años, vecino de la pintoresca Purmamarca, que perdió un ojo en la represión policial. Dicen, cuentan desde allá, que les tiraban a los ojos de manera premeditada, como los Carabineros en Chile. En las redes sociales se lo puede ver con el ojo vendado y una remera de la Selección Argentina.

El caso de la mamá que denunció que sus dos hijos, uno con discapacidad y otro con autismo, fueron salvajemente golpeados y luego detenidos por la policía, al ser confundidos, aparentemente, con manifestantes que protestaban contra la reforma constitucional. Ella los había enviado a hacer unos mandados.

Quizá algunos pudieron ver el desesperante relato que una estudiante de medicina realizó en vivo por su cuenta de IG, al ser perseguida por la policía, luego que a ella y un grupo de personal sanitario, los corriesen de la posta médica que habían montado en uno de los cortes de ruta que realizaban las comunidades originarias. El pánico que tenía la chica era estremecedor.

También cabe mencionar las prácticas paraestatales que desperdigó el ejecutivo provincial, con las razias y allanamientos que realizaron en domicilios particulares, sin órdenes judiciales y con camionetas sin identificación, o la infiltración de personal policial en las manifestaciones para profundizar el caos en las calles y así justificar la represión.

Por estas horas, los sectores en lucha siguen en estado de alerta y movilización, y el conflicto social está abierto, sin respuestas satisfactorias de parte de un Estado que solo conoce la receta punitiva para dirimir diferencias. Morales, por su parte –quien tiene a un par de docenas de familiares en la administración pública, algunos en puestos claves, y la industria del cannabis a cargo de uno de sus hijos-, juega su partido para la elección nacional. Al parecer, no está dispuesto a darle bolilla al mensaje del ministro del Interior, Wado de Pedro –también, muy probable candidato por Unión por la Patria-, que lo convocó a pacificar la provincia, a través de los instrumentos del diálogo y la negociación política.

Ayer, en la CABA, mientras se espera con los dientes apretados la definición de la fórmula presidencial –y bonaerense- del peronismo, las organizaciones políticas, sindicales, y movimientos sociales del kirchnerismo se movilizaron de manera masiva, desde el Obelisco a la Casa de Jujuy, para exigir el cese de la represión contra el pueblo jujeño.

Está claro que uno de los lineamientos generales de la disputa electoral, una vez más entre modelos de país, pasará por el modo con el que se resuelven los conflictos: diálogo y negociación, o represión; honestidad, transparencia, o mentiras y cinismo sin fin.