Familiares de la Masacre de Wilde fueron recibidas en la Secretaría de Derechos Humanos

Raquel Gazzanego, viuda de unos de los fusilados por una patota policial en 1994, recibió el apoyo de las autoridades de la casa en su búsqueda de justicia, que ya lleva un cuarto de siglo. Aparte, su abogado presentó un escrito ante el tribunal de Lomas de Zamora que tramita la causa, para evitar que sigan dilatando la realización de un juicio oral.

Por Kranear. Foto portada: Secretaría Derechos Humanos.

La causa por la Masacre de Wilde tuvo en las últimas horas dos novedades. Por un lado, Raquel Gazzanego, compañera de uno de fusilados, fue recibida por las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes le ofrecieron –a ella y una Patricia Corbo, compañera de un remisero también fusilado en la masacre- su apoyo y acompañamiento institucional; por otro lado, su abogado presentó ante el tribunal de Lomas de Zamora, a cargo de la causa, un escrito para pedir la nulidad de una presentación que realizó el abogado defensor de algunos de los acusados, para dilatar una audiencia programada para finales de marzo.

En las últimas horas, el abogado Ciro Annicchiarico presentó una nota ante Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de Lomas de Zamora, donde se tramita la causa por la Masacre de Wilde, ocurrida en 1994, para pedir la nulidad de una presentación que realizó el abogado defensor de varios de los acusados de formar parte de la patota policial que fusiló a cuatro personas, entre ellas, el Edgardo Cicutín, compañero y padre de dos hijos de Raquel Gazzanego.

A través de su escrito, Annicchiarico denuncia ante el tribunal bonaerense que el recurso presentado por el integrante del Ministerio Público de la Defensa tiene por objeto suspender la audiencia fijada para el próximo 30 de marzo, una instancia preparatoria para un juicio oral y público que los familiares de las víctimas esperan hace más de 25 años.

La pretensión del abogado defensor “volvería a dilatar la marcha de este proceso, ya de por sí dilatado y entorpecido de manera insoportable desde que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolviera, hace más de seis años, el 27 de noviembre de 2013, que debía efectivizarse el juicio por los atroces hechos, que se conocen como Masacre de Wilde”, apuntó Annicchiarico.

La reunión en el Espacio Memoria y Derechos Humanos del barrio porteño de Núñez donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se realizó durante el mediodía del jueves 27/2, y estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y otras autoridades de la casa. Los y las funcionarias, en nombre del Estado argentino, manifestaron su apoyo al esclarecimiento del caso y al pedido de justicia de parte de los familiares de las víctimas, que ya tiene un cuarto de siglo.

Gazzanego le contó a Kranear que en la reunión les comentaron que les enviarían un escrito al tribunal de Lomas de Zamora, con firma y sello de la Secretaría de Derechos Humanos, para sumarse al pedido de no se vuelva a postergar la fecha de la audiencia, prevista para el 30/3.

Durante los últimos años, los abogados defensores dilataron de manera sistemática y planificada los tiempos judiciales, con el objetivo de que la causa finalmente, por el paso del tiempo, proscriba. Esto va “en inequívoco detrimento del derecho de las víctimas a obtener un pronunciamiento judicial respecto de las responsabilidades de los imputados de los graves delitos que padecieron”, señaló en su escrito el abogado de Gazzanego, y aparte subrayó que esa misma demora va “en franca violación no solo de normas de carácter internacional incorporadas a nuestro derecho interno por vía Constitucional, sino por normas de fondo locales”.

Tras la nueva renuncia de una defensora particular (es largo el derrotero de los abogados y abogadas que desistieron de defender a los policías de la Maldita Policía), fue el doctor Roberto Fernández quien se hizo cargo de la defensa de varios de los acusados, y lo primero que hizo fue solicitar, hace unos días, la suspensión de la audiencia preparatoria. La justificación pasó por un puñado de argumentos relativos a la supuesta imposibilidad de asumir la defensa de sus representados, en tiempo y forma.

Foto de archivo sobre la masacre perpetuada por la Maldita Policía.

“El Dr. Fernández desde que recibió el expediente, en diciembre del año pasado, contará con MÁS DE UN MES para su estudio, y el análisis de las medidas probatorias que considerará conducentes ofrecer en ejercicio de la defensa técnica encomendada”, apuntó en su presentación el letrado de Gazzanego. “Por un lado se trata de un plazo más que razonable para tal cometido, dado que cuenta con un equipo técnico auxiliar en su despacho; pero por otro, atento las características del presente caso, que son de dominio público, se trata precisamente de un supuesto por el que se encuentra en condiciones de solicitar a la Defensoría General Departamental los refuerzos que entienda indispensables para llevar a cabo su misión”, agregó.

Raquel Gazzanego, con el acompañamiento de parte de su familia, y su abogado, nunca bajaron los brazos e hicieron lo imposible para acercarle al juez a cargo de la causa nuevas pruebas y testimonios. Fue por esa pelea y persistencia que en 2013 la Corte Suprema de Justicia bonaerense llamó a las autoridades judiciales a “extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”.

A partir de allí, la causa quedó a cargo del juez Gabriel Vital, del juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora. En 2014 el juez dictó la elevación a juicio.

En octubre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de Lomas de Zamora convocó a una audiencia preliminar para el 6/12/19, pero se pospuso porque según se consignó de manera oficial, el presidente del tribunal tuvo un problema de salud. La nueva fecha pautada pasó a ser el 30/3/20. Y ahora, con la jugada del nuevo abogado defensor, insisten con el mismo mecanismo dilatorio.

Los procesados que llegarían a juicio son los ex comisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, los ex oficiales Osvaldo Lorenzón, los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, todos en libertad. Dos de los acusados ya fallecieron.

Raquel y sus hijos conforman una de las cuatro querellas que tiene la causa.

Con la asunción del nuevo gobierno popular del Frente de Todos, la agenda de los derechos humanos vuelve a ser prioridad. Es por eso que la gestión a cargo de Pietragalla está recibiendo a distintos familiares de víctimas de casos de gatilo fácil y otras formas de violencia institucional, en una clara diferencia con la Alianza Cambiemos, que hizo de la doctrina Chocobar una política pública. Hoy le tocó el turno a Raquel Gazzanego, cuya historia de lucha y búsqueda de justicia publicamos hace un tiempo en este mismo portal, acá: https://kranear.com.ar/2020/01/15/no-quiero-justicia-quiero-justa-justicia/

Raquel y sus hijos buscan justicia hace 26 años.

Sobre la reunión con Pietragalla y otros funcionarios de la Secretaría de Estado, manifestó su conformidad porque “se abren expectativas favorables”.

En los próximos días, el tribunal de Lomas de Zamora deberá decidir si mantiene o no la fecha de la audiencia programada para el 30/3.

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