Buen vivir como verbo y no como sustantivo

La decisión del gobierno de Larreta de construir un barrio náutico en la Costanera generó el rechazo de organizaciones ambientales y de protección urbana, quienes se organizaron en contra el extractivismo urbano y la mercantilización del espacio público que impulsa el PRO. La pandemia intensificó el debate ambiental. Tendencias y cifras.

Por Ricardo Arraga

En la última sesión del 2019, y sin haber pasado el proyecto por ninguna comisión, la legislatura porteña aprobó la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, con el argumento de que los terrenos hoy son ”inutilizables”. De esta manera, indicaron, lo que buscan es valorizarlos.

La venta de tierras en la Costanera Norte suman 31 hectáreas estratégicamente ubicadas, por su cercanía con el Río de la Plata. El plan del gobierno porteño es construir allí un barrio náutico con torres que tendrán entre 18 y 29 metros de altura.

La citada ley 6.289 plantea el “desarrollo urbanístico” de la zona y, además de habilitar la venta, establece que “no podrá realizarse antes del dictado de una nueva normativa urbanística”, para lo cual el gobierno de la Ciudad presentó el proyecto de rezonificación del predio, aprobado en primera lectura en octubre del 2020. Entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se realizó la audiencia pública, prevista por ley, donde miles de expositores plantearon su rechazo a la iniciativa.

Esta decisión no es un hecho aislado, sino que es parte de un conjunto de políticas que se enmarcan dentro del denominado “extractivismo urbano”, un término que describe la lógica con la que funcionan las inmobiliarias en las grandes ciudades, que gestionan el territorio urbano de forma equivalente al modo con el que el agronegocio maneja los recursos en el campo.

En las ciudades la especulación inmobiliaria expulsa y aglutina población, concentra riquezas y se apropia de los terrenos públicos. Para citar un ejemplo, en el 2014, en CABA se impulsó una Ley que aprobaba la creación de bares en las plazas. La receta es la misma: ven a los parques y las plazas como un espacio que no genera ganancias económicas entonces avanzan en la privatización del espacio público.

Según un relevamiento realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA, el PRO al frente del gobierno porteño ya lleva privatizadas más de 450 hectáreas. Otra vez: no son hechos aislados sino una decisión política de hacer negocios con lo público.

Guardianes del río
En contraposición a esta política, todos los referentes de organizaciones sociales, ambientales y de protección urbana, además de las fuerzas políticas que componen la oposición, y vecinos y vecinas de la Ciudad, se manifestaron en contra del proyecto.

A los ojos de los porteños y porteñas que consideran que el Buen Vivir debe ser verbo y no sustantivo, esta es la última oportunidad de rescatar la “salida al río” y se manifiestan contundentemente en contra de esta ley que consideran cuanto menos desacertada. La discusión pasa por la relación que tiene la Ciudad de Buenos Aires con el río. Más allá del posicionamiento político-partidario de los diferentes actores intervinientes se evidencia que el slogan de la “Ciudad Verde” no es más que una mera fachada.

Una contundente expresión de ciudadanía organizada se vio reflejada en asambleas, semaforazos y espacios institucionales donde fue muy claro el repudio a la venta de Costa Salguero, a partir de la convocatoria impulsada por el ODC, una organización social independiente con carácter interdisciplinario que se involucra en problemáticas urbanas. El argumento que actúo como punta de lanza fue el déficit de espacios verdes que sufre nuestra Ciudad.

Una multiplicidad de organizaciones ambientalistas se plegaron a las acciones de lucha y visibilización ya que consideran que la construcción de torres en este área implica daño ambiental: se impermeabilizan los suelos, se avanza sobre superficies absorbentes, se reducen los espacios verdes, disminuye la capacidad de depuración del aire, aumenta el efecto “isla de calor, etc., todos ellos elementos que constituyen por sí mismos casos de “violencia ambiental”.

El punto central del reclamo se vincula directamente a la mercantilización del espacio público. Se piensa en clave exclusivamente económica, dejando de lado la función social y ambiental que cumplen los espacios verdes como punto de encuentro, de esparcimiento y como atenuantes de los efectos del cambio climático.

En las ciudades las calles se sienten más calientes debido al “efecto de la isla urbana de calor”. Este efecto se produce cuando en un centro urbano hay una temperatura mayor que en los alrededores, esto se debe a que la vegetación juega un papel crucial debido a la evapotranspiración. La evaporación transporta el calor desde las zonas más cercanas al suelo hacia la atmósfera, donde será disipado gracias al viento.

Una política a contramano de la tendencia mundial

La pandemia intensificó el debate ambiental. En mayor o en menor medida todos los habitantes de grandes ciudades nos vimos atravesados por la pregunta: ¿en qué ciudades queremos vivir?

La organización de Naciones Unidas define a los espacios verdes como un recurso indispensable para lograr una salud sostenible en las zonas urbanas. Existe una tendencia a aumentar los espacios verdes, de hecho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 de la agenda 2030, a la que nuestro país suscribe, es “Ciudades y Comunidades Sustentables” y, en contraposición a dicho compromiso, el gobierno de Larreta impulsa medidas que disminuyen directamente la superficie de espacios verdes.

Aumentar el número y la calidad de los espacios verdes puede mitigar los contaminantes climáticos de corta vida que producen un fuerte efecto de calentamiento global y contribuyen notablemente a más de 7 millones de muertes prematuras al año relacionadas con la contaminación atmosférica.

La contaminación atmosférica contribuye al aumento de las temperaturas y a episodios de olas de calor, que conllevan mayores tasas de mortalidad por infarto de miocardio o derrame cerebral a causa de la fatiga térmica, en particular en personas con enfermedades no transmisibles preexistentes.

Además de los beneficios evidentes de la mitigación del cambio climático y la reducción de la contaminación atmosférica, los parques, los espacios verdes y los cursos de agua ayudan a reducir la exposición a un factor de riesgo muy importante como lo es la actividad física.

Los parques y los espacios verdes brindan a la gente la oportunidad de caminar y desplazarse en bicicleta más a menudo y realizar actividades físicas de ocio. Por tanto, las inversiones en los parques urbanos, los espacios verdes y los cursos de agua son un modo eficaz y económico de promover la salud y mitigar el cambio climático.

El escenario actual

El jueves 28 de enero concluyó la audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco. La misma había comenzado el 27 de noviembre pasado y se extendió durante 30 jornadas, con un récord histórico de 7.053 inscriptos.

La iniciativa del gobierno porteño fue rechazada de forma contundente: el 97 por ciento de los expositores se manifestaron en contra de destinar las tierras a negocios inmobiliarios en lugar de recuperar esos espacios para uso público. Sin embargo, a pesar del rechazo por parte de vecinos y vecinas, estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, ecológicas, barriales y la oposición, la audiencia no es vinculante, por lo que el oficialismo está habilitado para darle segunda lectura al proyecto y aprobarlo en la Legislatura.

Lamentablemente el gobierno tiene la decisión de avanzar en este proyecto. En el presupuesto de la Ciudad para este año se incluye la infraestructura de Costa Salguero. Este dato implica que el gobierno tomó la decisión de incluirlo en el presupuesto antes de que terminaran la audiencia pública, demostrando su clara determinación en concretar la urbanización de la zona a la vez que su indiferencia frente a lo expresado por la ciudadanía.

Para fastidio de Larreta y esperanza de los Guardianes del río, el juez Roberto Gallardo le prohibió al gobierno porteño la venta de 87 hectáreas ubicadas en la zona norte de la CABA, entre las que se encuentran las tierras en cuestión. La medida surge de la acción de amparo promovida por el ODC y estará vigente “hasta que se dicte sentencia definitiva”.

En los próximos meses se definirá el destino de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Veremos si resulta en un golpe a los negociados inmobiliarios en defensa de los espacios públicos o si Buenos Aires acabará por configurarse como una Ciudad que no mira al río.

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