El problema son las élites

La falta de un proyecto nacional, con consensos macroeconómicos básicos, hay que atribuírselo a la voracidad del poder económico local, más que a la supuesta ignorancia de los sectores populares a los que apuntó hace unos días Marcelo Longobardi, vocero de los sectores de privilegio. Historia de una farsa cuya piedra fundamental es el voto calificado.

Por Gastón Fabián

Las peripecias políticas de nuestro país nos han habituado a contemplar con “asombro” fenómenos por demás extraños, que deberíamos calificar como verdaderas metamorfosis kafkianas, en las que cualquier mediación entre un momento y otro brilla por su ausencia.

En las instancias críticas, cuando los sistemas de referencias pierden estabilidad y caen en desuso, los campeones de la moderación y abanderados de la democracia liberal, atraen las miradas con ropajes que, en sus “buenas horas”, ellos mismos repugnaban. Así por ejemplo, Marcelo Longobardi, periodista estrella de Radio Mitre (Grupo Clarín), luego de “pasarse la vida” denunciando los atropellos del populismo contra las instituciones, no tuvo ningún dilema en pronosticar, como único remedio para los males del país, un lamentable formateo autoritario, que sería el precio que estamos obligados a pagar por la corrupción generalizada a la que, irreflexivamente, nos hemos entregado.

Aún si aceptáramos las disculpas y la explicación que Longobardi brindó tras el masivo repudio que generaron sus dichos, alegando que se trató de un malentendido y que se entendió todo al revés, es preciso reconocer que en su breve intercambio con Jorge Lanata sintetizó a la perfección cuál es el pensamiento que las élites siempre tuvieron acerca de la democracia y de quienes detentan el derecho a reclamar el ejercicio de la ciudadanía.

Para empezar, tamañas ideas reaccionarias ponen el foco en un problema de origen: el sufragio universal. Cuanta más gente vota, peor, porque son pocos los que están capacitados para votar. Una democracia necesita de ciudadanos ilustrados y responsables, y Argentina, de acuerdo con lo que históricamente creyeron sus clases dominantes, no los tiene.

El ya famoso sintagma “70 años de peronismo” es un eufemismo para cuestionar lo mal que votan los pobres y, paso seguido, sacar a relucir su falta de preparación política. Habría entonces un círculo vicioso, cuya lógica decadente indicaría que, si los gobiernos peronistas multiplican los pobres como Jesús multiplicó los panes, estos pobres artificiales (que no pueden deducirse de los inagotables recursos con los que nuestro país resultó bendecido por la Providencia) perpetúan el estado de cosas ad infinitum, en una repetición que, sin embargo, nos hace descender lenta y dolorosamente al fuego del infierno.

No en vano Jorge Luis Borges afirmó que los pobres (con) urbanos son los descendientes de los viejos gauchos del “desierto argentino”, así como el demagogo de masas de las ciudades es el heredero de los caudillos del Interior. Esta metempsicosis, para la óptica de un liberal, es fruto de un pecado original, de una desviación, de un vanidoso error que nos sacó del Jardín del Edén (cuando éramos el “granero del mundo”) para hacernos caer en un valle de lágrimas.

Por eso el “giro autoritario” (o formateo, para decirlo como Longobardi) que las familias tradicionales ensayaron en 1930 (salvo en la variante fascista, de corta duración, de José Félix Uriburu) en ningún momento desconoció su lealtad para con la Constitución de 1853. Si había que reformar la Constitución, era para salvarla de aquellos cambios sociales (léase: el ingreso de la “chusma” a la vida política) que la ponían en peligro.

Las propuestas de voto calificado o corporativo, que finalmente no prosperaron (en su lugar, se optó por la táctica del fraude, que “pateaba para adelante” las soluciones de fondo; Onganía, con su hipótesis de los “tres tiempos”, pretendió hacerse cargo de ellas), partían del diagnóstico del “país inviable”. Como los “padres fundadores”-y como Longobardi, hasta que lo atemorizó más la censura de la corrección política que lo maligno de su pensamiento-, sostenían que “la democracia no es para cualquiera”. En realidad, la democracia ni siquiera era considerada como una forma razonable de gobierno.

Citemos, mejor, las declaraciones textuales: “la democracia no es para cualquier país. Requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad de oportunidades y de falta de griterío, una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina”. Independientemente de la visión un poco naif acerca de la “caballerosidad” y los “buenos modales” en los países del llamado “primer mundo” (¿acaso no hay griterío en Westminster?), Longobardi no hace más que repetir la hipótesis del reconocido sociólogo/politólogo estadounidense Seymour Martin Lipset, uno de los pioneros de la teoría de la modernización.

Bajo esta perspectiva, para que exista un orden democrático estable (donde reine la moderación política) es condición necesaria un desarrollo económico prolongado, equilibrado y gradual (en términos de riqueza, industrialización, urbanización y educación). La mejor salvaguarda contra la demagogia, a su criterio, es la sociedad opulenta. Entre los ejemplos de tiranías contemporáneas con base popular, Lipset se tomaba el atrevimiento de mencionar al peronismo.

Sin lugar a dudas, los referentes intelectuales de la autodenominada “Revolución Libertadora” manejaban un cúmulo de ideas bastante similar y compartían la creencia en el autoritarismo de la clase obrera de los países subdesarrollados. De ahí que nuestros “liberal-demócratas” mantuvieran la conciencia tranquila al vigilar durante 17 años la proscripción del partido político mayoritario. En ese sentido, podían suscribir tácitamente a las palabras que José Félix Uriburu pronunció en diciembre de 1930 en la Escuela Superior de Guerra:

“En nuestro país nos embriagamos hablando a cada momento de la democracia, y la democracia aquí y la democracia allá. La democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercitado por los mejores. La dificultad está justamente en hacer que lo ejerciten los mejores, es decir, aquellos elementos más capacitados para dirigir la nave y manejar el timón. Eso es difícil que suceda en todo país en que, como en el nuestro, hay un sesenta por ciento de analfabetos, de lo que resulta claro y evidente, sin tergiversación posible, que ese sesenta por ciento de analfabetos es el que gobierna al país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría”.

Lo que nuestros liberales se niegan a admitir es que el matrimonio entre democracia liberal y capitalismo se rompió hace ya mucho tiempo, en tanto descansaba en una serie de premisas excepcionales, históricamente condicionadas y restringidas a unos pocos países del hemisferio norte. Pero hoy hasta las naciones paradigmáticas de Occidente han dejado de cumplir los requisitos para que tal alianza logre perdurar. El descomunal éxito económico de la República Popular China en las últimas cuatro décadas representa la señal inequívoca de que la acumulación capitalista optó por cauces menos exigentes, dinámica que tiende a poner a la democracia bajo una amenaza constante.

Magnetto y Rocca, entre otros representantes del poder económico, en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en agosto de 2018.

Sin embargo, esa amenaza no provino de ningún “despotismo oriental”, sino de grupos de académicos que consiguieron ganar ascendiente sobre los círculos empresariales y políticos. El mayor filósofo del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, de hecho, argumentaba la prioridad de la libertad económica sobre las libertades políticas. Peor una democracia con un Estado elefántico (lento, ineficiente, repleto de trabas burocráticas), industrias protegidas (no competitivas) y pobres subsidiados que un autoritarismo de libremercado, que a la larga educará a los ciudadanos para la democracia, después de que se inserten en las actividades para las que son más capaces (el mismo razonamiento corre para las naciones dentro de la división internacional del trabajo).

No es novedad que el macrismo compró y vendió este discurso entre el 2015 y el 2019 o que admirara con tanto vigor la herencia pinochetista en Chile (sin prever la impresionante rebelión que aconteció en el 2019). Para esta gente, el único rol del Estado es garantizar la competencia. Lo cual puede sonar inaudito a los oídos de los profanos, pues si hay algo de lo que no se pueden jactar los gobiernos neoliberales en nuestro país es de haber promovido un mercado competitivo. En definitiva, el saldo de cada una de esas experiencias políticas fue una mayor concentración de la economía, a partir de los favores y las dádivas que el Estado concedió a importantes grupos empresarios. Por eso siempre aparecerá algún José Luis Espert que, desde la pureza de la teoría, aclare que jamás un recetario neoliberal fue implementado en la Argentina.

Es posible, no obstante, conjeturar otra historia, donde son los mismos privilegiados quienes han obturado siempre el mejoramiento del régimen democrático y no los “pobres disfuncionales”. De hecho, de 1930 en adelante, el crecimiento económico con inclusión social sólo fue cortesía de los gobiernos peronistas y kirchneristas, pero aun así, a pesar de ganar más dinero, los poderosos permanecieron en la oposición y recurrieron sistemáticamente al boicot (mentalidad extraña, que Cristina explicó de modo magistral en su intervención como senadora en el debate del Presupuesto 2018, donde recomendó la lectura de “Aspectos políticos del pleno empleo”, brillante texto del economista marxista Michal Kalecki).

Ya en el siglo XIX, Juan Bautista Alberdi atribuía la inestabilidad crónica del país al comportamiento faccioso de las élites. La falta de un proyecto nacional, con consensos macroeconómicos básicos, se debe menos a la resistencia de los sectores populares que a la voracidad y la obstinación de los grandes empresarios argentinos, que siempre se sintieron más cómodos haciendo negocios con el imperialismo y gozando de las ventajas conferidas por los “gobiernos amigos” que asumiendo riesgos en inversiones de largo plazo que resultaran beneficiosas para el país.

Estos grandes empresarios, que tocaron innumerables veces las puertas de los cuarteles, que se quejan cuando tienen que pagar impuestos o mejores salarios y organizan lockouts patronales en nombre de la libertad, que interponen medidas cautelares en el Poder Judicial cuando se les pide contribuir con un aporte extraordinario en medio de una emergencia, también se han especializado en la fuga de capitales teniendo al “mando” gobiernos de su misma clase, que supuestamente venían a instalar la seguridad jurídica y las reglas de juego que ellos demandaban.

El problema de los Longobardi es que describen las consecuencias sin identificar las causas y, por ende, sacan siempre malas conclusiones. A su manera de ver, el alto grado de extranjerización y concentración de la economía no sería un inconveniente. Los elevados niveles estructurales de pobreza o de inflación serían más un producto de nuestro irracional proteccionismo y de nuestras leyes antiempresas que de la desigualdad social, las prácticas abusivas de los oligopolios o las políticas neoliberales que el Grupo para el que trabaja respaldó sin luego hacerse cargo de sus terribles efectos (para la sociedad argentina y no, por supuesto, para Clarín, que aumentó considerablemente sus propiedades y sus ámbitos de influencia).

Son los ricos, en resumen, los que han conjurado siempre contra la democracia y deliberadamente se han negado a discutir todas las cuestiones sensibles que el país necesita resolver con urgencia. Las mayores muestras de autoritarismo que conocemos (la sanguinaria guerra de policía de Mitre contra los gauchos y las montoneras federales, o el Terrorismo de Estado de la última dictadura) fueron diseñadas y ejecutadas sin piedad por liberales confesos, predicadores de la tolerancia y del carácter sagrado de los derechos individuales y las garantías constitucionales.

Cuando hipócritamente algunos periodistas recuerdan que hacia 1974 la pobreza era del 4% y que hoy es diez veces mayor, omiten añadir que la destrucción de los índices sociales de bienestar y el desmantelamiento del tipo de Estado que los había hecho posibles, fue el resultado directo de la estrategia económica de Martínez de Hoz y Cavallo, después repetida durante el gobierno de Macri, es decir, una estrategia económica que apoyaron de forma entusiasta.

Una democracia nunca existe sin fisuras ni riesgos. Una democracia siempre es un proyecto inacabado, que no dispone de ninguna garantía externa capaz de cubrirle las espaldas cuando las cosas no funcionan. Una democracia, evidentemente, necesita de ciudadanos y ciudadanas “mayores de edad”, que no eludan su responsabilidad frente a los problemas. Pero de ninguna manera esto significa que solo las personas “instruidas” (¿instruidas por quién?) o, por emplear la jerga del siglo XIX, los “propietarios”, merezcan el reconocimiento de ciudadanía, frente a la exclusión de los “muchos”.

Si el mercado es una red impersonal que premia la competencia, la democracia no puede fundarse en su lógica. No porque la competencia no importe, sino porque no es su base, su ABC. En una democracia, la ciudadanía y, por extensión, el gobierno, nada pueden tener que ver con la pericia o la especialidad. La democracia parte del axioma de la igualdad, o sea, de que todos y todas estamos abiertos a la virtud. Para decidir bien, primero hay que poder decidir. Para corregir o rectificar, primero hay que tener la posibilidad de equivocarse.

Cercenar la participación, para dejar que resuelvan los que “saben”, en verdad, solo revela que aquellos que “saben” no saben lo suficiente para volver mejores a sus compatriotas. Y, por lo tanto, no son conscientes de su propia ignorancia. Después de tanto mal hecho, llegó la hora de que buena parte de la élite política, económica e intelectual se dé un baño de humildad, entienda que no ha estado a la altura de las circunstancias y realice una severa autocrítica. Longobardi, como vocero de ese establishment, tendría que advertir que no es parte de la solución, sino del problema.

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