Agrupación Amague y Recule

• Por Sebastián 'Rinconet' Fernández
•   29 de Diciembre de 2022

Alberto suele contar una anécdota de cuando era jefe de Gabinete de Néstor, referida a la decisión de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Ambos regresaban a la Argentina luego del primer viaje oficial a EEUU cuando el entonces ministro de Defensa José Pampurro llamó a Alberto para informarle que el juez español Baltasar Garzón había pedido la extradición de varios oficiales y suboficiales argentinos acusados del delito de genocidio. El entonces jefe de Gabinete le pidió que los detuviera mientras decidían los pasos a seguir.

La primera reacción de Néstor fue ordenar la extradición, pero Alberto le señaló que eso no era posible porque la Argentina no extradita nacionales. Néstor propuso entonces que se los juzgara en la Argentina, pero eso no era posible por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, votadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. A la propuesta de derogar esas leyes, Alberto argumentó que de todas formas los acusados podrían invocarlas como leyes más benignas y que entonces la solución sería anularlas. El problema es que quienes anulan las leyes- explicó- son los jueces, pese a que existían proyectos en el Congreso con ese objetivo.

Néstor entonces le dijo que agarraran alguno de esos proyectos y que anulasen las leyes. “Bueno, pero mirá Néstor que esto nunca pasó en la historia”, fueron las palabras que le respondió Alberto, a lo que Néstor contestó: “Entonces va a ser la primera vez”.

“Yo con mi condición de profesor de derecho penal funcionaba de otra forma, pensaba si esto era jurídicamente viable. Y él me vio cara de que no estaba en la misma sintonía y me dijo: “probamos con obediencia debida y nos fue mal. Probamos con el perdón y nos fue mal. Porque no probamos con la justicia”. Y le dije que tenía razón. Yo estaba pensando en términos de derecho y él en términos de justicia, que son cosas distintas. Con un coraje increíble.”

La anécdota vuelve a tomar actualidad frente a los avances del cardumen de operadores aterciopelados que persistimos en llamar Corte Suprema sobre los otros dos poderes. Luego de tomarse apenas dieciséis años para declarar la inconstitucionalidad de la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Cardumen restableció una ley derogada por el Congreso, algo que solo el Congreso puede hacer, y tomó por asalto la presidencia de aquel órgano.

El último capítulo de este golpe de Estado silencioso fue la medida cautelar- es decir, que no analiza el problema de fondo- dictada a favor de la Ciudad de Buenos Aires y que convalidó el decreto del entonces presidente Mauricio Macri que envió fondos federales a su distrito con la excusa del traspaso de la Policía Federal a la CABA. El monto superaba el costo de la policía, como lo reconoció en 2016 el propio ministro de Interior de Cambiemos, Rogelio Frigerio.

Así como el FMI aportó a Macri 45.000 millones de dólares, el mayor aporte de campaña de la historia, el Cardumen elige- de forma mucho más modesta, digamos todo- financiar la campaña de Horacio Rodríguez Larreta con unos 180.000 millones de pesos. El tribunal que preside el poder más desprestigiado del país continúa así una noble tradición: hacerle pagar a la ciudadanía las campañas del PRO. Al menos son fondos declarados, algo infrecuente en los hábitos de ese espacio político.

La respuesta inicial de Alberto Fernández a la acordada de la Corte, rodeado de gobernadores, tuvo la contundencia que exige la política. Denunció el “choque de poderes” y afirmó que la decisión se contrapone con una ley del Congreso y es de “imposible cumplimiento”. Unos días después explicó en un registro más leguleyo que su obligación era “hacer cumplir la ley” y ofreció pagar con bonos mientras el Cardumen decide la cuestión de fondo. El uso de bonos fue analizado con generosidad como una hábil jugada del gobierno cuando en realidad, al hacerlo, deja atrás el problema de fondo que antes señaló con acierto: el “choque de poderes” o, para retomar una expresión de la vicepresidenta, el “Estado mafioso”.

Alberto pasa del debate político al judicial como en la discusión con Néstor sobre las leyes de impunidad pensaba “en términos de derecho y no en términos de justicia.” El resumen que CFK dio en el acto de Avellaneda sobre el cambio de estrategia presidencial fue lapidario: “agrupación amague y recule”.

La anécdota referida a Néstor y la crisis política autoinfligida que padece Alberto ilustra con una honestidad brutal el dilema de su gobierno, que tiene a Néstor como modelo a seguir pero en el que el profesor de derecho penal ya no es el jefe de Gabinete que aconseja sino el Presidente que decide.