GCBA: una máquina de criminalizar pobres y desoir fallos judiciales

10 de Julio de 2024

Por Irina Hauser

La jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Ohman, resolvió anular 125 detenciones y requisas hechas por la policía porteña sin orden judicial a personas en situación de calle, por considerarlas arbitrarias, violatorias de la intimidad y la dignidad humana. Estaba de turno en la segunda quincena de junio y le llamó la atención que le habían llegado tantos reportes similares en menos de dos semanas y focalizados en una zona específica (parte de Almagro, Caballito, Flores, Floresta y Santa Rita). Las escuetas actas policiales decían que era gente que estaba en 'actitud sospechosa', 'merodeando', 'revolviendo en la basura', o no daban precisiones, y así justificaban que revisaron sus pertenencias y encontraron justo lo que buscaban: 'armas no convencionales', las llaman. Destornilladores, varillas, cuchillos tramontina, tijeras, cuters.  

Al Gobierno de la Ciudad podía no gustarle la sentencia y decirlo, y aún así respetarla. Pero eligió salir al ataque y contar la historia con un guión trucho. El fallo desnudaba lo que hace la policía para llevar adelante el 'operativo limpieza' de las calles, que no es otra cosa que barrer de la escena pública a quienes no tienen otra opción más que dormir, o mejor dicho, vivir a la intemperie. Pero la 'limpieza' incluye otro objetivo: lograr que esos/as pobres generen miedo, que sean percibidos como un 'peligro' y así justificar toda violencia hacia ellos/as.

No es un pensamiento nuevo, pero sorprende la ofensiva tan explícita y la difusión por parte de las autoridades gubernamentales de mensajes tramposos, con una cuota de invitación al desprecio y al odio, tan en boga. Dan por hecho que nadie se va a poner a leer a ver qué escribió la jueza en 95 páginas.

Algunos funcionarios, incluido el jefe de gobierno Jorge Macri, iniciaron una campaña en redes sociales donde repitieron una y otra vez el nombre de la magistrada, calificaron a coro que su fallo era 'insólito', que 'protege a los delincuentes', que le 'impide a la policía de la ciudad requisar gente en busca de armas blancas en la vía pública', y que ordena que 'las armas incautadas sean devueltas'. 'Ya apelamos la medida y vamos a seguir secuestrando armas y deteniendo delincuentes', publicó Macri en 'X'. La conclusión a la que llegaban era que 'un sector de la justicia opera por ideología'. Como es frecuente, al rato varios grandes  medios reproducían el mensaje como si fuera información buena y chequeada.

La sentencia

La sentencia no dice nada de lo que afirmó con tanta vehemencia el gobierno porteño. Nada.

La resolución no le da ninguna orden a la policía sino que concluye que 125 de las 126 detenciones y requisas analizadas eran nulas. En esencia, porque no se encontraron motivos que justificaran esos procedimientos sin orden judicial. Solo en un caso se validó la detención. 

Ohman relata en el fallo que les pidió informes de cada caso a las fiscalías que avalaron las requisas, pero no obtuvo respuesta. Por ende, para hacer el control de legalidad, se basó en lo que consignaron las actas contravencionales de los 'preventores'. Lo que describían eran personas que usaban los objetos incautados para revolver en la basura (en ciertos casos juntan cartón y necesitan cortarlo) o que los tenían a la vista. Otras actas no decían absolutamente nada. Con esa información evaluó que las detenciones eran infundadas.

La decisión judicial no le impide a la policía porteña requisar. El fallo muestra parámetros según los cuales queda en evidencia que hay procedimientos ilegales que se practican en forma  sistemática. Si se repiten, esta jueza volverá a decir lo mismo, y tal vez otros magistrados/as también, lo que explica el ataque disciplinador dirigido a ella.

'Apelamos', anunció el gobierno de Macri. Pero tampoco era cierto: el Ministerio Público Fiscal es el que apeló. Se trata de un órgano que forma parte del sistema de justicia, y se supone que es independiente. Es notable que los funcionarios políticos sinceren que las fiscalías porteñas no actúan con autonomía sino que hacen lo que ellos quieren.

Queda la duda acerca de qué informes tienen las fiscalías, si es que existe algún informe. La 'limpieza' de rincones donde vive la gente en la calle desde hace tiempo incluye la sustracción de sus pertenencias, hasta la quema de sus colchones.

'Todavía hay quienes eligen proteger a los delincuentes y perjudicar a los vecinos', dijo el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, quien  equipara a las personas en situación de calle con delincuentes y no los considera vecinos. Las requisas no equivalen a una causa penal. En estos casos no se abrieron expedientes judiciales que adjudiquen delitos. Raramente sucede en este tipo de situaciones, que van al archivo. Lo que hizo la policía en estos casos  fue imponer apercibimeintos de iniciar causas por desobediencia si alguien aparecía de nuevo con un 'arma no convencional'. Pero la jueza también los anuló.

Así se criminaliza la pobreza: con acciones explícitas de persecución y con un despliegue discursivo que instala información falsa y promueve odio y temor a quien cartonea o busca en los techos de residuos para sobrevivir. A eso se suma el señalamiento con el dedo acusador a quienes trabajan por la protección de derechos de este colectivo.

Un ejército de trolls difundió la foto de la jueza Ohman invocando las frases de Jorge Macri y compañía. Horacio Avila, de Proyecto 7, que trabaja para mejorar la vida de quienes viven en la calle, recibió el sábado a la noche una amenaza escrita con letras recortadas  de revista pegada en una hoja: 'Hay una bala con tu nombre. Déjate de joder'.

Cifras

El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle realizado a fines de 2023 por organizaciones sociales concluyó que había entonces algo más de 8.000 ciudadanos/as en esa situación. En la organización “Proyecto 7” estiman que serían hoy más de 12.000. El último número oficial del gobierno porteño era 3.500. Aún así admitía un aumento del 46% entre 2022 y 2023, y un 229% desde 2016. Pese a todo, los programas destinados al problema habitacional redujeron su número de beneficiarios y su presupuesto. Los famosos centros de inclusión social o paradores tienen solo 2300 plazas, y la gente no quiere ir por malos tratos y temor a perder sus cosas. El caballito de batalla de la administracion porteña este año ha sido el protocolo de salud mental para personas en situación de calle: pero se usa como parche ante situaciones puntuales o “emergencias” y no para abordar lo que es un problema de fondo.

La objeción “ideológica” de Macri y compañía intenta equiparar a quienes carecen de vivienda con delincuentes cuando la jueza Ohman les está diciendo en una sentencia que el que tiene un problema con la ley es el gobierno de la Ciudad: “Lejos de cumplir con la ley de personas en situación de calle y familia sin techo (Ley 27654), que especialmente establece que la situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, ha demostrado que el Estado no ha cesado con sus prácticas estigmatizantes y discriminatorias'.

La policía se dedica, señaló la magistrada, a 'detener y requisar no por lo que se hace, sino por lo que se es o por la situación que la persona atraviesa'. Aparte recordó que el Estado ya ha sido condenado por la Corte Interamericana por detenciones arbitrarias e instó a la prohibición de 'fundamentar las detenciones sobre fórmulas dogmáticas y estereotipadas”.

La 'masificación -dijo la jueza- de las detenciones a personas que subsisten de la economía y los secuestros de instrumentos que se utilizan para desarrollarla, atenta contra el principio de la dignidad personal y las coloca en una situación aún más penosa, porque en contrario con lo legislado, es evidente que no existe un esfuerzo serio por brindar herramientas que cooperen a mejorar su situación'. 'El Estado -advirtió- no ha cumplido con su deber de asegurar derechos fundamentales de vivienda y hábitat adecuado'. Entonces castiga a sus víctimas.

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Muestras de la campaña de difamación y falacias que lanzaron el jefe de gobierno y los funcionarios de primera línea del área de Seguridad.