Kranear - La colonización de la Justicia

29 de Mayo de 2023

Por Aníbal Filippini

En el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (www.csjn.gov.ar), hay una solapa de “Resoluciones” referidas a muy variados temas. Allí mismo hay un buscador. Cuando se lo completa con las palabras “licencia con goce de haberes”, aparecen 5400 resultados.

Una parte de dichas licencias corresponde a jueces por viajes motivados en eventos supuestamente académicos.

Hay registro de visitas de jueces o funcionarios judiciales a Miami, Atlanta, New York, Chicago, California, Boston, Madrid, Roma, Paris, Londres, Estocolmo. Incluso a pequeñas y bellas localidades como Polignano a Mare (Puglia, Italia).

La palabra “embajada” aparece 39 veces, casi todas con referencia a la Embajada de los Estados Unidos de América.

Pero lo que verdaderamente sobresalta es que hay 157 viajes a Washington.

¿Qué fueron a hacer nuestros jueces allí? ¿Se trató de actividades académicas? ¿Qué organizaciones los convocaron?

Viajes a la Metrópolis

Veamos algunos ejemplos:

- Washington DC y Nueva York (octubre 2019) Center For Strategic and International Studies (CSIS), 'Programa de intercambio entre referentes del ámbito de la justicia'.

Cuando se ingresa al sitio de dicha organización, uno constata que recibe donaciones, entre otros, de Bank of America, Pan American Energy, British Petroleum, Citigroup, IBM, Shell, Telecom Argentina, Coca-Cola Company, Apple, JPMorgan Chase & Co., Banco Santander, Google, Microsoft, Sancor Seguros, Disney, además de oficinas gubernamentales de Japón, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Unión Europea, Singapur, Reino Unido, y de personas físicas como Henry A. Kissinger o fundaciones como la de Bill & Melinda Gates.

¿Por qué los jueces argentinos viajan a eventos de dudoso contenido académico, invitados por una organización apadrinada por el poder económico? ¿Por qué lo hacen “con goce de haberes”? ¿Qué noticia tenemos de esos eventos?

El organizador (CSIS) cuenta entre sus asesores nada menos que a Mark Feierstein considerado un hombre clave de la administración estadounidense para impedir el rumbo progresista de Latinoamérica.

Allí se acogió a un grupo de jueces federales argentinos con un programa centrado en los sistemas judiciales y la reforma judicial[1], para “una mejor comprensión bilateral del importante papel que desempeña el poder judicial en el tratamiento de cuestiones críticas como la transparencia, la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

- Washington D.C. (setiembre 2019) “La Evidencia Científica en los Procesos Judiciales Complejos”, dedicado jueces funcionarios de la rama judicial de Argentina, realizado en la American University.

Sobre un encuentro semejante (en la misma universidad, en 2014), se sabe que se trató de “una semana en una de las más prestigiosas de las universidades de la ciudad de Washington haciendo un análisis del sistema judicial de Estados Unidos”[2] (sic).

- Washington D.C. (agosto 2019) Fundación de Centro de Estudios Americanos (CEA) 'Programa para Dirigentes sobre Estados Unidos'.

Del organizador, el CEA, se sabe que trabaja junto con la embajada estadounidense. Convoca a políticos, funcionarios, militares, integrantes del Poder Judicial, sindicalistas y académicos, entre otros sectores. El programa consiste en “una serie de reuniones” para “el estudio de los Estados Unidos desde sus orígenes hasta la actualidad”. En el sitio web de la embajada, la fundación CEA resulta ser uno de los únicos dos enlaces que ofrece como sugerencia la “Sección Informativa y Cultural”[3].

- Washington D.C. y Miami (2019 y 2020), Embajada de los Estados Unidos de América, Programa de estudios sobre el sistema de justicia, programas agencias para combatir el crimen transnacional, terrorismo, lavado de activos cooperación internacional organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia Capacitación (OPDAT).

La OPDAT fue creada en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1991, “ante la creciente amenaza de la delincuencia internacional”. Según la información oficial, “OPDAT crea socios extranjeros fuertes que pueden trabajar con los Estados Unidos para mejorar la cooperación en casos transnacionales y “luchar contra el crimen antes de que llegue a nuestras costas”.

- Washington D.C. (2018), Academia de Intercambio Estudios Judiciales, Seminario 'Gobierno y Educación Judicial', dedicado jueces funcionarios de la rama judicial de la República Argentina.

La Academia de Intercambio y Estudios Judiciales ha organizado seminarios con la Cámara de Comercio Americana en la República Argentina (AmCham), por ejemplo, en Buffalo, NY (2013), o en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, Carolina del Norte (2014). A su vez la AmCham se presenta como una “comunidad de negocios” que ejerce la “representación de interés empresario frente a los poderes públicos”[4].

- Miami (2012) 'III Cumbre de Medios de Comunicación CERTAL-FLAM -Cumbre de la propiedad Intelectual-'', organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones el Acceso la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL).

El CERTAL dice estar orientado hacia la defensa de la libertad de expresión. Está patrocinado por cámaras y empresas, por ejemplo: Personal, Telecom, Viacom, ATA (Asociación de Televisoras Argentinas), ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), Cablevisión, Direct TV, etc.

La cumbre de Miami 2012 tuvo por objeto “el análisis, investigación del mercado de las telecomunicaciones, de la industria de medios audiovisuales y el desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina y en el mundo” y estuvo dirigida a “políticos, magistrados, CEOs, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual, quienes debatirán sobre las leyes y su aplicación, defensa de la libertad de expresión y el desarrollo de la Sociedad de la Información en América Latina”[5]. La presencia de jueces argentinos -uno de ellos con intervención en una causa atinente al grupo Clarín- tuvo repercusiones periodísticas[6].

La agenda colonial

En el buscador en cuestión mencionado al comienzo, la palabra “terrorismo” aparece 38 veces.

En cambio, no hay seminarios ni conferencias relacionados con las palabras: vivienda, hambre, desocupación. violencia, deforestación, evasión tributaria, paraísos fiscales, vulnerables, pueblos originarios, calentamiento global, descolonización, patriarcado (la voz “femicidio” aparece sólo en 7 oportunidades), lawfare, fuga de capitales.

Si bien no puede ser dicho que no haya habido jueces interesados en temas como los delitos de lesa humanidad o los derechos humanos, la verdad es que su incidencia es menor frente al aluvión de temas que no deberían estar en los primeros lugares de una agenda propia del poder judicial argentino.

¿No debería haber una justificación detallada y fundada del carácter académico del evento al que se asiste? ¿No debería haber una “rendición de cuentas” de los contenidos del evento, sus auspiciantes, sus participantes? La sociedad está pagando excursiones de sus jueces a distintos lugares del mundo, y en muchos casos ello estará justificado, porque ciertamente toda evolución se sigue del diálogo intercultural, del intercambio, pero el recorrido de los viajes judiciales deja un sabor amargo como el que se siente ante los congresos médicos en fastuosos hoteles organizados por grandes laboratorios en balnearios caribeños.

¿No es un deber del Poder Judicial alentar (mediante licencias con goce de sueldo) solamente los viajes enteramente focalizados en el intercambio académico en temas de interés de la sociedad argentina? ¿No le incumbe al Poder Judicial desalentar los viajes propiciados por embajadas, que parecen más bien tener la intención de modelar los criterios de nuestros jueces que provocar un franco y leal intercambio paritario?

Sentencia mata ley

Por último, hay que abordar el papel de las “capacitaciones” de magistrados en el marco del lawfare: “Desde principios del siglo XXI (los EE.UU.) comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial (…) se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza 'continental' -imperio de la ley escrita- previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial –‘commonlaw’ estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisión constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constitución, proceden a darle una nueva redacción actuando como una segunda y definitiva cámara legislativa (…).

El plan diseñado para la expansión del lawfare ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los inmoviliza políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente. El poder judicial (…) se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales. La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina (…) El lawfare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina”[7].

La “docencia” a los jueces en favor del sistema anglosajón basado en el “precedente” en desmedro de nuestro sistema continental basado en la ley puede ser leído como un menosprecio hacia el poder legislativo (donde reside y se expresa la soberanía popular). Un dispositivo contra mayoritario, que desmorona el criterio según el cual “la misión más delicada del Poder Judicial es la de mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que aquellos deben adoptar”, y una cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad. En esta otra visión diseñada para la región, la pluma de un juez podría echar por tierra medidas trascendentales adoptadas por los representantes democráticamente elegidos.

Como resultado de tanta “capacitación”, hoy la colega Natalia Salvo denuncia una suerte de “dictadura judicial” con jueces que asumen el papel de líderes políticos al tiempo que transgreden la división de poderes, y hasta el Papa Francisco habla de “órganos judiciales colonizados”.

El notable y agudo desprestigio de la Justicia puede y debe ser corregido, pero nada parece posible sin cambios profundos que pongan distancia entre el Poder Judicial y los poderes fácticos reinantes.

Sobre todo, como diría Zaffaroni, sin una profunda descolonización.

Algunas de las ideas vertidas en esta nota, nacieron en 2020, en medio de la pandemia, en ocasión de un conversatorio virtual en el que participé con las Doctoras Cristina Caamaño y Silvina Prado organizado por la asociación “Nace un Derecho”. Con posterioridad, el trabajo (titulado “Cortafuegos entre el poder económico y la Justicia”) fue ganando volumen y difusión, aunque permanece inédito en su gran mayoría. He aquí un resumen de un capítulo de aquella obra.

[1] https://www.csis.org/programs/americas-program/argentina-us-strategic-forum

[2] http://www.legislaturachaco.gov.ar/sitio/noticia.php?not_id=1300#.X6vLUcgzbIU

[3] https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-302865-2016-06-28.html

[4] https://www.amcham.com.ar/la-camara/

[7] Romero, Enrique S., El 'lawfare': guerra jurídica contra la democracia, artículo fue publicado originalmente en el diario.es >> www.eldiario.es/tribunaabierta/lawfare-guerra-juridica-democracia_6_806029406.html; actualmente puede ser consultado en:

https://www.telesurtv.net/opinion/El-lawfare-guerra-juridica-contra-la-democracia-20180822-0010.html